El precio de la carne subió hasta 12 por ciento en marzo con respecto a febrero, según informaron a este diario desde la Asociación de Propietarios de Carnicerías. Además, un conflicto en la cadena de producción, entre frigoríficos y curtiembres, presiona sobre el abastecimiento y los precios, por lo que desde el sector cárnico anticipan mayores subas. En este contexto, el Gobierno decidió intervenir. El Ministerio de Desarrollo Productivo creó un régimen de carne vacuna y sus derivados, en el que los frigoríficos deberán informar la cotización de estos productos cada semana.

La medida fue dispuesta a través de la Resolución 103/20 publicaba este martes en el Boletín Oficial. Así, los establecimientos deberán informar todos los viernes (o el último día hábil de cada semana) el precio promedio diario de venta por unidad de medida y la categoría de origen de tales productos. También incluye la obligación de los frigoríficos de informar semanalmente la cantidad diaria de kilos de media res y cuero vacunos comercializados, así como la categoría de origen de tales productos. Además, la Subsecretaría de acciones para la defensa de los consumidores podrá publicar en la página web y con acceso público los precios de referencia de venta de media res y cuero vacuno.

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, explicó por qué decidieron avanzar en esta iniciativa: “Ante la dispersión de los precios de la carne en las carnicerías, la cual no se justifica en un aumento de la hacienda en pie o valores de logística, decidimos crear este régimen informativo para transparentar el proceso de comercialización de la carne vacuna”. Además, informó que lo que se busca es “clarificar” el precio de venta de los frigoríficos dado que luego se hace un seguimiento en las carnicerías a través de inspecciones, en la que los agentes chequean que se hayan retrotraído los precios al 6 de marzo.

El régimen estará vigente por 90 días con la posibilidad de ser renovado. La Secretaría de Comercio Interior busca esclarecer el desempeño de la cadena de comercialización e identificar en qué eslabón se encuentran los comportamientos abusivos. Por otro lado, la resolución encomienda a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a que realice una investigación del mercado de la carne vacuna a fin de determinar si cometieron infracciones a la Ley de Defensa de la Competencia, por aumentos de precios injustificados.

La resolución publicada en el Boletín Oficial explica que la medida fue tomada a raíz de las subas de precios: “En el marco de la situación de emergencia se observaron desequilibrios en el mercado de la carne vacuna, producto de distorsiones en materia de precios en las distintas etapas de la cadena de comercialización, lo que se tradujo en incrementos en el precio a los consumidores, que no parecen guardar relación con la evolución de los principales componentes del costo de cada uno de los eslabones de la cadena”.

No es la primera vez que el Gobierno interviene en el sector cárnico durante la emergencia sanitaria. En los últimos días, intercedió el Senasa para desactivar un conflicto productivo . Las curtiembres dejaron de retirar el cuero de los frigoríficos, lo que derivaría en un conflicto sanitario primero y luego en posible desabastecimiento, ante las dificultades para trabajar en las plantas, dado que el cuero se convierte rápidamente en un desperdicio biológico tóxico. Actualmente, algunas curtiembres retomaron el retiro del cuero, pero desde los frigoríficos indicaron a este diario que lo hacen a valor cero y el pago del flete les implica un costo extra que podrían trasladar al precio de la carne.

La medida de la Secretaría de Comercio se suma a las ya dispuestas para controlar las subas de precio tras el aumento de la demanda derivado del mayor consumo de las personas para stockearse ante la cuarentena. Por un lado se dispuso retrotraer los precios al 6 de marzo y congelar por 30 días los valores de las empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras de alimentos, bebidas, productos de higiene y limpieza. Por otro lado, se desplegó un operativo de control y fiscalización. En 10 días se realizaron 1860 controles en todo el país, donde se detectaron precios abusivos en 8 de cada 10 fiscalizaciones y se clausuraron 9 establecimientos. Además, los consumidores pueden realizar denuncias en Defensa del Consumidor.