Cuando el Presidente Alberto Fernández anunció el aislamiento social, preventivo y obligatorio dejó sentadas las bases sobre las que, desde el Gobierno Nacional, iba a ser abordado lo que el propio Presidente llamó el “problema de salud más grave que hemos tenido en nuestra vida democrática”, la pandemia de Covid 19.

La medida de aislamiento para toda la población fue excepcional y necesaria, aún en un contexto de crisis económica como el que atraviesa nuestro país y que exigía la máxima productividad de nuestro sistema económico, como podrían sugerir todas las variables de la economía. Sin embargo, el Presidente adoptó una decisión ponderada por la OMS por su rapidez, su audacia y su firmeza, considerándola adecuada para el propósito de ganar tiempo y aplanar la curva de contagios: el aislamiento social obligatorio.

En su mensaje, el Presidente también apeló a no entrar en pánico e hizo su parte para que esto no ocurriera: garantizó la provisión de alimentos, medicamentos y artículos de higiene y limpieza, adoptó medidas inmediatas tendientes a resolver las situaciones de las economías populares que se verían seriamente afectadas, contempló la situación los servicios esenciales, los inquilinos, el refuerzo del sistema de salud, las pymes y fue adoptando medidas en forma diaria para paliar los efectos de esta medida. 

Las democracias necesitan ciudadanos responsables, libres y autónomos, es decir, capaces de definir sus necesidades y exigir sus derechos; pero también de cumplir con sus obligaciones. Tanto para unos como para otros es imprescindible tener conciencia sobre nuestros derechos y obligaciones. Ejerciendo nuestros derechos y cumpliendo nuestras obligaciones es como vamos a superar este momento de crisis. 

Este ejercicio no es un ejercicio meramente individual, es un ejercicio colectivo que debe contemplar las particularidades y alojar la diversidad de situaciones. No es igual para todos quedarse en casa. Esta medida afecta en forma diferencial a la población, exige una conciencia colectiva que supere el mero temor al contagio -que como se ha visto, puede no significar un grave problema para la mayoría de las personas, pero puede ser muy grave para otras- y que se constituya en una estrategia de cuidado colectivo, para garantizar la atención de todas las personas que lo necesiten

Ser responsable es promover la tranquilidad de que hay un Estado presente y activo y que quedarse en casa es estar haciendo lo que hay que hacer. Ser responsable es promover estrategias de colaboración y solidaridad que, sin ponernos en riesgo, nos pongan en relación con los otros, aún cumpliendo con el aislamiento. Hemos visto proliferar en estos días muchas de estas solidaridades entre vecinos, dando cuenta que el lazo social no se corta aunque se decrete el aislamiento social. 

Sin embargo, y cuando los demás mecanismos no funcionan se aplicará el Código Penal en los casos que sea necesario. Sobre esto es importante destacar que no fue creada ninguna figura penal nueva para la situación. El Código vigente ya preveía sanciones para los incumplimientos de medidas de salubridad como la que actualmente rige. 

La función de la policía es fundamental, no para infundir el pánico ni distribuir el terror. Las fuerzas de seguridad deben minimizar el uso de la fuerza en esta situación, actuar en función de policía comunitaria, replicando y siendo consecuentes con el mensaje del Presidente. Más aún, frente al incumplimiento, se pretende que el sistema penal tenga un efecto disuasivo más que represivo. El valor de la función de las fuerzas de seguridad no se medirá por la cantidad de personas detenidas por infracciones, sino por la cantidad de personas que gracias a su acción disuasiva y si se quiere, hasta pedagógica, permanezcan en sus hogares. 

La pandemia nos enfrenta a una situación excepcional. Nunca antes se necesitó tanto al estado para salvaguardar la vida de cada argentino. Con el trabajo de nuestro Presidente, de todo un país y un sistema de cuidados comunitarios, vamos a salir adelante.

. Diputada Nacional del Frente de Todos, presidenta de la Comsión de Legislación Penal.