¿Cree usted que el Estado debe tomar el control de la producción y la distribución de los bienes esenciales si los empresarios especulan con los precios? Es una pregunta disruptiva. Va contra el sentido común que ha implantado durante años el discurso dominante en los medios de comunicación. Son cosas que no se pueden hacer. Ni siquiera sugerir como debate. Que el Estado intervenga empresas, que asuma la responsabilidad de la producción de alimentos, que se ocupe de garantizar la provisión de electricidad, gas y remedios. Sin embargo, hay una gran sorpresa. La crisis del coronavirus parece que está haciendo posible lo que hasta hace un mes era imposible: está cambiando el sentido común.

El 82 por ciento de los que contestaron aquella pregunta dijeron que sí, que están de acuerdo o muy de acuerdo con que el Estado tome el control de la producción y la distribución de bienes esenciales si los empresarios especulan con los precios. Fue esta semana, en un relevamiento nacional de la consultora Analogías. El estudio es amplio, incluye todo tipo de preguntas sobre la imagen del Gobierno, de Alberto Fernández, de las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria, del temor a la pandemia, del cumplimiento de la cuarentena. Pero el capítulo más novedoso por lo que revela como ruptura de un marco conceptual muy instalado en la sociedad, o al menos eso parecía, es el referido a la economía.

El 58,8 por ciento de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo con la intervención pública frente al poder económico que especula en medio de la conmoción por el Covid-19. Que asuma el control y la producción de bienes esenciales. El 23,3 por ciento dijo que está de acuerdo, por lo que un 82,1 por ciento apoyaría esa política. Es un giro abrupto en la forma de entender el combate a la inflación. Ya no entra el discurso de que el problema es la emisión monetaria, que le dan mucho a la maquinita, que hay exceso de gasto público o déficit fiscal. El reclamo es que el Estado intervenga y que, si hace falta, tome el control de la producción y distribución de bienes esenciales. “Nacionalícese”, como decía Hugo Chávez.

Tal vez una de las razones sea el espanto que provoca la estampida de algunos precios. Por ejemplo, en diez días un paquete de 60 pañales de una marca líder pasó de 1200 pesos en una gran cadena de supermercados nacional a 1890 pesos. Solo ahí se van 690 pesos de la duplicación de la Asignación Universal por Hijo que dispuso el Gobierno como medida de emergencia, de 3103 a 6206 pesos.

La alteración de las condiciones es tal que una medida como la imposición de precios máximos para 2000 productos de consumo masivo, que en otros tiempos hubiera puesto en pie de guerra al establishment y sus ejércitos mediáticos, ahora pasó desapercibida y es interpretada como lógica y necesaria por la mayoría. Eso no significa que el establishment la acepte, sino que es una señal de que está perdiendo la pulseada por la interpretación de la realidad.

La comprensión de que el Gobierno hizo bien en tomar medidas drásticas para enfrentar el coronavirus se trasladó al terreno económico con la aceptación de un fuerte intervencionismo estatal como única acción de defensa ante la crisis. Nadie espera nada del mercado ni supone que pueda dar respuesta a una coyuntura tan agobiante con sus reglas habituales. Aerolíneas Argentinas, la Anses, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Productivo son visualizados como rescatistas en la pandemia.

Por el contrario, la percepción general es que los empresarios están especulando con los precios. Así surge del estudio de Analogías. Lo cree el 87,1 por ciento de los 2308 encuestados por la consultora el 23 de marzo en todo el país, a través de la técnica de entrevistas telefónicas en formato IVR. El 64,6 por ciento dijo que los empresarios “están especulando mucho”, en tanto que el 22,5 respondió “bastante”.

La conclusión que sacó el estudio de Analogías sobre el set de preguntas económicas es la siguiente: “En un marco de excepción aparecen de manera nítida las opiniones mayoritarias acerca de la centralidad del rol del Estado”. La ciudadanía expresa “la necesidad de que intervenga en el control de actividades estratégicas para la población”. Asimismo, resalta que “hay un gran acuerdo sobre implementar políticas novedosas y arriesgadas, como también posponer todos los pagos de deuda externa”.

El 81,9 por ciento dijo que no hay que pagar la deuda “hasta nuevo aviso”. El 71,4 por ciento consideró que el Gobierno debe tomar “medidas audaces y arriesgadas” en respuesta a la crisis. El 81,8 apoyó los subsidios a sectores vulnerables.

“El liberalismo conservador está asustado no por las consecuencias económicas de la crisis en los márgenes de rentabilidad. Tiene miedo a la pérdida del control social. Por eso Donald Trump y Boris Johnson no querían parar la economía. De esta crisis el mundo no sale igual que como entró, porque es una crisis muy profunda”, sostiene Roberto Feletti, ex viceministro de Economía. En un artículo que escribió recientemente, explicó que “el enorme esfuerzo logístico que entraña sostener a un país en cuarentena no puede ser garantizado nunca con la asignación de recursos que hace el mercado en función de la tasa de beneficio”. Eso trastoca estructuras profundas en la organización social y es lo que aparece reflejado en el sondeo de Analogías.

Un concepto que emerge con fuerza es que los ciudadanos tienen derecho a disponer de ingresos y bienes esenciales. No importa su condición social. “Se empieza a desvincular la idea de que para garantizar un piso de bienestar haya que ser un empleado formal. En medio de la crisis todos se ven en riesgo y piden que el Estado cubra necesidades básicas. Es un salto cualitativo. Por eso los conservadores están reaccionarios”, analiza Feletti.

El ex viceministro no descarta que el Gobierno constituya un comité de crisis, con la participación de distintos ministerios, y dirija desde allí la cuestión del abastecimiento, los precios, el sostenimiento de las empresas y el empleo. “El abastecimiento esencial de energía, alimentos, indumentaria y vivienda no puede estar condicionado durante la cuarentena por el acceso de ingresos a las familias, porque una porción importante de éstos habrán menguado o desaparecido con la inactividad económica”, advierte en su artículo, que tituló “Ya nada es amigable”.

Entre los empresarios pymes hay pánico por lo que pueda pasar y también reclaman un salvataje estatal generalizado. Son muchos los que dicen que no podrán sostener sus planteles de trabajadores si la inactividad se prolonga mucho tiempo, como se ven venir. Los voceros del establishment, en cambio, empiezan a querer instalar que habrá que levantar la cuarentena. No la tienen fácil. Hoy no es ese el sentido común.