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El jefe de la patota de la Esma Adolfo Donda seguirá detenido luego de que la Justicia le rechazara el arresto domiciliario y se sumó así a la cada vez mayor lista de genocidas que fracasaron en su intención de ser obtener el beneficio amparados en el coronavirus . El Tribunal Oral Federal número 5 tomó en consideración las recomendaciones de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la búsqueda de alternativas de encierro a la población carcelaria que integra grupos de riesgo ante la pandemia, pero resolvió no solo que la vida de Donda no corre peligro, sino que en tiempos de cuarentena para el aislamiento que significa el cumplimiento de su condena en una cárcel común “es más que necesario”.
Tal como informó este diario, la Casación está especialmente preocupada en seguir las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas en relación y sacar de los penales del país a personas privadas de su libertad que integren los grupos de riesgo ante la propagación del Covid-19. Y esto es algo que los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg han tenido en cuenta a la hora de evaluar el pedido que la defensa de Donda, de más de 70 años, con afecciones respiratorias atendidas en la Unidad Penal 31 de Ezeiza donde está apresado, medicado y en buen estado general, realizó para que el represor continúe cumpliendo sus condenas a prisión perpetua --una firme, otras a la espera-- en su hogar.
Es en base a la interpretación que realizaron de tales recomendaciones que los jueces del TOF 5, el tribunal que condenó a Donda por crímenes de lesa humanidad, decidió no otorgarle el beneficio. Su defensor, Gerardo Miño, lo había solicitado argumentando que su asistido integra los denominados “grupos de riesgo” frente a la pandemia, y que “el sistema penitenciario no se encuentra en condiciones de responder en caso de que el COVID-19 comience a circular intramuros”.
Para los jueces, en cambio, el encierro de Donda en la cárcel es, justamente, lo que necesita para cuidarse del virus. Palliotti, Grünberg y Obligado se basaron en un informe del Servicio Penitenciario Federal en el que aseguran que la Unidad 31 es “una institución cerrada en donde un número de personas se encuentra aislada de la sociedad” en donde al represor “se le está brindado la mejor calidad de atención médica posible, en el contexto de una pandemia, con los recursos humanos disponibles, efectuando todos los esfuerzos a su alcance y adoptando las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación que serán actualizadas según los lineamientos y la situación epidemiológica”.
Además, desde la institucioón advirtieron que “se adoptaron múltiples medidas tendientes a proteger la salud de la población alojada” en relación a la circulación del coronavirus “a fin de, prevenir o al menos minimizar la posibilidad de contagio” y que no hubo “a la fecha casos positivos en establecimientos carcelarios del ámbito federal”.
Una opinión diferente tuvieron los jueces que integran el Tribunal Federal de Resistencia, Manuel Iglesias y Eduardo Belforte, quienes habilitaron provisoriamente el beneficio de la prisión domiciliaria a Horacio Losito, genocida condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén. "No estamos de acuerdo con que el sistema carcelario garantizaría la salud de las personas privadas de libertad en este contexto de pandemia”, advirtieron. Losito ya había conseguido la habilitación del Tribunal Oral de Corrientes y se encuentra en su departamento de la Ciudad de Buenos Aires.
