El Ministerio de Educación llegó a un acuerdo con las escuelas de gestión privada en el marco de la suspensión de clases presenciales por el avance del coronavirus y dispuso una serie de recomendaciones en base a lo pactado: preservar las fuentes de trabajo; congelar el valor de los aranceles; suspender la facturación de servicios accesorios o aplicar descuentos; diferir --a solicitud de las familias-- el pago de un porcentaje del total del arancel; flexibilizar las fechas de los vencimientos de pago de cuotas; no aplicar medidas restrictivas al acceso a las herramientas de aprendizaje; y atender situaciones familiares especiales, entre otras. Todas las recomendaciones deberán implementarse durante la cuarentena y, una vez concluida, por un plazo idéntico al transcurrido en tal situación.
El ministro Nicolás Trotta expresó que “las instituciones se mostraron comprometidas para atender las situaciones familiares especiales en el marco de la pandemia con la posibilidad de otorgar becas o aplicar descuentos en las cuotas”, y luego agregó que “estas recomendaciones deberían ser un horizonte que lleve tranquilidad a las familias e induzcan a la responsabilidad institucional en todas las escuelas privadas”.
Luego de la reunión virtual que Trotta mantuvo el miércoles con representantes de las cámaras de los colegios privados, fue emitido un documento que, según explicaron desde la cartera, “tiene como objetivo garantizar el efectivo derecho a la educación de la población a través de un acuerdo de esfuerzo compartido y el compromiso" entre las distintas jurisdicciones y las instituciones educativas de gestión privada. Aclararon que los acuerdos se realizaron según “los principios compartidos de solidaridad, compromiso, sensibilidad responsabilidad y esfuerzo”, y contemplando las particularidades de cada distrito.
La recomendación sobre la preservación de las fuentes de trabajo abarca a docentes, no docentes, auxiliares y personal directivo. El acuerdo incluye la necesidad de “asegurar el pago de los salarios, garantizar el derecho a la educación y adecuar las condiciones de trabajo remoto, en caso de que fuera necesario, para preservar la salud de trabajadores y estudiantes”.
En cuanto al congelamiento de los aranceles, el documento recomienda que se aplique hasta que concluyan las medidas de aislamiento social y preventivo obligatorio. También plantea que se retrotraigan los aumentos que se hubieren producido con posterioridad a la declaración de emergencia sanitaria del 12 de marzo.
El Ministerio de Educación también recomendó modificar, en caso de que alguna familia lo solicite, los tiempos de los pagos de las cuotas para que aquellos que no tengan ingresos durante la cuarentena, puedan abonar el arancel más adelante.
Otra sugerencia fue la de “restringir los recargos financieros por mora en el pago (intereses), y suprimir las multas y otras penalidades”. En el documento se menciona la necesidad de atender situaciones familiares especiales: en ese sentido, se promueve la posibilidad de otorgar becas y ayudas transitorias a las familias que lo necesiten.
Por último, el documento acordado entre las autoridades nacionales y las asociaciones de escuelas privadas propone “analizar la estructura de costos y los ahorros posibles sosteniendo las erogaciones esenciales, a fin de disponer, cuando ello sea posible, un descuento en los aranceles". Por su parte, el Ministerio de Educación subrayó que el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la CABA “ratifican que continuarán adoptando medidas que acompañen en la crisis al sector”.
