El documental “Lo que no pude contar” se estrenará hoy a las 22 desde sus plataformas digitales. La pieza audiovisual trae consigo el abordaje pedagógico, psicológico y legal por parte de especialistas sobre el abuso sexual en la infancia (ASI).

Uno de los testimonios que estará en el documental es el de la sobreviviente y activista Eva Echegaray, quien contó a Salta/12 que se “abarca una mirada crítica social y política de la problemática del abuso sexual infantil”. 

Además, el documental cuenta con un abordaje pedagógico, psicológico y legal por parte de especialistas en el área como “las licenciadas en psicología Sonia Almada y Macarena Cao Gené y el ex juez federal Carlos Rozanski, de Buenos Aires”, contó Echegaray.

Eva impulsa desde el 2017, “Sacar la Voz”, una colectiva contra el abuso sexual en la infancia en Salta. Y a raíz de ello, la directora del documental, Maira Albarracín, la contactó a principios de 2018 para que forme parte de la propuesta. “Ella estaba al tanto de la visibilización de mi caso por las redes sociales y me propuso ser partícipe del proyecto documental que tenía en mente”, relató.

Echegaray dijo que en un primer momento surgieron las dudas por la exposición “que demanda poner el cuerpo y hablar frente a una cámara, pero finalmente me animé”. Consideró que tomó una buena decisión porque “es necesario dar a conocer esta problemática desde lo personal y lo social”.

Su testimonio fue filmado en Salta en noviembre del año pasado cuando Albarracín pudo llegar junto a su equipo a la provincia. Las plataformas de transmisión del estreno son YouTube, Facebook e Instagram bajo el mismo nombre del documental. 

Abordar el tema

Echegaray afirmó que la pieza audiovisual está dirigida a ámbitos educativos, culturales, familiares y, “por supuesto, a víctimas y sobrevivientes”. “La expectativa es que genere un impacto social sobre todo en nuestra provincia, ya que no hay un abordaje profundo de la problemática. Y esperamos poder presentarlo en la mayor cantidad de lugares posibles”, indicó. 

Las estadísticas que existen en el país, y en particular en Salta, son escasas y poco consecutivas. Una de las más recientes es la que a fines de 2019 comunicó la Asesoría General de Incapaces del Ministerio Público de Salta. Allí se informó que durante 8 meses se registraron 17.100 causas vinculadas a menores de 18 años. De ese número, mil casos se constataron como delitos contra la integridad sexual en el ámbito familiar.

Para Echegaray, es importante hablar del abuso sexual en la infancia porque “es un delito que sucede sistemáticamente en nuestra sociedad”. Señaló que una de las medidas inmediatas sobre la problemática es de forma "urgente ahondar en la prevención y protección de niños, niñas y adolescentes desde los organismos gubernamentales, legales y educativos". “Es una realidad aún invisibilizada que debemos poner en la mesa”, advirtió.

En este sentido, sostuvo que en el actual contexto de cuarentena en todo el país “crece la violencia a niños, niñas y adolescentes”. “El 80% de los abusos se cometen en la propia casa así que es muy probable que niños, niñas y adolescentes convivan con familiares agresores y abusadores”, alertó la activista.

De esta manera, instó a que no solo se adopten medidas preventivas por el nuevo virus Covid-19 sino que también se garanticen “la protección de los chicos” y se denuncie “ante la mínima sospecha de abuso”. Para ello, vale recordar que se encuentran habilitadas las 24 horas las líneas nacionales: 911, de emergencias; 137, para la atención a víctimas de violencia familiar; 144, para la atención a mujeres en situación de violencia y el 0800 - 222 -1717, para la atención a víctimas de abuso sexual infantil.

Echegaray sugirió además que los adultos deberían aprovechar “para enseñarles a sus niños en las casas sobre sus derechos y el respeto hacia sus cuerpos y los cuerpos de los demás”. Estos abordajes no llevan a “saturarlos ni alarmarlos” sino “más bien educarlos mediante juegos participativos”.

Sin embargo, advirtió que existen “situaciones de mucha vulnerabilidad en varios hogares. Eso hace difícil poder denunciar sin estar en peligro. Y es allí donde el Estado debe centrarse más en el tema y en posibles soluciones y acciones inmediatas”.