La Liga de los Derechos Humanos envió una nota a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, para exponer situaciones de represión y abuso policial en Salta en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por coronavirus. Le solicitó que garantice el respeto de la Constitución Nacional.
"El Ministerio de Seguridad de la Nación no puede intervenir en Seguridad de la provincia pero sí garantizar los derechos de la Constitución Nacional", consideró Bertha Lozano, referenta de la Liga en Salta.
Lozano dijo que en la provincia, el ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro "tiene una política muy extrema en relación a la seguridad y por su condición de negacionista puede ser un potencial represor. Alarma y preocupa mucho a los ciudadanos, (la política represiva) afecta más a los sectores vulnerables". Cuestionó asimismo que el gobernador Gustavo Sáenz, en vez de llamar a disminuir las acciones violentas por parte de la fuerza, pretende aumentarla "desde el momento en que llama a poner militares en la calle".
El lunes último la Policía motorizada reprimió en el merendero Carita Feliz del barrio 26 de Marzo, un voluntario fue golpeado y ante la situación una joven epiléptica se desmayó, sin recibir asistencia de la fuerza policial que luego de generar este disturbio optó por retirarse del lugar.
Este hecho preocupa a la Liga por los Derechos Humanos. "La merienda está garantizada incluso por el DNU N°297/20. La gente que trabaja en comedores y merenderos está avalada para realizar esta tarea por el decreto", precisó Lozano. "Atacar es una forma de acallar a sectores que se movilizan en defensa de otros. Si los policías se fueron y no detuvieron a nadie, claramente algo estaban haciendo mal", añadió.
Lozano indicó que lejos de solicitar a las personas que incumplen la cuarentena que "depongan de su acción infractora, considerada voluntaria en algunos casos y de emergencia en otros", son tratadas como delincuentes. "Quien viola el DNU debe ser sometido a la aplicación de los artículos 205 y 239 del Código Penal, determinado por el decreto. En todos los casos la Policía debe poner a las personas a disposición de la autoridad competente a los fines de llevar adelante lo que por ley corresponda", reconvino.
Manifestó que la Policía de Salta aplica el artículo 307 "muy cuestionado en su momento, reformado por el artículo 20 de la ley 7.799, que lo modifica para requisar en la calle a cualquier persona que se les ocurra, pueden revisar y sacar cosas personales". Planteó su preocupación por la violación de los derechos a la privacidad, la intimidad y la dignidad. Sobre un video que circuló por redes sociales de una detención a dos jóvenes en el barrio Santa Ana, Lozano sostuvo que se ve "claramente se vea dos chicos que volvían de trabajar, los policías les hacen sacar todo lo que tienen en el bolsillo, zapatos. Llamamos la atención del incumplimiento al DNU porque no corresponde esa medida", afirmó.
Lozano advirtió que las fuerzas policiales han implementado conductas represivas contra la ciudadanía y que éstas no están avaladas en ningún reglamento o norma. "La represión es ejercida contra ciudadanos y ciudadanas de barrios con características humildes, de bajos o nulos recursos", señaló. Dijo que la fuerza persigue a jóvenes y adolescentes por portación de cara.
Respecto al Ministerio de Seguridad provincial, ya la Asociación Pensamiento Penal, HIJOS Salta; las asociaciones de derechos humanos Lucrecia Barquet y Coca Gallardo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y dos comisionados del Comité Provincial de Prevención contra la Tortura han solicitado conocer "cuál es el protocolo respecto a las detenciones o incumplimiento del DNU", e información sobre las personas detenidas en cárceles del Servicio Penitenciario provincial y cuántas de ellas están dentro de los "grupos de riesgo" ante la pandemia del coronavirus Covid-19, pero aún no han obtenido respuestas.
Lozano dijo que espera una respuesta inmediata y que se implementen acciones de "raigambre constitucional" que garanticen el cuidado y la seguridad de las personas. "Entendemos que no es competencia de ese Ministerio (el de Seguridad de la Nación) tomar medidas adoptadas por las autoridades provinciales, pero sí son su competencia las garantías de seguridad y el cumplimiento de la Constitución Nacional en todos los casos", sostuvo.
Por su lado, la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Mariana Reyes, afirmó ayer que se enteró de la violencia policial a través de redes sociales y organizaciones. "Inmediatamente lo hemos dado a conocer a la Fiscalía de Derechos Humanos", aseguró.
Reyes dijo que ante hechos de violencia policial se debe denunciar a través del 911 y que desde la Secretaría pueden articular. Señaló que también debe actuar el área de Asuntos Internos de la Policía.
