Desde España

España se desayunó este jueves con dos datos que explican la profundidad de la crisis provocada por el coronavirus. A primera hora, como cada mes, se conocieron las cifras de la evolución del desempleo y, tal y como se esperaba, fueron las peores de la historia. Durante marzo perdieron su trabajo más de 900.000 personas. Poco después, el comité de crisis comunicó en su comparecencia diaria las cifras de la evolución de la pandemia: 864 muertos en un día (un 10 por ciento más que en la jornada anterior), con lo que se traspasa la barrera de los 10.000 fallecidos. España lleva ya 10.003 decesos por coronavirus, uno por cada cinco de todos los producidos en el mundo. El número de ingresos en el hospital, con 2.695, es también el más alto de todos los registrados hasta ahora.

Pese a estas cifras, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se permitió abrir un resquicio para el optimismo. En una comparecencia parlamentaria destacó el crecimiento experimentado en la cifra de curados, que ha aumentado un 18 por ciento hasta situarse en 26.743 personas, y aseguró que la curva de crecimiento de la enfermedad se ha estabilizado, lo que en su opinión demuestra que se está cerca de la fase de ralentización, la primera que puede apuntar a una contención en la expansión de la pandemia.

Ante una oposición que aumenta la virulencia de los ataques a la gestión del gobierno, el ministro socialista adelantó que quedan por delante semanas duras, pero aseguró que se está en el camino para conseguir superar la crisis sanitaria.

Otro dato positivo es que si bien el número de fallecimientos es el más alto de los registrados hasta ahora, porcentualmente en relación a la cantidad de contagios ha disminuido, lo que podría apuntar a que si bien las infecciones crecen se está evitando que los decesos lo hagan en la misma proporción. Además, se ha comprobado que el desarrollo de la enfermedad es diferente en las distintas regiones y que en aquellas donde más contagios y fallecimientos se produjeron desde el principio, como Madrid y Cataluña, el ritmo está decreciendo, lo que también puede ofrecer cierto margen para la esperanza. Las que crecen son aquellas donde el virus tardó más en llegar.

Por su parte, el director del centro de emergencias sanitarias, Fernando Simón, que permanece en su domicilio tras haberse contagiado, aseguró que se ha alcanzado el pico y en algunas regiones está descendiendo.

No obstante, señaló que el problema está ahora en los hospitales, donde se juntan los ingresados hace días con los nuevos pacientes, ya que las estancias por coronavirus son largas.

Aunque los datos sanitarios pueden dar lugar a algún margen para el optimismo, los económicos no dejan lugar alguno a interpretaciones. La pérdida de empleos suponen una catástrofe sin precedentes en la historia moderna del país. Hasta el comienzo de la crisis, había en España poco más de 2,5 millones de desempleados, lo que explica la dimensión del dato conocido este jueves, 900.000 desocupados más, sobre todo teniendo en cuenta que la paralización de la actividad económica fue decretada a el 14 de marzo, es decir que la destrucción de empleo corresponde sólo a la mitad del mes.

Aunque de los 900.000 empleos destruidos un tercio son permanentes y el resto corresponde a expedientes temporales, es decir, a suspensiones, hay otro dato que revela la dimensión de la profunda crisis en la que ha caído la economía española. La cifra de puestos de trabajo perdidos es la misma que la que se produjo entre octubre de 2008 y febrero de 2009, es decir, cuando comenzó la crisis económica que sumió a España en su más profunda y prolongada recesión económica del último medio siglo y que dejó una herencia de devaluación salarial y pérdida de derechos laborales.

Para afrontar esta situación y a pesar de los duros ataques que está recibiendo de la oposición de derecha y de importantes grupos de presión, el gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez ha puesto en marcha una paquete de medidas sociales tendentes a repartir el peso de la crisis.

Entre ellas destaca la suspensión durante seis meses de los desalojos por impago de los alquileres en los casos en los que no haya alternativa habitacional y la renovación automática de los contratos de alquiler que venzan en los tres meses siguientes a la declaración del estado de alarma. También ha fijado una moratoria automática en el pago de los alquileres por parte de inquilinos en situación de vulnerabilidad en los casos en que el propietario sea dueño de diez o más viviendas.

También se ha impuesto una moratoria de tres meses en el pago de las cuotas de los créditos hipotecarios para las personas que hayan perdido el empleo o que se hayan reducido sus ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria.

Asimismo, se ha establecido que mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá cortarse el suministro energético de ningún tipo, ni tampoco el agua y se ha fijado un subsidio de desempleo excepcional de 440 euros (la mitad del salario mínimo) para trabajadores temporales que no tengan derecho a acceder a la prestación ordinaria. También se ha creado otro subsidio de desempleo para las empleadas domésticas, que podrán pedirlo si se quedan sin empleo o si ven reducidas sus horas de trabajo.

En el área de consumo, el gobierno ha congelado los precios de los servicios funerarios con las tarifas vigentes al 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, ha establecido la obligación de devolver el importe de los servicios adquiridos antes de esa fecha si los servicios no se han podido prestar y ha prohibido la publicidad de los juegos de apuestas on-line, salvo entre la una y las cinco de la madrugada, tras detectarse un aumento del juego desde que se decretó la obligación del confinamiento.