Ante la pandemia de Coronavirus, la Cámara de Casación Penal instó una vez más a los tribunales inferiores a seguir las recomendaciones de la Comición Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se concedan medidas alternativas sobre la población carcelaria que esté dentro de los grupos de riesgo. A pesar del avance del Covid-19 y de las advertencias urgentes de la CIDH y Naciones Unidas, la Justicia Federal no hizo lugar a casi ninguno de los pedidos de prisión domiciliaria. En contraposición, el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires ya sacó de cárceles y comisarías a más de 800 detenidos pertenecientes al universo más vulnerable ante posibles contagios.

Tras los motines que se replicaron en diferentes penales de la región, la CIDH emitió un comunicado en el que reclamó “a los Estados enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de la libertad y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias, frente a los efectos de la pandemia del COVID-19". Para la entidad dependiente de la Organización de Estados Americanos, los Gobiernos deben buscar mecanismos para “reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención” del avance del virus.

Tras darse a conocer la advertencia de la CIDH, la Cámara de Casación emitió una nueva resolución en la que insistió en recomendar a los tribunales inferiores “adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del Covid-19”. Entre las alternativas a la prisión, la jueza Ángela Ledesma llamó a “evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada”. Se trata de la cuarta resolución en este sentido emitida por la Cámara Federal de Casación. Sin embargo, a pesar de la urgencia del caso --salvo algunas excepciones-- las medidas alternativas a la prisión no fueron puestas en práctica por Comodoro Py.

Los jueces y juezas federales no actuaron hasta el momento en consonancia con las recomendaciones urgentes que realizaron la CIDH y la ONU. El ex Ministro de la Corte Suprema y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, sostuvo que por la emergencia sanitaria mundial "urge el despoblamiento de las cárceles". Al mismo tiempo aclaró que "no significa vaciarlas, sino dejarlas con un 70 por ciento u 80 por ciento de su capacidad locativa normal". Por su parte la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió que se tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas detenidas o recluidas, ya que “el COVID-19 ha empezado a propagarse en las cárceles y los centros de detención de migrantes”. Por eso, exhortó a los gobiernos y a las autoridades competentes a que procedan con rapidez a fin de reducir el número de reclusos.

Entre los posibles beneficiados con las medidas están las personas mayores, los y las detenidos/as con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños/as a su cargo y quienes estén prontos a cumplir sus condenas.

En la Provincia de Buenos Aires, el Sistema Penitenciario elaboró un informe en donde detalló que más de 2.500 detenidos pertenecen a la población de riesgo. A raíz de la grave situación de hacinamiento que se vive en los penales y comisarías bonaerenses, el propio Procurador Julio Conte Grand instruyó a los defensores oficiales a evaluar requerir en cada caso la prisión domiciliaria u otras formas alternativas al encierro para sus defendidos. Los numerosos planteos llegaron a los tribunales, tras lo cual a más de 800 personas les fue otorgada la prisión domiciliaria o directamente la excarcelación.

El contraste con lo que ocurre en la Justicia Federal es notorio, ámbito en el cual fueron escuchados sólo unos pocos reclamos para alivianar la sobrepoblación que se vive en los lugares de detención, que se calcula es de un 10 por ciento en los 35 penales federales de todo el país. “La canilla está cerrada y sigue siendo muy restrictivo el beneficio de una domiciliaria”, confió un fiscal de Comodoro Py a Página/12. Incluso, a pesar de que la Casación bajó formalmente a todos los juzgados las recomendaciones urgentes de la ONU y la CIDH.