La Policía Federal allanó la oficina de la productora En Vivo S.A, de los hermanos Matías y Marcos Peucovich, en busca de documentación referida a la venta de entradas e información sobre la organización del recital que ofreció el Indio Solari en Olavarría el fin de semana, cuando murieron Juan Francisco Bulacio y Javier León. El fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino, informó que los productores "están en calidad de sospechosos" y fueron formalmente notificados. Solo resta que la fiscal Susana Alonso determine la nueva carátula de la investigación. Anoche se conoció un video donde aparece el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli negociando en un despacho de la comuna la venta de cerveza con los organizadores y los puesteros,
En paralelo, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, participó del operativo de rastrillaje en la ciudad bonaerense con 100 patrulleros y 500 efectivos de la policías Bonaerense, Federal y Gendarmería. El ministro señaló que la búsqueda fue coordinada con la fiscal de la causa para "sacarnos cualquier duda sobre dichos en las redes sociales que plantean que pudo haber más fallecidos".
Ritondo señaló que el rastrillaje, que había sido iniciado el ayer, resultó negativo y precisó que sólo restaba hallar a una sola persona de las seis denunciadas por sus familiares por "averiguación de paradero".
Respecto de la situación de los organizadores del megarecital, el fiscal general explicó que "por el momento la carátula de la causa definida por la fiscal Susana Alonso es 'averiguación de causales de muerte', por lo que hasta que no haya una figura típica no se podrán definir las responsabilidades".
De todas maneras, Sobrino indicó, a la agencia Télam, que la situación procesal de los Peucovich se modificó y "se están reuniendo los elementos necesarios para evaluar qué delito se les imputa. Técnicamente se les informó que están dentro de lo que dictamina el artículo 60 del Código Penal, mediante el cual dejan ya de estar en calidad de testigos".
Ese fue el objetivo de los allanamientos ordenados por la fiscal y realizados por la Policía Federal en las oficinas de la productora, ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Alonso solicitó secuestrar documentación sobre la organización del show. Según el convenio de contratación del predio divulgado ayer, los productores eran los responsables del control de los ingresos al predio, de la seguridad y la asistencia médica.
Por el momento, el Indio Solari y el intendente municipal Ezequiel Galli, quien fue "fiador" de las responsabilidades de la productora ante la Justicia, continúan en calidad de testigos.
El operativo encabezado por Ritondo contó con unos 500 efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, con refuerzos de Gendarmería y Policía Federal para descartar que hubiera cuerpos sin vida en los alrededores del predio. Dos helicópteros, la división Canes de la Policía, Caballería y Policía Rural más personal de Defensa Civil, Bomberos y buzos tácticos, que trabajaron en el arroyo ubicado detrás del predio La Colmena, completaron el operativo.
Además, según el Ministerio de Seguridad nacional, el rastrillaje permitió hallar jóvenes en rutas y campos cercanos a la ciudad bonaerense para identificados y ponerlos en comunicación con sus familiares para organizar el retorno a sus casas.
