El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, pidió hoy al Supremo Tribunal Federal (STF) la apertura de 83 investigaciones por corrupción contra funcionarios de todos los niveles del Estado y parlamentarios. Se basa en las delaciones de 77 ejecutivos de la constructora Odebrecht en el marco de la operación Lava Jato, que indaga el multimillonario desvío ilegal de fondos de la petrolera estatal Petrobras.
Los 83 pedidos de investigación se refieren a políticos amparados por el llamado "foro privilegiado", que les reserva el derecho a ser investigados y juzgados solo por el Supremo. La Fiscalía añadió otro pedido para abrir otras 211 indagaciones en primera instancia, lo que se supone que afecta a personas sin esa prerrogativa legal.
Por ahora la lista de implicados está bajo secreto de sumario, pero el fiscal Janot le pidió al juez Luiz Edison Fachin, instructor del caso en el máximo tribunal, que la nómina se haga pública “para promover la transparencia y garantizar el interés público”. Se estima que en no más de una semana Fachin respondería a ese pedido.
Tras la confesión de los 77 ejecutivos de la empresa Odebrecht, que aceptaron delatar hechos de corrupción a cambio de una reducción de penas, la prensa local informó que fueron implicados cerca de un centenar de políticos.
Entre los salpicados estaría el ministro de la Presidencia Eliseu Padilha, una suerte de “mano derecha” de Temer, quien habría negociado con Odebrecht una financiación ilegal para campañas del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el propio mandatario También figuraría el nuevo canciller, Aloysio Nunes, quien asumió el cargo la semana pasada en lugar de José Serra y como él pertenece al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), otro de los implicados en lo que se conoce como “la lista de Janot”.
Las declaraciones también afectarían a políticos de otras formaciones y en particular del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen los ex mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, esta última destituida en agosto pasado a través de un golpe parlamentario que derivó en la asunción de Temer.
