Respondiendo a la emergencia de falta de agua potable, y ante la ausencia de políticas sociales para pueblos aborígenes en la provincia de Salta, el gobernador Gustavo Sáenz, la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, y empresarios nacionales “pusieron en marcha el plan de abordaje integral con la inauguración de la primera de cuatro perforaciones que financia el sector privado”. Estas obras garantizarán el acceso al agua segura en puntos críticos del Chaco salteño. El Ejército Argentino (también respondiendo a la emergencia) realiza tareas de apoyo en la provincia, abasteciendo de agua a familias y al Hospital zonal. Esta emergencia social muestra que desde enero a la fecha fallecieron al menos doce niños pertenecientes a la etnia Wichi y un número mayor permanecían internados en el Hospital de Tartagal por desnutrición. Las muertes de estos niños se vinculan a la falta de una política aborigen en la provincia y con la violencia de las condiciones de vida que sufren los wichi en este contexto de economía neoliberal que contribuye a profundizar la pobreza y la exclusión de grupos poblacionales como los de la llanura del este salteño.
Aunque hay registros abundantes del estado nutricional y la situación de salud de los Wichi del este salteño a lo largo de los años, la inexistencia real de políticas para pueblos aborígenes, y, pese a proyectos y acciones formulados y puestos en marcha desde el estado provincial, nacional, de ONGs y de grupos de diversas adscripciones religiosas, señalo como inicio, la necesidad de lograr equidades en derechos humanos e implementar metodologías para responder a las razones por las cuales las comunidades wichí en particular viven estas situaciones de indefensión y ausencia de respeto a sus derechos fundamentales respecto del resto de la población provincial. Para ello propongo recurrir al modelo de tres ejes de inequidad en salud formulado por Tung, E. L., Cagney, K. A., Peek, M. E. et al (2017) que analiza las “conexiones íntimas entre raza, lugar y pobreza en disparidades en salud”, a fin de formular respuestas teóricas y prácticas con el conocimiento generado. Etnia, lugar y pobreza convergen dinámicamente para influir en la salud a través de contextos espaciales y prácticas culturales (Tung et al: 2017).
En la provincia de Salta viven 1.214.441 habitantes (INDEC: Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas, 2010), de los cuales la población urbana era en 2010 de 1.057.951 habitantes y la población rural, de 156,490. El total de población aborigen para Salta en 2010 fue de 299.794 personas, o sea el 7, 6% de la población provincial total. La población wichi provincial fue de 50.419 habitantes, de los cuales 25.513 eran varones y 24.906, mujeres y constituyeron el 5,3% de la población provincial (INDEC: 2010). La población wichi vive en la llanura del este salteño, una inhospitalaria región denominada Chaco salteño, atravesada por el Trópico de Capricornio, como por los ríos Pilcomayo y Bermejo, de clima semiárido y vegetación espinosa y altas temperaturas en los departamentos de Rivadavia, General San Martin y Orán, con registros de hasta 48°Celsius.
Algunas de las condiciones que se viven en las comunidades wichí son el hambre, la malnutrición y desnutrición crónica, la falta de agua potable (ya que el agua del Chaco salteño tiene niveles de arsénico que la hacen tóxica -Farfán y otros: INIQUI de la UNSa y Conicet: 2018), la falta de trabajo, pobreza extrema (pobreza como la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información - ONU), relocalizaciones forzadas y tensiones con los habitantes criollos, tutelajes políticos ajenos a sus prácticas culturales, políticas estatales de asimilación y /o integración*, enfermedades como la TBC, el dengue, la leishmaniosis, parasitosis diversas como geohelmintasis, etcétera, (Echazú Adriana et al: 2015), mal de Chagas, y estrés y perturbaciones en el sentimiento de identidad (Grinberg, L y G.: 1980) causadas por todo ello. Las relocalizaciones forzadas inciden en la pérdida de las prácticas culturales y de los recursos, también en los cambios dietarios forzosos redundando en malnutrición y desnutrición, y en gran medida en la pérdida de su organización social.
Inciden asimismo en la salud de los wichí la barrera lingüística y la discriminación, entendida esta última como el dar un trato diferente a una persona en función del grupo al que pertenece. Por otra parte, las comunidades chaqueñas rurales están lejos de los mercados y no figuran en los itinerarios turísticos. Los aborígenes sufren la falta crónica de dinero, la falta de transporte, de experiencias y posibilidades laborales como aquellos aborígenes que viven en las periferias urbanas o, como aquellos grupos con sistemas productivos relacionados a la agricultura en regiones fértiles. De lo antes enunciado surge un interrogante: ¿Aumentó la tasa de mortalidad infantil en las comunidades wichí en la provincia de Salta en este lustro? Una hipótesis para intentar responder a esta pregunta sería que al difundirse por los medios de comunicación masiva las noticias de los diversos casos de mortalidad y/o malnutrición en dichas comunidades, la población salteña y nacional, hasta internacional, se percatan de situaciones que vienen sucediendo en los últimos cuarenta años.
Importantes antecedentes a considerar en defensa de la situación aborigen son la Declaración de Derechos Humanos, la Constitución Nacional (1994) ya que la reforma constitucional de 1994 se plantea una política de reconocimiento de las poblaciones indígenas. También tenemos presente a la Constitución provincial (2003), que en su artículo 30 se refiere a la protección del medio ambiente y la defensa de la calidad de vida. Otra acción del Estado provincial destinada a la población aborigen fue la creación (14/12/2000) del ahora intervenido Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS, no diseñado por aborígenes, cuyas decisiones están supeditadas al Estado provincial). Sus objetivos de creación fueron: la promoción del desarrollo pleno del indígena y de sus comunidades, su integración en la vida provincial y nacional, respetando sus valores culturales propios, anulando toda forma de explotación, uso de la fuerza y coerción como forma de integración compulsiva; la adecuación de las políticas en educación, salud, vivienda y seguridad social y económica.
Extiendo el interrogante inicial a la ausencia de política aborigen desde el estado provincial y observo una relación de asimetría entre la ley suprema del país y de la provincia como de los objetivos de creación del IPPIS, y las realidades vividas por los wichí. Asimetría en el sentido del poder, del acceso al poder y del poder de autodeterminación, entendiendo “poder” en el clásico sentido de Max Weber de “poder” o la probabilidad de imponer la propia voluntad. Estas asimetrías se observan en el real ejercicio de los derechos y garantías fundamentales de los habitantes, pese a la real intencionalidad de tender a cambios para lograr situaciones de universalidad e igualdad de derechos a los ciudadanos en la provincia y el país.
Igualmente existen diversos antecedentes de investigaciones sobre diferentes aspectos de la realidad vivida e interpretada por los habitantes del este provincial en temas relevados, cito solamente unos pocos, tales como (censo poblacional aborigen, cambio cultural, educación y barrera lingüística) cultural, salud, relocalizaciones forzadas y sus impactos en la salud, como ya en el año 1978 Morón y otros (Proyecto Especial Multinacional OEA/ 018) concluían que: “Los escolares de la Zona Pilcomayo presentan un estado de desnutrición proteínico-calórica crónica, con predominio calórico, y carencias de vitaminas y minerales, que oscilan entre 26,3% y 48,9 %, según el parámetro utilizado.”
Retomando y utilizando la propuesta metodológica del modelo de tres ejes de inequidad en salud, etnia-lugar y pobreza, podríamos responder interrogantes acerca de los grupos wichi en cuanto a la igualdad de oportunidades, la inseguridad alimentaria, la situación socioeconómica y analizar cómo la percepción de discriminación racial (étnica) y la desconfianza en el sistema público de salud logran que eviten los controles hospitalarios y las medicinas de la salud pública. Grupos de investigadores en otros países se formulan interrogantes sobre los marcos teóricos como las estrategias para estudiar las causas de las inequidades en la salud pública en poblaciones aborígenes y analizan la situación demográfica, la situación de salud, los programas de salud para aborígenes y la precariedad de atención en salud pública en zonas rurales muy alejadas de los importantes centros urbanos.
La importancia social de este tipo de estudios es la que me lleva a proponer esta metodología de análisis en defensa de poder implementar mejoras sustanciales y concretas en salud pública para atención de poblaciones aborígenes y para la defensa de la calidad de vida de las poblaciones.
*Antropóloga Sociocultural. M.A.-Ph.D. (ABD) SUNY Binghamton
