“Poner plata en el bolsillo de los más necesitados” prometió el presidente Alberto Fernández desde la campaña. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) va en esa línea, se suma a otras medidas implementadas con antelación. Es tan súbito, atípico e inesperado como la pandemia y la consiguiente caída a pique de la economía.

Consiste en un pago único de diez mil pesos. Se solicita de modo personal pero se concederá tomando en cuenta la situación del grupo familiar: sus ingresos, condición laboral y patrimonio.

Los sujetos de este derecho transitorio (rige por un mes) aunque prorrogable a criterio del Poder Ejecutivo son:

· Quienes por su inserción laboral y la caída de la economía integran un grupo familiar sin ingresos fijos. Solo puede pedirlo una persona por grupo familiar.

· Los perceptores de Asignación Universal por Hijo (AUH) sumarán el IFE a su mensualidad.

· Las trabajadoras de casas particulares capacitan para cobrarlo, a condición de que no haya otros ingresos en el grupo familiar.

El universo posible de trabajadores concernidos abarca a monotributistas A y B.

También, especialmente, a los informales, inactivos o desempleados. El conjunto, súper masivo, sobre el que hay menos datos oficiales. “Inasible” describe uno de los funcionarios que elaboró el DNU.

La informalidad, evasión patronal, es oscura. Las changas se consiguen y se cobran de modo intermitente, son cruelmente procíclicas.

El reconocimiento de la condición de trabajador a informales o desocupados constituyó un avance de la cultura político-sindical argentina. Logro que no alcanza para cuantificar a los que están afuera o en los bordes del sistema de protección social.

El salvavidas de emergencia se anunció el lunes pasado. La preinscripción, ya en marcha, termina el martes 2. En esta semana cobrarán parte de los beneficiarios. Otros lo harán durante la primera quincena de abril. Un combo de récords. Más rápido no se puede imaginar.

Se anotó automáticamente a quienes reciben la AUH, cobrarán con su próxima mensualidad. Los demás tienen que peticionar, llenando un formulario simple que se tramita por Internet, sin mediaciones.

El Gobierno estimó que terminarán cobrando la IFE 3.700.000 personas aproximadamente. De ellas 1.600.000 no están cubiertos por la AUH.

El número de preinscriptos supera raudamente dicha ponderación. Al mediodía de ayer trepaba a 5.300.000 y restaban más de dos días para el cierre.

En el órgano de aplicación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), suponen que los primeros cruces de información achicarán la masa de demandantes. Un caso arquetípico sería que se presentaran dos o más personas de un mismo grupo familiar. Una, por lo menos, no reúne los requisitos.

Cruces de datos con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central, Migraciones, entre otras oficinas públicas, podrían detectar a quienes trabajan en relación de dependencia, perciben jubilaciones. O cuentan con “un ingreso, patrimonio importante o rentas financieras”. Todo se investiga, de nuevo, sobre el grupo familiar no sobre el ciudadano peticionante.

La reglamentación y la gestión de los pedidos precisarán qué se tipifica como “patrimonio importante”. Autos de escasa antigüedad o alto valor, bienes inmuebles, viajes al exterior (de sencilla verificación) pueden ser algunos ejemplos.

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Contabilizar lo oculto: ¿Cómo se contabiliza lo oculto, aquello que la jerga llama “trabajo en negro”? Queda fuera de la registración laboral o previsional, desde luego. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) funcionó como fuente principal para simular el alcance del IFE. Es creíble pero cuenta con una limitación, un sesgo: censa solo los conglomerados urbanos más importantes. Para el resto, una fracción menor pero no irrelevante, se utilizan proyecciones.

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Los informales, desempleados e inactivos se empadronarán voluntariamente auto definiendo su condición. Acaso por primera vez.

Más allá de eventuales errores o distorsiones se dispondrá de información (muy superior a la disponible hoy en día) sobre millones de trabajadores no registrados. Nombres, domicilios, conformación del grupo familiar, casilla de mail, número de celular. El IFE suministrará una radiografía del mundo de los desocupados, los informales y de quienes no trabajan en relación de dependencia, con ingresos bajos y fluctuantes.

La APP del ministerio de Salud para prevenir el corona virus auto examinándose añadirá data similar.

Como consecuencia colateral de las medidas urgentes de crisis el Estado aggiorna sus registros, acopia “Big Data” que servirá para acciones futuras.

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Cobertura, vigencia: Los monotributistas podrán acogerse al beneficio si comprueban haber quedado desamparados por la catástrofe económica. El IFE aspira a aliviar a los trabajadores más desvalidos y a sectores de clase media: comerciantes que no pueden abrir sus negocios, los profesionales autónomos que no pueden atender a pacientes, siguen las firmas. Si los funcionarios implicados aciertan en el pronóstico la inversión total treparía a 36 mil millones de pesos. Sin ánimo de ser agorero, si en abril persisten las condiciones adversas es más que factible que la IFE se prorrogue en mayo.

La manta, original e improvisada, quedará corta. Cabe imaginar a ciudadanos malquistados por haber quedado afuera de esta cobertura. Seguramente el Gobierno pensará algún otro mecanismo de transferencia de ingresos. En esta etapa lo suyo es aliviar las necesidades más apremiantes de un abanico social cada vez más extendido.

Hay que meter plata, es la consigna oficial. La cautela inicial, la atención a los equilibrios fiscales quedó en la prehistoria del mandato de Alberto Fernández, hará cosa de un mes.

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La velocidad como virtud: El IFE es una creación autóctona. Distinta a un seguro de desempleo que es un subsidio por un lapso mayor. En la Argentina solo se aplica a trabajadores despedidos. En la actualidad hay contados casos, la mensualidad es baja.

Hijo de la necesidad y la urgencia, el IFE se suma a otras medidas de transferencias directas de ingresos. Están de moda en el mundo, como jamás antes.

La AUH es un ingreso ciudadano, derecho universal, puesto en cabeza de los hijos menores de edad. Está en vigencia desde hace más de una década, sus requisitos son sencillos y claros.

Tanto la AUH cuanto la tarjeta alimentaria puesta en práctica por el Gobierno son acciones perdurables, prolijas. Certero el universo de beneficiarios.

La virtud del IFE finca en su celeridad, en el afán de llegar a toda velocidad para subsanar carencias acuciantes. No es perfecto pero tiene el encanto de lo imprescindible. Nada sugiere que sea la última acción de alivio que disponga-urda-invente un Gobierno que se reseteó, tal vez para siempre, desde que la peste comenzó a hacer estragos en la salud y en la economía.

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