Integrantes de organismos de derechos humanos y otras organizaciones sociales pidieron al ministro de Seguridad de Salta, Juan Manuel Pulleiro, que informe "con carácter de urgencia", la cantidad de personas que están detenidas en cárceles del Servicio Penitenciario provincial y cuántas de ellas están dentro de los "grupos de riesgo" ante la pandemia del coronavirus Covid-19. Además, plantearon otras inquietudes tendientes a dar tranquilidad y disminuir "el nivel de ansiedad" de las personas privadas de la libertad y sus familiares.
Los organismos consideraron de "suma importancia contar con información pública certera y confiable". En cuanto al número de detenidos y la cantidad de ellos considerados en riesgo, sostuvieron que este conocimiento "colaborará sin lugar a dudas a poder articular medidas junto con los organismos del Estado provincial y nacional para preservar el derecho a la salud de las PPL y el personal de contacto, así como a llevar tranquilidad y calma a las PPL, sus familiares y allegados y evitar la espectacularización mediática de algunas situaciones".
En una nota presentada la noche del viernes último, la Asociación Pensamiento Penal, HIJOS Salta; las asociaciones de derechos humanos Lucrecia Barquet y Coca Gallardo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y dos comisionados del Comité Provincial de Prevención contra la Tortura pidieron al ministro de Seguridad que también difunda los "protocolos preventivos que se han activado en los lugares de detención dependientes del Servicio Penitenciario y los mecanismos de distribución de elementos de higiene".
En el mismo sentido, pidieron conocer las medidas tomadas para permitir que los familiares de los detenidos les puedan hacer llegar alimentos, elementos de higiene personal y de limpieza "para garantizar que las PPL (personas privadas de la libertad) puedan adoptar las recomendaciones del Ministerio de Salud para disminuir el riesgo de contagio".
Asimismo, destacaron la importancia de garantizar la comunicación de los detenidos con familiares, "más allá de la restricción de visitas, que el aislamiento preventivo obligatorio implica". Por eso sugirieron que se autorice el uso de teléfonos celulares (algo que ya se hizo en otras cárceles del país) o la habilitación de más líneas públicas gratuitas, en el entendimiento de que estas medidas "ayudarían a asegurar una comunicación más fluida y a disminuir los niveles de ansiedad e incertidumbre que hemos podido verificar en las comunicaciones mantenidas con PPL y sus familiares".
En ese sentido, los organismos ofrecieron su colaboración para "el establecimiento de instancias de diálogo colaborativo entre los diferentes actores en cada establecimiento: autoridades, PPL, organizaciones e instituciones con actuación y responsabilidad sobre la situación de las PPL, a fin de construir acuerdos que permitan dar el mejor tratamiento a esta situación extraordinaria que el avance de la pandemia nos presenta".
El pedido de representantes de los organismos de DDHH se hizo luego de que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) se contactara con los responsables de los poderes judiciales y ejecutivos de todas las provincias haciendo llegar sus recomendaciones, pidiendo informes y brindando colaboración para el tratamiento de la pandemia en los lugares de encierro.
Y se presentó también horas después de la visita del Fiscal Penal 6, Marcos Ezequiel Molinati, al penal de Villa las Rosas, en la ciudad de Salta. El fiscal constató que solo en esta cárcel hay 119 personas detenidas comprendidas en el grupo de riesgo.
Información del control de la cuarentena
Por otro lado, los organismos de DDHH pidieron al ministro Pulleiro que les informe "cual es el protocolo de actuación policial utilizado en caso de operativos de control de cumplimiento de la cuarentena, cuántas personas fueron detenidas en ese marco y en dónde son alojadas".
Indicaron que este pedido se hace con el propósito "de colaborar en brindar información precisa a la sociedad, para que, en el marco del respeto a la Constitución y al Estado de Derecho, instemos al cumplimiento efectivo de dichas medidas por parte de la ciudadanía en su conjunto".
La nota fue firmada por el abogado Martín Plaza, de la Asociación Pensamiento Penal; la abogada María José Castillo, de HIJOS Salta; Nora Leonard, de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet; Elena Rivero, de la Asociación de DDHH Coca Gallardo; el abogado Rodrigo Solá, director de la Maestría de DDHH de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y comisionado electo del Comité Provincial de Prevención contra la Tortura; Cristina Cobos, comisionada electa de este mismo Comité, y Bertha Lozano, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
