Como el Covid-19, el virus del ataque al Gobierno quiere convertirse en epidemia. Busca arrebatarle al Presidente el apoyo actual de la clase media.

El ruidazo sonó fuerte en Palermo y Villa Urquiza. Pegó en Rosario cerca del río. En barrios de Córdoba. Y quiere seguir. El plan puede describirse así: si Alberto Fernández consiguió un altísimo nivel de consenso por su liderazgo contra el coronavirus, y si no hay cómo agredirlo porque hoy no ofrece flancos débiles, rasquemos la olla hasta encontrar un punto sensible. Y ese punto sensible, bien al fondo, es el odio contra “los políticos”. Es decir, contra los que se oponen o les chupan la sangre a “los privados”. Sin distinciones. Incluyendo a las grandes empresas entre las supuestas víctimas. 

Coincidencia: el cacerolazo del 30 de marzo se produjo justo un día después de que Alberto Fernández tildara de “miserables” a los que despiden. Y ese calificativo fue aplicado por el Presidente tras la noticia de que 1450 obreros de Techint corrían peligro de quedarse sin empleo. El conflicto con la multinacional que tiene sede en Luxemburgo dejó al descubierto que el Estado nacional sigue teniendo en el directorio de Techint, en nombre de la Administración Nacional de la Seguridad Social, a Miguel Angel Toma. Ex secretario de Seguridad de Carlos Menem. Ex jefe, en Seguridad, del actual capo de los diputados del PRO Cristian Ritondo. Ex jefe de Inteligencia de Eduardo Duhalde. Volcado al macrismo, que lo puso en Techint en 2016 como representante de las acciones que pasaron al Estado desde la nacionalización de las AFJP. La identificación de Toma con el establishment es tan profunda que fue él, y no otro director, quien salió a torear al Presidente. Le dijo que despedir o no despedir no es un tema moral, y que si quería impedir los despidos que promoviera una ley. 

¿Esto quiere decir que Techint organizó el cacerolazo? Por el momento no hay pruebas sino coincidencias temporales y la evidencia de que, ahora, una campaña pública no discute sus ganancias históricas sino el sueldo de los políticos.

Pero, ¿seguro que el cacerolazo fue organizado y no espontáneo? Sí, seguro. No hay registro histórico de ruidazo sin organización.

En las redes los mensajes que remataron en el hashtag #BajenseLosSueldos aparecen articulados por las cuentas @impulsar_arg y por @mejorar_arg. La primera se define como una organización de jóvenes. La segunda tiene como vicepresidente al operador político de Fernando de la Rúa Darío Lopérfido. Cuenta también con la Fundación Apolo y hasta con el Frente Animalista Verde, “que defiende los derechos de las mascotas y promueve el cuidado del medioambiente desde una perspectiva capitalista”.

Un tuit de Yamil Santoro, presidente de @Mejorar_arg: “Ni siquiera las dictaduras militares gobernaron en la Argentina sin el Congreso y sin la Justicia funcionando, como ahora”. Otro más: “Te van a empezar a cerrar empresas, Alberto, y la crisis será aún peor. No se gobierna a un país con buenas ondas. Tildar de miserables a los que pagan sueldos e impuestos es tirarse un tiro en el pie. Tomate un tecito antes de hacer declaraciones”.

El que piense que Lopérfido o Santoro son marginales del sistema político se equivoca. Siempre están ahí, intactos, los antiguos vínculos fraguados en la sangre del 2001, cuando tallaron fuerte hasta el final de la Alianza el viceministro del Interior Lautaro García Batallán, últimamente asesor estrella de Ritondo, y Hernán Lombardi, el escudero fiel de De la Rúa y Mauricio Macri. Esos vínculos, redoblados y lubricados durante el macrismo, se mantienen hasta hoy: a estos tipos les copa viralizar.

El sábado 28 de marzo comenzó una campaña en redes sociales con dos ejes. Uno, la exigencia de que los funcionarios del Ejecutivo, los legisladores y los jueces se bajen los sueldos. El blanco, para la campaña, no son ni las empresas de energía ni Techint. Tampoco Ledesma, con posición dominante en el mercado del alcohol, que falta igual que el alcohol en gel, y su materia prima la caña de azúcar. Otro eje es el de tuits y mensajes de WhatsApp críticos del aislamiento social obligatorio como si fuera una medida dictatorial. 

El eje que remató sintetizado en #BajenseLosSueldos y promovió el cacerolazo eludió todo cálculo económico concreto. Empezó con una secuencia que incluyó mensajes como éstos:

*El llamado a una “rebelión fiscal” desde el primer día de abril. El texto, que firma una inexistente Confederación Económica de la Nación, se esperanza con que “de esta catástrofe va a surgir el fósforo que finalmente prenda la mecha de una bomba que debería haber explotado hace mucho tiempo”.

*Una amenaza a los “señores políticos” con la recomendación de que “se guarden en sus casas hasta que pase esta crisis que tan mal vienen gestionando”. Sigue el texto: “La ley nos ampara para no pagar sus sueldos por no pagar tampoco nosotros nuestros impuestos”.

*La imagen de un bote en el que solo rema una persona (el dibujo le pone “ciudadano”) y no hacen nada otros que aparecen como “político”, “juez”, “funcionario” y “asesores”.

*Un corte audiovisual de un minuto con un discurso del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, que anuncia un fondo para el coronavirus con el 20 por ciento de los sueldos de los funcionarios.

El eje contrario a las medidas de aislamiento social alcanzó ribetes dignos de Jair Bolsonaro en un video de Juan Manuel Soaje Pinto y Chinda Brandolino. Soaje Pinto es un ultranacionalista vinculado a Alejandro Biondini que dirige el canal de Internet TLV1, Toda la Verdad Primero. Su teoría es que en Sudamérica “la mayoría de los países está carcomida por el sionismo”. El mayor intento sionista sería buscar la legalización del aborto. Y ahora, la cuarentena. Brandolino es una médica legista que promueve la lucha contra el aborto libre y las vacunas.

Igual que con el Covid-19, la solución no es enojarse con la realidad sino actuar con inteligencia: pegarle un martillazo a la curva mientras fabricamos la vacuna.

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