La Suprema Corte bonaerense propuso a través de una acordada que tanto sus integrantes como los jueces y juezas de Casación, cámara y primera instancia aporten parte de su sueldo básico para destinarlo al Ministerio de Salud y otras instituciones de bien público ante la emergencia sanitaria. Para los cargos más altos se sugiere donar el 20 por ciento y el resto 15 por ciento. No habrá un descuento automático, sino sobre los salarios de quienes informen en un formulario su voluntad de hacer esta contribución. Entre los argumentos de la decisión que lleva la firma del titular del tribunal, Eduardo de Lázzari, figuran “la situación económico financiera de la provincia” de Buenos Aires y la “necesidad de contar con recursos para dotar de insumos y elementos de salud al sistema”. El gesto del alto tribunal parece anticiparse a un reclamo hacia el sector judicial después del cacerolazo -–fogoneado por el macrismo después de que Alberto Fernández cuestionara a las empresas que despiden en plena crisis-- para que se bajen los sueldos de los cargos políticos.

La Corte bonaerense dice que “estima pertinente la conformación de un fondo integrado con el aporte solidario y voluntario para ser destinado al sistema de atención sanitaria de la provincia, en lo esencial, el ministerio de salud provincia, afectado a la adquisición de bienes o insumos que se estimen necesarios para la emergencia”. Agrega que “corresponde adoptar medidas de austeridad en el gasto que la situación amerita con el objetivo de generar ahorro de partidas” para complementar el “sistema de aporte solidario y voluntario”. La procuración provincial adhirió, con lo que la sugerencia sería también para fiscales y defensores oficiales. La secretaria de administración de la Corte bonaerense es la que se ocupará de recibir las notificaciones de los jueces y juezas que quieran hacer su aporte en la próxima liquidación salarial.

Las medidas “de austeridad” del gasto del tribunal incluyen: congelar la cobertura de cargos; suspender adquisiciones de inmuebles, automotores y otros bienes, a menos que sean indispensables; suspender la compra de material para las bibliotecas del Poder Judicial; suspender el pago de viáticos y movilidad salvo las expresamente autorizadas por la Corte; los magistrados y funcionarios que tiene teléfonos celulares asignados deberán pagar la factura a menos que estén de turno o en guardias. Quedan exceptuados los gastos vinculados con la emergencia.

Un/a supremo/a de la provincia de Buenos Aires gana unos 400 mil pesos; camaristas 250 mil; en primera instancia los salarios rondan los 150 mil a 190 mil pesos. Lo que donan es alrededor de un tercio de lo que reciben en mano. El sistema judicial bonaerense tiene sueldos entre 30 y 50 por ciento inferiores a los del sistema nacional. En todo el sistema bonaerense son 2576 jueces y fiscales.

Una Corte provincial con sueldos similares que se anticipó la iniciativa ya la semana pasada fue la de Mendoza, que propuso un aporte mayor: 50 por ciento del salario. También impulsó que sea voluntario y hasta esta semana el 82 por ciento de jueces y funcionarios (268 en total) locales habían anunciado que entregarán parte de su sueldos. El total recaudado es de 22.700.000 pesos.

La Asociación de Magistrados anunció que hizo una suerte de colecta y con aportes individuales recaudó 850.000 pesos y la propia entidad dijo que donó 1 millón de pesos a la Cruz Roja.

La gran paradoja de todo esto, que en definitiva son medidas valiosas, es que la propia corporación judicial (aunque no todos los magistrados y magistradas, está claro) resistieron a capa y espada el fin de las jubilaciones de privilegio, y en su mayoría siguen sin pagar impuesto a las ganancias.