Cinco represores juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad solicitaron la prisión domiciliaria movidos por la pandmeia de coronavirus. Así lo reveló esta semana el fiscal de juicio de causas por terrorismo de estado Adolfo Villate. Se trata de Juan Daniel Amelong, Julio Fermoselle, Juan Andrés Cabrera, José Rubén LoFiego y Ernesto Vallejo. Para Gabriela Durruty, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos  "solamente ante una situación concreta y probada de riesgo sanitario en personas determinadas podría evaluarse un cambio de lugar de alojamiento, caso contrario solo nos encontramos ante una nueva forma de burlar los procesos de memoria, verdad y justicia. Sería importante que los jueces respeten el derecho de las víctimas a ser oídas, cosa que no se respeta en todos los casos en nuestra jurisdicción".

En los últimos días, la APDH Regional Rosario recibió notificaciones de parte del Poder Judicial, "por lo cual entendemos que se va a constituir en un patrón de conducta de las defensa de represores condenados por delitos de Lesa Humanidad, quienes están solicitando pedidos de prisiones domiciliarias. Es decir, de continuar con el cumplimento de sus condenas en la comodidad de sus hogares y no en la cárcel común como ordenan las distintas sentencias", señaló el organismo de derechos humanos a través de un comunicado.

Entre los genocidas condenados que solicitan regresar a sus hogares están, nada más y nada menos, que “El Ciego” Lofiego y Daniel Amelong, ambos con perpetuas. "Son solicitudes genéricas, que a nuestro entender, aprovechan la pandemia (COVID-19) que asola al mundo entero y buscan con esa situación burlar los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. Procesos que tanto nos ha costado construir junto a los y las sobrevivientes del Terrorismo de Estado y los distintos organismos de derechos humanos y cuya burla atenta contra la seguridad de toda la población que confió en la Justicia" destaca el texto.

Para la APDH, "en el presente contexto de emergencia sanitaria nacional, no se deben distraer recursos en estos pedidos, que debieran ser utilizados para las personas que más lo necesitan. Más aún teniendo en consideración las comodidades -absolutamente acordes y muy distintas a las de la población carcelaria general- con las que cuentan los condenados por delitos contra la humanidad en las unidades carcelarias".

El organismo considera que "les pueden garantizar seguridad sanitaria, por la restricción de visitas externas que disminuyen el contagio y por la capacidad para actuar con rapidez en caso de problemas de salud. Reiteramos: la cárcel sigue siendo el mejor lugar para los genocidas".

El equipo jurídico de la APDH ha contestado los diversos planteos oponiéndose a los mismos: “Sostenemos que es necesario que se haga un análisis particular, para evaluar si realmente procede el arresto domiciliario. Entendemos, que salvo riesgo probado en la salud de cada detenido, no puede resolverse una modificación de los regímenes de ejecución de la pena que burlen la obligación de cumplimiento efectivo de las condenas".