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En una nota enviada ayer al ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció más de una decena de casos de violencia policial que relevó, a partir de su labor de monitoreo como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. "No hay urgencia, no hay situación excepcional, ni aislamiento obligatorio, ni siquiera el estado de sitio que justifique la tortura y los malos tratos de parte de las fuerzas de seguridad", dijo a Página12 Roberto Cipriano García, secretario de la CPM.
En el informe de 51 páginas, al que accedió PáginaI12, firmado todos los directivos de la CPM constan las imágenes de cada caso, entre ellas el video del policía "retando" a jóvenes en la comisaría que causó risas en las redes sociales.
"El ministerio debe prevenir estableciendo protocolos claros de intervención para las fuerzas de seguridad, ordenar claramente que cesen estas prácticas y también debe investigar estos casos y sancionar a los responsables, para no profundizar la conflictividad social es muy importante que las fuerzas de seguridad respeten los derechos y entiendan la complejidad social que implica que mucha gente necesita estar en la calle para sobrevivir", agregó García en diálogo con este diario en referencia al informe que presentó hoy la CPM al ministerio de Seguridad y a la dirección de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense con más cuarenta casos de violaciones a los derechos humanos.
"Son personas de la economía informal, trapitos, cuidacoches, cartoneros, que si no salen a la calle no comen. Esto debe ser entendido por el gobierno y se deben generar mecanismos que resuelvan estas situaciones desde la contención social y el acompañamiento del Estado y no desde la represión estatal", completó Cipriano García.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) relevó durante los últimos 15 días hechos de violencia policial en la provincia de Buenos Aires —que afectaron al menos a 40 víctimas— en el marco del despliegue territorial de las fuerzas para el cumplimiento de la medida de aislamiento social. Algunos de estos hechos tuvieron ya difusión pública, otros fueron denunciados en las redes sociales y ante los equipos de la CPM. Estos casos, que se presentaron en una nota enviada al Ministerio de Seguridad bonaerense, son apenas una muestra pero evidencian un rasgo de sistematicidad en estas prácticas.
Uno de esos episodios, que tuvo repercusión en los medios, ocurrió en Isidro Casanova, La Matanza: agentes de la Policía Bonaerense obligaron a seis jóvenes a hacer saltos de rana y flexiones, después los hacen cantar el himno. Durante los seis minutos que dura el video, los policías repiten amenazas con un tono aleccionador. Otro de los hechos ocurrió durante la noche del 23 de marzo en Altos de San Lorenzo, La Plata: un joven estaba en la vereda intercambiando alimentos con un vecino, cuando escucha el grito amenazante de la policía para que se meta adentro, unos 20 efectivos ingresaron al domicilio sin orden judicial disparando con balas de gomas y propinando golpes a los habitantes. El joven y su hermano de 16 años fueron detenidos.
La CPM también advirtió sobre otras prácticas de violencia como hostigamiento y amenazas desde los patrulleros, persecuciones por parte de policías motorizados y armados, traslados ilegales a las comisarías. En todos los hechos, se observa un uso desproporcionado e irracional de la fuerza.
En la nota dirigida al ministro de seguridad Sergio Berni, la CPM remarcó que, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, “el Estado tiene atribuciones para limitar la libertad ambulatoria en la medida que esto no implique —como demuestran estos hechos— un cercenamiento ilegal o arbitrario de otros derechos tales como la vida, la integridad física, la salud”.
La CPM también señaló que, en todos los casos, se tratan de hechos ocurridos en barrios pobres y que las víctimas fueron en su gran mayoría niños, niñas y adolescentes o personas desocupadas o que deben circular para conseguir la comida diaria. En Bahía Blanca entre el 26 y 28 de marzo, 16 personas fueron agredidas, demoradas o detenidas cuando circulaban en la calle por la necesidad de continuar con sus actividades laborales informales y precarias, tales como changas, limpiavidrios y cartoneo. Además de los ya mencionados, los hechos relevados corresponden a diversos barrios de los municipios de La Matanza, Lomas de Zamora, La Plata, Quilmes, General Pueyrredón, Dolores, Lobos, Bahía Blanca y Berisso.
La CPM advierte sobre la sistematicidad de las prácticas, que incluso exceden el territorio bonaerense, como muestran las imágenes tomadas en esta localidad de Córdoba.
Respecto de la situación en el país, Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) hizo su cuarto informe publicado por Agencia para la Libertad. El episodio más reciente lo vivieron una maestra y su hijo, quienes fueron golpeados y detenidos en un supermercado de Mendoza.
Hay otro rasgo que se evidencia en los hechos denunciados a nivel provincial, la filmación y difusión de las imágenes la realizan los propios agentes policiales. Es decir que, lejos de ocultar estas violaciones a derechos humanos, las escenifica buscando un efecto de adoctrinamiento no sólo respecto de las víctimas sino del resto de la población.
En función de esto, en las consideraciones realizadas al ministro de seguridad, la CPM reclamó que el Estado provincial imparta directivas claras a los funcionarios policiales y de fuerzas de seguridad, que se encuentran operando en su territorio, para evitar la repetición de estos hechos.
Con ese mismo fin, los funcionarios provinciales deben promover un control exhaustivo del desempeño policial. Esta medida debe incluir la difusión amplia entre la población de los canales habilitados para la realización de denuncias. Es recomendable también que se difunda a través de medios masivos de comunicación las atribuciones y prohibiciones específicas que tiene el personal policial en el desempeño de sus funciones en el marco de la emergencia.
A la par de estas medidas de prevención, el Estado Provincial debe promover la investigación inmediata y efectiva de los casos que se denunciaron —y se sigan denunciando—, procediendo a las sanciones administrativas que correspondan.
La situación de emergencia sanitaria por el coronavirus y la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio de ninguna manera habilita el uso irracional, desproporcionado e ilegal de la fuerza. Tal como está garantizado por la Constitución Nacional y tratados internacionales, la prohibición de la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes no puede ser derogada, incluso en circunstancias excepcionales y emergencia.
