El Tribunal Criminal 1 de Necochea rompió ayer los moldes y dispuso que los presos de los penales de Batán y Barker están autorizados a utilizar celular. La situación de comunicación en todos los establecimientos, tanto del Servicio Penitenciario Bonaerense como del Federal, atraviesa un momento dramático: los familiares no pueden visitar a los presos, tampoco hay forma de hacerles llegar las tradicionales tarjetas telefónicas y el aislamiento total, junto a las condiciones de hacinamiento, aumentaron la tensión en las cárceles. La resolución del tribunal de Necochea podría extenderse a otros penales y, además, tuvo aspectos llamativos: tiene el acuerdo de los funcionarios penitenciarios bonaerenses y de los fiscales del distrito. El próximo lunes, también la Casación bonaerense, a partir del juez Víctor Violini, tomaría una decisión similar, pero que regiría para todos los institutos carcelarios bonaerenses, el mayor sistema penal argentino, con 51.000 internos. De todas maneras, la cuestión de fondo es que todavía no se definió si se implementarán excarcelaciones o prisiones domiciliarias que, como está ocurriendo en otros países, alivien la superpoblación y los peligros de contagio.
En los últimos días, la Comisión Provincial de la Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura vienen advirtiendo sobre la peligrosa e inhumana situación en los penales. Uno de los aspectos es la incomunicación y los cuadros de depresión y desesperación que empiezan a tener los internos porque no tienen visitas y porque no pueden hablar con sus hijos, padres y parejas. El aislamiento produce sospechas y paranoia sobre los que están afuera e indefectiblemente, tarde o temprano, producirá estallidos en algún establecimiento, porque además está instalado el temor al contagio.
La resolución del Tribunal Criminal de Necochea, con la firma de Mario Juliano, hace lugar a un habeas corpus colectivo presentado por la Defensoría General Departamental de ese distrito. El texto autoriza a los internos a tener celular, pero le da al Servicio Penitenciario la facultad de reglamentar el uso. Este viernes, se estaba trabajando en ese reglamento.
En el mismo texto, Juliano dispone que una vez que termine la situación de cuarentena, se realice una evaluación de las consecuencias de la medida, es decir habrá que tener en cuenta si hubo utilización de celulares para realizar secuestros extorsivos o amenazas a testigos, por lo que no se descarta que la medida siga vigente en el futuro.
En el sistema penitenciario bonaerense es un secreto a voces que los presos utilizan celulares, obviamente pagando un peaje a los penitenciarios. Es algo que sucede en casi todo el mundo. La autorización emanada del tribunal de Necochea legaliza una situación que ya existía pero incluso podría mejorar el control: el interno tendría que dar el número del celular, lo que permitiría rastrear una llamada extorsiva o de amenaza. Desde ya que eso no soluciona la existencia de celulares clandestinos que se usan para delinquir, pero eso ya viene sucediendo hasta ahora y es un problema que igualmente hay que abordar.
En La Plata, mientras tanto, el juez de Casación, Víctor Violini, recibió un pedido del defensor general, Mario Coroliano, y todo indica que el lunes también habilitará el uso de celulares en los penales. En ese caso, la resolución será para todas las cárceles de la Provincia de Buenos Aires. Está prevista una reunión virtual de Violini con Coroliano, el fiscal Carlos Altuve, y con el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak. En ese encuentro se definirán las características de la decisión.
Respecto de los penales federales, la primera alternativa que se maneja es la de repartir tarjetas telefónicas. En el ministerio de Justicia, a cargo de Marcela Losardo, se dice que el proceso ya está en marcha. En realidad, lo que correspondería es que las telefónicas liberen esos teléfonos por el tiempo de cuarentena y de restricción de visitas.
De todas maneras, las medidas respecto de las comunicaciones sólo mitigan uno de los aspectos que hacen estragos en las cárceles. El principal es el hacinamiento y el peligro de contagio. En el mundo entero se está recurriendo a las excarcelaciones y a las prisiones domiciliarias para descomprimir los penales dado que en una cárcel, para colmo superpoblada, no existe la menor chance de distanciamiento. Irán liberó a 70.000 presos; el Reino Unido mandaría a sus casas a 9000 y ayer el gobierno de Donald Trump instruyó a las autoridades penitenciarias para que recurran a la prisión domiciliaria para todos los presos en situación de riesgo.