El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC agradecieron ayer al Congreso la aprobación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), uno de los principales puntos del acuerdo de paz suscripto por las partes el 24 de noviembre para terminar con cinco décadas de conflicto armado.

Contrariamente a lo sucedido la semana pasada, esta vez el gobierno logró ajustar a los partidos afines al presidente Juan Manuel Santos y reunió el quórum para aprobar la iniciativa por amplia mayoría. Esta es la primera reforma constitucional aprobada a través del “fast track”, la vía legislativa rápida para dar trámite a las normas y reformas constitucionales necesarias para implementar jurídicamente el acuerdo de paz.

En la discusión, que se prolongó por más de ocho horas, estuvieron los miembros del Partido de la U, Liberal, Conservador y Cambio Radical, afines al gobierno, mientras que la oposición corrió por cuenta del Centro Democrático. 

La enmienda constitucional estará vigente hasta que finalice la implementación del acuerdo de paz. Ahora, la JEP pasará a control de la Corte Constitucional, que determinará si la iniciativa se ajusta a la Constitución colombiana y si se cumplieron los trámites en el Congreso. 

“Agradezco a @SenadoGovCo por aprobación mayoritaria de Justicia Especial para la Paz. Pilar de la reconciliación y la paz”, escribió en Twitter el presidente Juan Manuel Santos.

Por su parte, el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, escribió en la misma red social: “Gracias al Congreso por su aporte a la paz y la verdad. Las @FARC_EPueblo seguiremos trabajando por no más repetición. #LaPazNoSeDetiene”.

La Jurisdicción Especial para la Paz fue acordada por el gobierno y las FARC en el marco de las negociaciones en La Habana. Crea un mecanismo para juzgar a quienes cometieron delitos en el conflicto armado, tanto guerrilleros como miembros de las Fuerzas Armadas.

Quienes confiesen sus delitos, colaboren en las investigaciones y reparen a sus víctimas recibirán penas no mayores a ocho años, que no serán purgadas en un régimen carcelario común, mientras que los que no colaboren con las autoridades y su culpabilidad sea comprobada recibirán condenas de hasta 20 años. El mecanismo garantiza que los miembros de las FARC no serán extraditados “por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final”.