La escena es la siguiente: el dueño de un hotel pretende desalojar a un grupo de trans y travestis en medio de la cuarentena, son 8 trabajadoras sexuales que no pueden salir a trabajar por las medidas de confinamiento. No se van de la que es su vivienda porque no tienen a donde y porque desde que se implementó el decreto de la cuarentena obligatoria no tienen formar de ganar dinero: algunas son de Chaco y otras de Corrientes, sus familiares no pueden enviarles dinero porque los locales que brindan este servicio están cerrados. El dueño del hotel no logra expulsarlas porque ellas se resisten a abandonar la única oportunidad que tienen de pasar la cuarentena bajo techo. Entonces el dueño les saca la tele, le corta los servicios y les dice que salgan a trabajar para pagarle.
Este apriete se da en un contexto en donde las medidas decretadas explicitan la prohibición del desalojo y en donde el amedrentamiento moral es una constante. Esta escena de intimidación se repite en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y en diferentes provincias del país; el denominador común es poner contra las cuerdas a sectores de la población más vulnerados: son quienes tienen contratos de palabra, pagos sin recibo y arreglos informales que parecen inmunes al decreto para evitar los desalojos ahora que es imperativo “quedarse en casa”. Frente a los abusos, son las organizaciones sociales las que despliegan múltiples estrategias de acompañamiento para que nadie se quede afuera.
“Acá se reflejan las precariedades” dice Georgina Orellano titular de AMMAR. Ella junto a otras dirigentes se presentaron rápidamente en el hotel Saavedra de Once: “Son compañeras que alquilan sin ningún marco legal, sin ningún amparo por parte del estado y con fuertes abusos por parte de los dueños de los alojamientos que les exigen el pago del dinero por día. Este es el primer caso que llega al punto del desalojo, pero lamentablemente no es el único. En el día de hoy hicimos un relevamiento y tenemos denuncias de 12 hoteles del barrio de Constitución: las compañeras nos contaron que los dueños y las dueñas les habían comunicado que solamente iban a dejar, después del 1 de Abril, a aquellas personas que tuvieran el subsidio habitacional, las que no lo hayan tramitado se van a tener que retirar. Esto es no darle valor legal al protocolo que contempla a quienes alquilan de forma legal, con un contrato de alquiler, con una inmobiliaria, pero deja en esta situación de violencia y desamparo total a quienes tienen una forma precaria a nivel habitacional.”
Miguel Ojeda tiene 20 años, es chaqueña y prefiere utilizar pronombres femeninos, llegó al hotel hace un mes y medio: “Justo vine a probar suerte acá y me tocó la cuarentena. Nosotras trabajamos en la calle y ahora no tenemos plata para pagar el hotel”. Luciano también prefiere la “a” y es de Corrientes, dice estar desesperada por la situación: “El dueño nos acosa todo el tiempo, a la mañana a la tarde y a la noche pidiéndonos plata y la mayoría de las chicas se prostituyen entonces él nos obliga a traer clientes para que podamos pagarle el día. No le podemos dar la única plata que tenemos a él, estamos en cuarentena y no podemos trabajar”.
La semana pasada el intento fue desalojarlas, el día anterior les había cortado la luz y retirado los televisores, antes había intentado sacarles sus pertenencias como parte de pago: zapatos, pava eléctrica y celulares. Tuvieron la posibilidad de pedir ayuda a sus familiares en Chaco, pero como no tenían CBU la plata terminó quedándosela el dueño del hotel. Si bien se logró acordar que hasta que termine la cuarentena no pueden ser desalojadas, ellas saben que el Chino -apodo del dueño- les va a hacer “la vida imposible”.
El decreto contra los desalojos
El decreto 319/2020 y 320/2020, publicado el Domingo pasado en el Boletín oficial establece que hasta el 30 de septiembre de este año se suspenden los desalojos por falta de pago, se prorrogarán la vigencia de los contratos y se congelan las cuotas de los créditos hipotecarias. ¿Qué es lo que sucede con los contratos informales? ¿Qué recursos tienen los sectores más vulnerables respecto a la vivienda? Sebastián Tedeschi, es Coordinador del programa de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Defensoría General de la Nación y aclara: “En cientos de hoteles y conventillos de la ciudad se alquilan habitaciones tal vez a un dueño real o ficticio que carece de toda formalidad, ni siquiera les dan recibos. Estas personas son desalojadas mediante juicios mal llamados “desalojos de intrusos”, se inicia este tipo de juicio ante cualquier situación de ocupación que no pueda justificarse en una relación contractual. Una vez que termine la cuarentena la Corte podrá disponer la reanudación de estos plazos procesales”.
Las personas que alquilan informalmente en las villas también son otro foco de vulnerabilidad respecto a la situación habitacional: “Aunque en los procesos de urbanización de villas se ha prohibido su desalojo, son expuestas directamente a la acción directa de los propietarios que los desalojan si se atrasan con sus pagos. Este sector debería estar cubierto por una interpretación amplia del decreto, sin embargo, la clave está en que los casos de estas familias puedan llegar al Poder Judicial para que se les restituyan estas viviendas si hubiera desalojos. El problema es que en este mercado absolutamente informalizado las personas no cuentan con documentos que respalden su situación de inquilinxs” explica Sebastián.
Desde Inquilinxs agrupadxs han realizado un relevamiento que muestra que 1,200.000 personas que alquilan en la Ciudad de Buenos Aires. Pero el 60% de las consultas recibidas son de mujeres, lesbianas, travestis y trans por padecer expulsiones y maltratos por parte de las inmobiliarias. Junto con AMMAR, el Ministerio Público de Defensa, la Defensoría LGTB y diferentes comunerxs del Frente de Todes están recibiendo las denuncias y mediando con los dueños; estos en general no aceptan que el decreto también contempla los alquileres informales. A veces la mediación llega a buen puerto y culmina con un arreglo, otras las organizaciones deben realizar la denuncia al Ministerio Público de Defensa. Otra de las alternativas que están poniendo en práctica en los acompañamientos es tramitar de manera urgente el subsidio habitacional, un programa que otorga el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que las personas en situación de calle puedan alquilar una habitación en los hoteles “de familia”.
El acompañamiento para evitar los desalojos es constante, los abusos que ponen en riesgo la situación habitacional de muchxs es un número que crece como los números de la pandemia. Los dueños especulan y aprovechan la situación de crisis para vulnerar los derechos establecidos en la emergencia. Esta semana las agrupaciones y organismos que levantaron el guante de este conflicto terminarán de redactar una carta dirigida al jefe de Gobierno de la Ciudad para que se contemple a nivel normativo los hoteles de familia en donde no hay contratos formales. Además, en la carta se exigirá el nombramiento de un responsable político para estar en dialogo permanente con las organizaciones que acompañan cada caso.
La escena del desalojo de Once se replica en Constitución, Congreso, en Córdoba y en el conurbano; las personas trans y travestis están en la primera fila, junto a quienes están en situación de calle o hacinados en casas de 2x2. La amenaza es la intemperie, allí donde nadie quiere estar. En los márgenes de este aislamiento social el resguardo, una vez más, es colectivo.
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