El ex vicepresidente y senador de Cambiemos Julio Cobos se adelantó a Laura Alonso y presentó su propio proyecto para manejar los conflictos de intereses. El radical primereó de esta forma a la secretaria de Lucha contra la Corrupción, que está desde hace semanas –desde el inicio del escándalo del Correo Argentino– elaborando una propuesta para manejar futuros casos. En el proyecto de Cobos, se plantea que se cree una Oficina de Conflictos de Intereses, para analizar los casos y un registro de las actividades que realizan en la que deberán inscribirse los funcionarios. Cobos aseguró que lo hizo para “dar transparencia y prevenir conflictos de intereses en la gestión de los funcionarios”.

Con su proyecto, Cobos se adelantó a los “dos decretos” que el presidente Mauricio Macri sostuvo en la apertura de sesiones que firmaría para darle un marco a los conflictos de intereses. El senador radical pareció no estar demasiado contento con el tiempo que se estaban tomando en la oficina de Alonso y presentó su propia versión: ya no un decreto presidencial, sino una ley del Congreso. En el mensaje inicial, Cobos destacó que “los conflictos de intereses se han convertido en una preocupación recurrente en nuestro país. Tener conflictos de intereses en el sector público no es negativo per se, pero el manejo equivocado de éstos es la principal fuente de conductas irregulares que atentan contra la integridad pública, los procesos de deliberación y toma de decisiones públicas orientados por intereses generales, y en última instancia, la confianza en las gestión de los funcionarios”.

“Los ciudadanos esperan que las autoridades cumplan sus funciones públicas de manera íntegra, justa e imparcial, siempre preservando el interés general”, recordó Cobos, quien advirtió que “los intereses privados de los funcionarios no deben incidir, ni parecer que incidiera, en sus decisiones, incluso con posterioridad a su cese en la función y por un plazo de dos años. En suma, las disposiciones de la regulación que se propicia persiguen prevenir el peligro de captura de las decisiones públicas por intereses particulares e inhibir la utilización de información reservada y privilegiada”.

En el texto del proyecto, Cobos propuso crear una Oficina de Conflictos de Intereses, que se ocupará de detectarlos tempranamente y de obligar a los funcionarios a abstenerse de intervenir en áreas en las que puedan tener intereses personales, familiares o de litigios pendientes. Para esto, los funcionarios estarán obligados a informar a esa oficina todas sus actividades privadas. También establece incompatibilidades para ejercer cargos, limitaciones al ejercicio de la actividad privada en el área en la que tuvieron un cargo público por los dos años posteriores a la finalización de su desempeño en el Gobierno. Tampoco podrán ser por ese mismo período contratistas del Estado.