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Una inédita cumbre virtual se produjo este lunes en La Plata para tratar la explosiva situación en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires. Participaron la casi totalidad de los ministros de la Corte Suprema bonaerense, la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Justicia, Julio Alak, el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermin, y el procurador Julio Conte Grand. Es decir los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el encuentro se acordó que el Poder Ejecutivo bonaerense va a elaborar en 48 horas un proyecto de reforma del Código Procesal para permitir excarcelaciones y prisiones domiciliarias, sobre todo para presos que cumplieron gran parte de sus condenas y que no hayan cometido delitos violentos. Al mismo tiempo, el juez de Casación, Víctor Violini, firmó este lunes una resolución que le autoriza a los presos de la Provincia de Buenos Aires a utilizar celulares en todos los penales del Servicio Penitenciario Bonaerense. Es que se afronta una situación en la que no hay visitas ni actividades educativas ni laborales en las penales, en un contexto de tremendo hacinamiento (ver aparte).
Como se sabe, en las cárceles y alcaidías bonaerenses hay actualmente unos 51.000 internos, cuando la capacidad está en 24.000, o sea que hay una superpoblación mayor al 110 por ciento, tal cual lo denunciaron la Comisión Provincial de la Memoria; el Centro de Estudios Legales y Sociales, y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. A esto se agrega que la estructura edilicia es mayormente antigua, incluso con penales construidos hace más de 100 años y no es un dato menor que cerca del 20 por ciento de la población carcelaria tiene factores de riesgo altísimos como la tuberculosis, el HIV y varios tipos de hepatitis. Todos esos factores, además de los presos de más de 60 años, las embarazadas y las mujeres con hijos, se conjugan para que exista un alto peligro de contagio del coronavirus.
En la cumbre virtual de La Plata, el ejecutivo bonaerense aportó las estadísticas de cuántos presos cumplieron el 90 por ciento de la pena, cuántos el 80 por ciento y cuántos el 70 por ciento. Esa lista podría cruzarse con el tipo de delito que cometieron, de manera que podría beneficiarse a quienes hayan cumplido con gran parte de la condena y no incurrieron en delitos violentos.
El hecho significativo es que los tres poderes bonaerenses, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, incluyendo al procurador, se pusieron de acuerdo en buscar una solución a la emergencia planteada por el virus. Una alternativa es el envío de un proyecto para que la Legislatura apruebe cambios en el Código Procesal en los artículos restrictivos de excarcelaciones y prisiones domiciliarias. La norma se parecería a la que se instrumentó en 2014 en el Código Procesal Penal Federal y que tuvo amplio consenso entre todos los partidos. La cuestión es que, de alguna manera, la Legislatura tendrá que buscar una forma de sesionar, ya sea virtualmente o mediante una excepción, pero Magario y Otermin fueron parte de la cumbre, de manera que quedaron en estudiar la instrumentación.
En el mundo entero se está recurriendo a las excarcelaciones y prisiones domiciliarias, con llamativas medidas en países de tradición punitiva como Estados Unidos o el Reino Unido. En el país del norte se habla de liberaciones, en promedio, de 400 o 500 internos por penal, lo que podría llevar la cifra de excarcelaciones o prisiones domiciliarias a 400.000, con lo que Estados Unidos tendría la menor cifra de presos desde la II Guerra Mundial.
Es que el contagio no llegó sólo a los presos sino también a los penitenciarios. En el penal de Rikers Island, en Nueva York, frente al aeropuerto de La Guardia, contrajeron Covid--19, nada menos que 167 presos y en la cárcel de Cook County, en Chicago, hace ocho días dieron positivo dos detenidos y ayer los contagiados sumaban 101. Pero, además, los contagios pegan muy fuerte también en los penitenciarios, porque la vida de cárcel es contradictoria con el aislamiento que requiere el virus. En Rikers Island contrajeron el virus 130 penitenciarios, según publicó el New York Times.
Las liberaciones se están produciendo en todos los países: 70.000 presos en Irán, todos los de tercer grado en España, unos 9.000 en Gran Bretaña, Turquía 100.000 y, en Francia fueron excarcelados 3.500 sólo durante el fin de semana pasado.
La cuestión de los penitenciarios es de importancia mayúscula en la Argentina y en territorio bonaerense, con ausentismo creciente en todos lados. Por un lado, porque también tienen temor a contraer el virus, pero por otro porque tienen que cumplir con la cuarentena, en especial de acuerdo a las normas dictadas por el gobierno nacional. Por ejemplo, una pareja de penitenciarios --existen numerosas-- tiene el derecho de que al menos uno de los dos se quede en casa cuidando a los hijos.
Todos estos elementos motivaron la cumbre de los tres poderes bonaerenses en este lunes. Hay coincidencia en que la situación es altamente peligrosa porque los riesgos de contagios son enormes y porque la semana pasada se produjeron graves explosiones en Santa Fé, con cinco muertes. En esa provincia hay 6.000 presos, una cifra incomparable con los 51.000 de la Provincia de Buenos Aires.
