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El Gobierno sigue minuto a minuto la evolución de la pandemia, de la cuarentena, de la economía, de la ayuda alimentaria. Le llueven demandas, en su mayoría legítimas, muchas acuciantes, algunas perversas.
Las medidas se resuelven a toda velocidad, casi al ritmo del coronavirus. Algunas se premeditan, dentro del ritmo imperante, como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Otras se toman de volea como la prohibición de despidos sin causa o fundados en fuerza mayor.
El presidente Alberto Fernández la anticipó a los intendentes al inicio de la teleconferencia que mantuvieron, lo que da cuenta de la importancia que le atribuye. A medida que se develan detalles se desnuda más la intención de la multinacional Techint comandada por Paolo Rocca. La empresa comenzó a enviar los 1.470 telegramas el viernes 27. Recién el sábado 28 anotició a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) cuyos dirigentes explican que es inusual o hasta inédito hacer cesar a tamaña cantidad de laburantes sin establecer antes un vínculo con el sindicato.
La construcción tiene un régimen legal especial que permite dar por terminado el vínculo cuando cesan las obras. Pero, en el caso de Techint y los obreros de Campana, por ejemplo, existe una realidad más rica. La corporación actúa de modo permanente, hay trabajadores especializados, soldadores por caso que están vinculados con Techint desde hace años, tal vez décadas. Terminan una obra, empiezan otra. Integran la estructura de la empresa, constituyen un capital humano… Todo despido multitudinario es político, éste confirma la regla.
En torno de Rocca aducen que el hombre llamó al presidente y no fue atendido. Quizá, comentan allegados a Fernández, éste no tenía identificado su número y recibe miles de llamadas.
En la conciliación obligatoria, Techint no da el brazo a torcer, rechaza hasta ahora dejar sin efecto los ceses de labor. Hay paraguas legal que le impide avanzar en el corto plazo pero la espada de Damocles sigue pendiente sobre los trabajadores.
Otras mega empresas actúan de modo similar aunque con menos cobertura mediática. En Antofagasta de la Sierra, Catamarca, un consorcio formado por las empresas argentinas Contreras, Mogetta y Boetto y Buttigliengo cesó la actividad de 400 trabajadores a quienes notificó mediante mensajes de texto. La UOCRA formalizó pedido de conciliación obligatoria.
Situaciones similares se replican en varias provincias. Los gobernadores reaccionan con vigor dispar, es prematuro trazar un cuadro general pero el fenómeno cunde. La repetición activó el DNU de AF publicado en el Boletín Oficial a última hora del martes. Otra modalidad propia de la etapa.
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Intendentes y gobernadores concuerdan en señalar que pasarán las de Caín para pagar sueldos de abril. El Gobierno nacional saca cuentas, imagina formidables remesas de fondos. En Olivos y la Casa Rosada calculan que la inversión de estas semanas asciende a 380.000 millones de pesos. Los guarismos siempre son aproximados, la dimensión es certera.
Sindicatos de actividad privada y empresas tironean para que se alivie el aislamiento obligatorio. Cada cual desde su propia lógica. Al Estado, en sus distintos estamentos, le cabe compatibilizar la prevención y la actividad productiva. No hay ecuación sencilla ni ideal disponible. Se elige el mal menor.
La evolución del Covid-19 se sigue con atención. Lo peor está por venir, eso es seguro. Incierta su magnitud. La información científica es sobria, seria, reconoce sus límites. La verborragia de algunos medios no reúne ninguna de esas características.
Las comparaciones con España e Italia, que atraviesan procesos tremendos que comenzaron antes, sirven de insumo a proyecciones y comparaciones con la evolución por acá. Con ese material y con toda cautela los especialistas leen (en la jerga que tanta gente común aprendió súbitamente) que la curva se aplana algo, que se va ganando tiempo. La cuarentena es necesaria en ese aspecto.
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Los mandatarios provinciales y comunales de cualquier bandería atienden primero a sus terruños, se guardan de hacer declaraciones estridentes. El Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta destaca entre ellos, por la importancia de su distrito, por ser éste el foco de la pandemia hasta ahora. Los diputados, senadores o dirigentes sueltos “sin tierra” de Juntos para el Cambio fomentan cacerolazos.
El ex Jefe de Gabinete Marcos Peña rompe la hibernación y comanda. Vecinos de barrios de clase media para arriba reclaman que “los políticos” se recorten los sueldos. En la volteada entrarían funcionarios de distinto rango. Quizá los ministros de Salud, médicos en general como los que se aplaude todas las noches. O los directores de hospitales recién nombrados. O las autoridades de seguridad. Intendentes o concejales que fatigan las calles y se exponen.
La movida estentórea apunta, acaso, a un gesto de ejemplaridad. Las autoridades políticas sopesarán las circunstancias. La presión mediática es más potente que la movilización ciudadana.
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La casi totalidad de la banca privada entorpece hasta la exasperación la línea de crédito para PyMEs destinada a cubrir los sueldos. El Banco Central dispuso y facilita la operatoria pero los financistas rehúsan ganar menos, como les reclamó Fernández. Hay quien piensa que el capitalismo global fue vencido de modo definitivo en esta crisis. Habrá que ver. Por ahora, el espíritu del establishment financiero sigue indemne, defendiendo posiciones.
Los peces grandes se comen a los chicos o arbitran los medios para que estos sucumban por hambre. El darwinismo económico sobrevive a la peste. O, quién sabe, planifica como medrar con ella.
