Organismos que integran la Mesa de Derechos Humanos de Salta hicieron público ayer un comunicado en el que reclaman a Gobierno Nacional y al gobierno de Salta que la pandemia del coronavirus Covid-19 "no se convierta en pretexto para el abandono de los pueblos originarios". Exigió que no se dejen de atender las necesidades de estas personas, particularmente las del Pueblo Wichí, en el norte salteño, donde siguen muriendo niños por causas derivadas de la malnutrición y la desnutrición. 

Tal es la gravedad de la situación, sostuvo la Mesa, que se está "ante un cuadro de genocidio", con el agravante de que los responsables de revertir el estado de cosas no están actuando a la altura de las circunstancias. 

"En lo que va del año ya van 13 muertes, y (de éstas) tres niños murieron en la última semana. Se suman a una larga lista que se acrecienta año tras año", sostuvo la Mesa antes de enfatizar que se trata de una "tragedia" que "no se remedia con llevarles un poco de agua y alimentos y hacer grandes anuncios de obras con la respectiva foto marketinera en el diario cada vez que estalla el escándalo porque los niños empiezan a morir". 

Ésas son, afirmó la Mesa, "medidas superficiales y absolutamente insuficientes porque no atacan el verdadero problema: la pobreza estructural en que están hundidas las comunidades originarias y que es producto de las políticas aplicadas por los gobiernos que no sólo las abandonaron, sino que las desalojaron de sus tierras condenándolas al hambre y a la muerte".

La Mesa recordó que "Salta es una de las tres provincias que histórica y sistemáticamente violaron los derechos indígenas", donde, según datos oficiales, entre 1998 y 2018 se deforestaron 1.425.493 hectáreas. "Para hacerlo crearon un sistema de amenazas, persecución y represión".

La organización de DDHH responsabilizó por esto a "los sucesivos gobernantes que, en complicidad con terratenientes, empresarios y el aparato judicial y represivo conformaron un aceitado mecanismo para el despojo y usurpación de las tierras comunitarias". Éstos son "los mismos que permiten los desmontes ilegales practicados por la agroindustria que destruyen los bosques, que los dejan sin agua y alimentos, que transforman sus territorios en desiertos y causan desastres como las inundaciones que los pobladores del Chaco (salteño) sufren año tras año".

"Estamos ante un cuadro de genocidio y los responsables son tan impunes que después salen en la televisión asegurando que 'el dolor por los pobres niños' no los deja dormir", enfatizó la Mesa. Como ejemplo de estos responsables puso al ex gobernador Juan Manuel Urtubey, "quien autorizó la deforestación de zonas protegidas por la Ley de Bosques". Señaló en este sentido que varias de las comunidades más castigadas viven en la zona desmontada en el marco de las recategorizaciones para desmontar que el ex mandatario "concedió a sus amiguitos, como Alejandro Peña Braun. Y, según informes de Nación, en los 32 predios 'recategorizados', entre 2009 y 2017 se perdieron 44.767 hectáreas de bosque nativo", aseguró la organización.

"Mientras tanto, los niños siguen muriendo, siguen engrosando las estadísticas, y esta barbarie no se detendrá a menos que el actual Gobierno Nacional y el provincial estén dispuestos a dejar de ser cómplices y socios de los empresarios capitalistas. Pero eso es algo que todavía está por verse", retó la Mesa.

Insistió en que los pueblos indígenas "necesitan urgentemente soluciones de fondo, no parches y paliativos". Por esto exigió que "se destinen todos los recursos necesarios, que se los provea de caminos y viviendas, escuelas y maestros, centros de salud bien equipados y médicos de todas las especialidades, alimentos y agua potable para el 100% de las comunidades".

Asimismo, reclamó que el Estado "inmediatamente ponga fin a la represión y la violencia que se ejerce sobre ellos, con la complicidad de la 'Justicia' y la Policía, cuando se resisten a ser despojados de sus tierras por terratenientes y sojeros que los envenenan con agrotóxicos".

También, que "se ponga fin a los desmontes y a la violación de la Ley de Bosques que los priva de sus medios de supervivencia y los condena a perecer", y que el Estado argentino "ponga fin a siglos de violencia y abandono y cumpla con su obligación de garantizar y proteger los derechos humanos de los pueblos originarios".