La noche de este sábado se rompió la tranquilidad que supone una cuarentena, cuando el pueblo de General Pizarro decidió impedir el paso de siete colectivos. En los vehículos eran trasladados cerca de 400 trabajadores rurales para cosechar limones de la empresa La Moraleja. Los colectivos habían ido a buscarlo a distintos puntos de Salta e inclusive se sospecha que también había personas de otras provincias vecinas.

El sábado cerca de las 19 y tras conocer el recorrido de los colectivos (algunos de la empresa La Veloz del Norte, hoy en manos de grupo Derudder), habitantes del pueblo de Pizarro fueron hasta la entrada que da a la ruta provincial 5 para impedir el paso.

La información que tenían los pobladores era que dentro de los colectivos venían trabajadores de Formosa y Chaco, esta última, una provincia en la que ya se declaró la circulación comunitaria del COVID 19.

El paso de los colectivos en medio de una cuarentena sublevó a los integrantes de Pizarro, Burela y Apolinario Saravia. La reacción fue ante la presunta laxitud de los controles policiales al colectivo respecto de lo que sucede cuando se trata de la población. Y es que los colectivos pasaron en distintos puntos de control policial desde el norte provincial.

Fue al menos llamativa la falta de rigor de la Policía cuando se trató de estos colectivos. Sobre todo en comparación de lo acontecido con pobladores de comunidades wichí que se quisieron manifestar en Salta Capital antes de ser declarada la cuarentena. En aquella ocasión la Policía no los dejó pasar porque el colectivo en el que iban (similares a estos), no tenía los papeles suficientes para transitar.

Ante la pueblada, los colectivos quedaron estacionados a unos 9 kilómetros de Pizarro. El intendente Francisco Pérez, junto con los demás integrantes del Comité de Crisis decidieron que los trabajadores no iban a ingresar.

Según la información colectada por el medio digital La Mañana de Pizarro, el administrador de la finca, Jorge Galeano, adujo en todo momento que el traslado se enmarcaba en las excepciones dispuestas a la industria alimenticia por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que enmarca la cuarentena.

Sin control sanitario

Fuentes allegadas a la investigación que se inició en la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de Ricardo Toranzos, dijeron a Salta 12, que las personas que llegaron en los colectivos lo hicieron “sin control sanitario ni de procedencia”, por lo que la disposición fue evitar el ingreso de cualquiera de ellos. También se inició la investigación sobre la empresa y su decisión de transitar en esas condiciones aún en cuarentena.

Las afirmaciones que delinean la investigación no condicen con las palabras de los policías a la gente de Pizarro que se había convocado en la ruta. Según el video que se subió a las redes sociales, uno de los encargados del operativo policial afirmó que los trabajadores trasladados cumplían “con todos los requisitos: con certificado médico, con los de seguridad necesario y va cada uno sentado en un asiento”. Afirmaba además, que la decisión de no dejarlos pasar era para evitar un “enfrentamiento social”, con los pobladores anteños.

El intendente Pérez radicó una exposición ante la Policía. En el escrito hizo responsables a “la Justicia y La Moraleja SA de los pormenores que se pueda ocasionar en caso de que los transportistas y dueños de la empresa intenten pasar por el control apostado”. A ello agregó que el gerente de la empresa había sido notificado de lo dispuesto por el Comité de Crisis y “este nunca dio aviso del operativo que iba a realizar con el paso de gente del norte para trabajos de cosecha de limón, enterándose la gente del municipio por versiones de terceros”.

Ya en un acta en la que se transcribió la participación de distintos referentes de la comunidad surgen otras situaciones. La enfermera María Julia González sostuvo que “hoy (por el sábado), nosotros andamos de niñeros”, al agregar que “ya hubo casos de hantavirus en esa empresa y nadie hizo nada”. 

El acta sostiene que “el fiscal” (que se presume, es el fiscal provincial de Anta, Sergio Dantur), agregó que la razón por la cual traen a trabajadores que no son locales es porque “no se les está pagando lo que corresponde”. También “personal de APS (Atención Primaria de la Salud), expresó que “trajeron gente de afuera y dejaron sin trabajo a gente de acá, del territorio de Saravia (y), Luis Burela”. Denunciaron además que había dos profesionales de La Moraleja que habían ingresado pese a la cuarentena impuesta.

Se pudo conocer que uno de los que intercedió en la comunicación con el Ministerio Público Fiscal Federal fue el senador nacional Sergio Leavy por pedido del senador por Anta, Marcelo García.

Aunque se pidió alguna posición por parte de la provincia, no hubo respuestas. Mientras, se aproximan otros problemas con la cosecha de limón en el sur provincial más precisamente en El Galpón, del departamento Metán. Según se pudo saber, allí un empresario que debe cosechar el limón solicitó la salida de tres técnicos para poner en condiciones la maquinaria para la cosecha, pero no logra el permiso de salida.

Una empresa multifacética

La empresa La Moraleja, conocida por variopintas características, está ubicada en General Pizarro, Anta.

Uno de los sellos de La Moraleja tiene que ver con la producción de limón, utilizado como materia prima por la más importante fabricante de bebidas gaseosas del mundo. 

Desde una perspectiva menos apacible se la conoce por los desmontes generados en la zona, al punto que en algún momento las denuncias de la asociación ambientalista Greenpeace pusieron en peligro su posición como exportador de materia prima a la conocida marca multinacional. 

Otro dato no menor es que los Sanchís, padre e hijo, socios y fundadores de la empresa, fueron condenados a un año de prisión en el juicio conocido como caso Gürtel. En la causa se enjuició a miembros del Partido Popular (PP) de España por malversación de caudales públicos. Incluso en Argentina se abrió una causa para investigarlos por presunto lavado de activos.