Desde Córdoba


“En cana y sin auto”. Así definieron los cordobeses el alerta que se pasaron unos a otros por las redes el viernes a media mañana, ni bien se dio a conocer por los medios la noticia que copó el día en la provincia mediterránea. Desde ahora no sólo serán detenidos quienes rompan la cuarentena; además, a los automovilistas que se los pesque en flagrancia se les quitará el vehículo.

La municipalidad local, liderada por el intendente de Unión por Córdoba Martín Llaryora, puso ayer a sus inspectores de tránsito en unos veinte retenes que controlaron si los que conducían los autos, motos o camiones tenían o no autorización para estar en la calle durante la cuarentena que ordenó el presidente Alberto Fernández para combatir la pandemia del Coronavirus.

El jefe comunal puso así en marcha la orden del procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que mandó a los fiscales federales a decomisar a los infractores. Según explicaron los fiscales Maximiliano Hairabedián y Carlos Gonella, se trata de hacer cumplir el artículo 23 del Código Penal, que ordena “el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho” a favor del Estado. Hairabedián fue claro: “quien incumpla la cuarentena dispuesta por el Gobierno y circule con su vehículo sin justificación, corre el riesgo de perderlo para siempre”. Las palabras calaron de inmediato en la población que –un par de horas después- guardó sus vehículos hasta nuevo aviso. Los que no están autorizados ni forman parte de los trabajadores de servicios esenciales, no pueden salir a las calles. Ni a pie, ni en auto.

Desde la municipalidad refrendaron el procedimiento: los retenes (veinte hasta ayer) aprehenden al infractor; la policía se lo lleva preso y los inspectores de tránsito trasladan el vehículo con grúa hasta el corralón, donde quedaría hasta que se termine el proceso judicial. Si el infractor es considerado culpable, se le quita la titularidad del auto, moto o camión en el cual cometió el delito de violar la cuarentena.

La iniciativa de Casal, al menos en Córdoba, pareció asestar un golpe efectivo a la desobediencia sobre ruedas: en el horario pico de regreso a casa de los viernes, las principales avenidas estaban casi desiertas. En el inédito silencio se escuchaban uno que otro coche y el ladrido de los perros en una tarde fresca y de nubes tormentosas. Por la avenida Colón (la 9 de julio cordobesa) sólo pasaban ómnibus con pocos pasajeros que, vistos desde la vereda, y por el barbijo que los uniforma, parecían extras de una película clase B. Los autos policiales o los agentes en moto, más los servicios de salud y emergencias, fueron los dueños de las calles. Cada dos cuadras hay guardias policiales que controlan a los que salen a hacer las compras o a pasear a sus perros.

Martín D., de 32 años, le narró a esta cronista su extrañeza porque “el miércoles un cana no me creyó que iba a la panadería, me acompañó y después me siguió hasta mi casa –en el barrio Cerro de Las Rosas-. Se fue cuando me vio entrar”. El joven es padre de dos hijas y con su compañera está esperando el nacimiento de un bebé para mayo. “Qué tiempo tan difícil para nacer… Tenemos miedo, pero nos dijeron que a los bebés y a las embarazadas no los ataca”.

Son días extraños en que ir a comprar el pan se ha convertido en una situación para la que uno se abisma, el cuerpo tenso, tratando de no tocarse la cara "23 veces por minuto", como repiten en los mercaditos donde ofrecen alcohol en gel en cada mostrador. La primera semana de veda “dura” dejó más de 2.370 detenidos y –hasta ayer- 53 personas contagiadas con el coronavirus en Córdoba, ninguna de origen local.