El desmantelamiento del Centro de Recuperación Nutricional del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, en el departamento San Martín, y la denuncia de discriminación a los niños de pueblos originarios generó la reacción de las autoridades del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

“El aislamiento social obligatorio y la situación de emergencia sanitaria vinculada al Covid-19 no puede bajo ningún punto desatender la problemática de desnutrición e histórica vulneración de derechos y acceso a la salud de los pueblos originarios”, dijo en un comunicado el delegado del INADI en Salta, Gustavo Farquharson. 

“Toda política sanitaria de los gobiernos locales en esta emergencia por el Covid-19 tiene que incluir a los pueblos originarios y no marginarlos. No se puede desmantelar la asistencia que reciben, deben explicarles a las comunidades, mantener un buen diálogo y ofrecerles un lugar igual”, sostuvo por su parte la titular del INADI, Victoria Donda.

Las autoridades del INADI se expidieron de este modo tras la denuncia radicada por la diputada nacional por Salta, Verónica Caliva (FdT). La legisladora presentó la denuncia ante el INADI luego de recibir el reclamo de la dirigente indígena Octorina Zamora.

La denuncia sostiene que en el Hospital de Tartagal “han desalojado a los niños y niñas internadas por desnutrición y otras dolencias derivadas del hambre del edificio de Recuperación Nutricional, y se apropiaron del lugar según dijeron para ‘guardia pediátrica’”.

“Estamos transitando un momento en donde hay poblaciones que se encuentran con mayor vulnerabilidad y es allí donde el Estado debe poner aún más atención y cuidado", añadió Farquharson.

La muerte de al menos 13 niños y niñas de hasta 5 años, la mayoría del Pueblo Wichí, por causas evitables, ha signado desde el inicio de año la visibilidad de la problemática que subsiste en la provincia.

Fue esta realidad la que obligó a la creación de este Centro de Recuperación Nutricional que fue construido con Fondos de la Reparación Histórica en 2015. “El lugar había logrado que los miembros de la comunidad se acercaran a la institución, algo que no es habitual por la discriminación, y el destrato que suelen recibir”, se indicó desde el INADI.

La virtual llegada de la pandemia del coronavirus a la provincia puso en evidencia las falencias del sistema de salud provincial. Pero desde el INADI sostuvieron que “esas falencias no la pueden terminar pagando las comunidades originarias, comunidades que viven en una emergencia sanitaria de vida o muerte, con una problemática nutricional preocupante”.

Palabras, no hechos

En parte de su discurso de inicio de la asamblea legislativa, el gobernador Gustavo Sáenz afirmó que en la provincia “se relevaron entre niños y niñas más de mil desnutridos extremos y más de 10 mil en riesgo nutricional, sobre todo entre la población perteneciente a la etnia wichí, con condiciones de alta vulnerabilidad, con dificultad de acceso al agua segura”. 

El mandatario provincial afirmó que ante esta situación se “dotó a los hospitales de la región de mayor recurso humano con más agentes sanitarios, médicos, enfermeros y distribución de residentes. Dispusimos ambulancias y compramos nuevas para cada uno de los hospitales de nuestra provincia”. 

Sin embargo, la realidad marca que al menos en Santa Victoria Este, localidad neurálgica en la ubicación de las comunidades indígenas de la zona, las ambulancias son insuficientes, y se desmantelan servicios médicos que son casi dirigidos a esta población, como lo es el Centro de Recuperación Nutricional.

Cuarta denuncia en 2020

La situación en el Hospital de Tartagal respecto a la discriminación no es nueva. En más de un relato surge el destrato a los miembros de las comunidades indígenas, lo que también influye en la reticencia que tienen para acudir a recibir atención en el Hospital.

Este año surgió una primera denuncia por parte de una chica de 18 años, del Pueblo Qom o toba. La joven había ido a hacerse a atender por una hemorragia, pero un médico se negó a atenderla porque consideraba que se trataba de un aborto.

Una segunda denuncia surgió tras conocerse que una mujer wichí terminó con un cáncer terminal, en principio por la falta de atención adecuada. En este caso, la mujer denunció además de discriminación, una presunta mala praxis.

La tercera denuncia fue contra otro médico del Hospital de Tartagal, por presunto maltrato a miembros de comunidades indígenas en un corte de ruta.