Los dueños de la productora  En Vivo SA, los hermanos Matías y Marcos Peuscovich, organizadora del show del Indio Solari en Olavarría, quedaron imputados en la investigación por las muertes y otras cuestiones no definidas por completo, ocurridas antes, durante y después del recital. La fiscal Susana Alonso, a cargo de la investigación de las dos muertes, les informó sobre la imputación, es decir, les advirtió que estaban siendo investigados en la causa que por el momento lleva la carátula poco definida de “averiguación de causales de muertes”, pero aún no les asignó delito alguno porque “se están reuniendo pruebas” para citarlos a declaración indagatoria. Las oficinas de los Peuscovich, en Lavalle al 400, Ciudad de Buenos Aires, fueron allanadas ayer en busca de elementos que puedan ser utilizados en la causa.

“Por el momento la carátula de la causa definida por la fiscal (Susana Alonso) es ‘Averiguación de causales de muerte’, por lo que hasta que no haya una figura típica no se podrán definir las responsabilidades”, señaló el fiscal general de Azul, Angel Sobrino.

La imputación a los productores estaba dentro de las previsiones de la investigación ya que formalmente fueron los organizadores del show, responsables de todo lo que ocurriera dentro del predio La Colmena. Los informes forenses sobre los motivos de las dos muertes, con sus detalles cerrados bajo el secreto de sumario, pueden dirigir el proceso hacia un lado o hacia otro y marcar diferentes tipos de responsabilidades o ninguna.

El contrato entre los productores y la Municipalidad de Olavarría, firmado por el intendente Ezequiel Galli en su representación, delimita las responsabilidades de cada parte. A los Peuscovich les tocaba todas las cuestiones sanitarias y de seguridad dentro del predio, o sea que si las muertes ocurrieron por cuestiones referidas a la responsabilidad interna, se les podría imputar al menos el delito de homicidio culposo.

“Uno de los elementos que se está investigando es el contrato que firmó el municipio de Olavarría con la productora con el objetivo de establecer responsabilidades”, aseguró Sobrino, quien detalló que no se descarta que se llame al Indio Solari a ampliar su declaración testimonial. 

“Se están reuniendo los elementos necesarios para evaluar qué delito se les imputa (a los productores), técnicamente se les informó que están dentro de lo que dictamina el artículo 60 del Código Penal, mediante el cual dejan ya de estar en calidad de testigos”. El propio Cristian Ritondo, ministro de Seguridad bonaerense, mencionó por la tarde, que sobre los productores “tiene que caer todo el peso de la ley. La autorización solamente era de 150.000 entradas, tenemos entendido que se vendieron más de 200.000 y que en el espectáculo había muchas más personas. No se respetaron los planos de seguridad; hubo venta de bebidas alcohólicas, que está prohibida dentro del propio evento”. 

La acusación de Ritondo tiene doble filo ya que el intendente Galli fue quien firmó como garante ante la justicia para la realización del show, y en el contrato firmado con los productores asumió también responsabilidades. En el contrato, el propio Galli establece que “es dable destacar que el municipio que represento colaborará de manera que todas las partes involucradas en el convenio celebrado resulten indemnes a las consecuencias que pudieran derivar del evento musical a llevarse a cabo”.

Respecto a las cifras admitidas, permitidas y supuestas, la investigación deberá revisar otro tipo de documentación municipal, referida a la habilitación y la cifra, ya que en el contrato no aparece mencionada. En declaraciones públicas previas al evento, el intendente Galli había informado sobre la expectativa que rondaba entre 250 mil y 350 mil asistentes. Después de la desastrosa logística de atención a los visitantes, y las muertes ocurridas, Galli pateó la pelota afuera y se mostró alterado porque los productores lo habían “estafado” y habían “mentido en la cantidad de entradas vendidas” y de “asistentes al show”.

Ritondo evitó ayer apuntar directamente contra el intendente. “La responsabilidad del intendente tal vez haya sido la de creer que en el pueblo de Olavarría pudiera haber un recital de estas características donde la masividad y la mala organización fue en gran parte la productora”, aseguró Ritondo. Un día antes había asegurado que “la habilitación (de recitales) es responsabilidad de los intendentes.”

Entre tanto, el fiscal general de Azul agregó que “ya se ha tomado gran cantidad de declaraciones testimoniales, entre las cuales hay policías, personal de seguridad, efectores de salud y testigos de los hechos para determinar cual fue el control que hubo a la salida del recital, mientras que el intendente Ezequiel Galli fue nuevamente llamado a declarar hoy en calidad de testigo”.

La productora En Vivo SA organiza desde hace más de 10 años los recitales del Indio Solari.