El gabinete económico avanzó ayer, tras una reunión que mantuvo en Olivos durante cinco horas y media, en la definición de los mecanismos que permitirán poner en marcha el programa de emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción. El gobierno busca agilizar el pago de los salarios a trabajadores de empresas de hasta cien empleados de sectores considerados en situación "crítica" al no poder seguir operando por el impacto de las medidas de aislamiento obligatorio. También recibirán asistencia empresas de otros sectores que, pese a pertenecer a servicios que han sido considerado "esenciales", sufireron una caída sustancial en su facturación.
En la reunión participaron los ministros Claudio Moroni (Trabajo) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), además de la titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, ya que este organismo jugará un rol central en el mecanismo de implementación de la Asistencia al Trabajo y la Producción. Presidió el prolongado encuento el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a quien acompañaron Cecilia Todesca (vicejea de Gabinete) y Vilma Ibarra (secretaria Legal y Técnica). Por el ministerio de Economía, estuvieron presentes el viceministro, Haroldo Montagú, y el jefe de gabinete de la cartera, Gonzalo Guiraldes. Alberto Fernández no participó directamente, pero fue consultado en varias oportunidades por cuestiones puntuales.
El objetivo central del encuentro fue avanzar en la reglamentación del decreto 332/2020, ya que a partir de su implementación los trabajadores de empresas en situación crítica de hasta 25 personas recibirán en sus cuentas sueldo una acreditación equivalente a un salario mínimo vital y móvil, aportados por el Estado. El resto del sueldo será responsabilidad del empleador. Los empleados de firmas de 26 a 60 trabajadores recibirán del Estado el 75% de un salario mínimo, mientras que los de empresas con planteles en relación de dependencia de 61 a 100 trabajadores, verán acreditados el 50% del salario mínimo. La intención del gobierno es poder acelerar los pasos administrativos de forma que en la próxima semana la masa de trabajadores de las pymes empiecen a poder disponer de sus ingresos. De acuerdo a lo definido en el encuentro del gabinete económico en Olivos, el programa de asistencia a las empresas será operativizado a través de una página especial en el sitio de la AFIP, que permitirá el registro de los pedidos de todas las empresas afectadas por las medidas de aislamiento social obligatorio.
Son considerados sectores críticos aquellos que no han podido seguir operando y que por lo tanto experimentan una caída pronunciada en sus ingresos. Los empleadores en esa situación, tratándose de pymes de hasta 100 empleados, serán alcanzados además por el subsidio del 95 por ciento de las cargas patronales que se devenguen en abril. La reglamentación también prevé la asistencia para las empresas que han seguido funcionando, ya sea por pertenecer a sectores condiderados "esenciales" (exceptuados de las medidas de aislamiento), pero que han sufrido una caída significativa en su facturación por las circunstancias especiales en que ha ingresado la economía a partir de las medidas preventivas contra la pandemia. En este capítulo de la reglamentación, también se contemplan a otras actividades que puedan haber seguido prestando servicios (en forma remota, por teletrabajo, o vía entregas a domicilio), pero que de todas formas vieron afectadas sensiblemente sus ventas con respecto a los niveles previos considerados normales.
"La idea del equipo económico es que las solicitudes se procesen con celeridad", particularmente en el caso de las más pequeñas, se sostuvo tras el encuentro. En los casos de empresas con más de cien empleados, deberán reucurrir al mecanismo del Repro, que también contempla un subsidio oficial para el pago de salarios pero requiere la presentación de un procedimiento preventivo de crisis, con acuerdo de la representación gremial, trámite de mayor complejidad pero que también se buscará implementar por una vía simplificada.
La Asistencia al Trabajo y la Producción se complementa con el programa de créditos para capital de trabajo y pago de salarios impulsado en forma conjunta por el Banco Central y el Ministerio de Desarrollo Productivo, lanzado hace una semana pero que viene sufriendo demoras en la implementación por parte de los bancos privados. Esta línea permite el acceso a un crédito por un monto de hasta una nómina salarial, a una tasa del 24 por ciento, con garantía oficial a través del Fogar (fondo de garantía Argentino). Sin embargo, durante la semana hubo reiteradas denuncias de cámaras pymes acerca de la reticencia de la banca privada a su puesta en marcha o aprobación.
El propósito de las medidas, en su conjunto, es "ayudar a las empresas a continuar su funcionamiento y hacer frente al pago de los salarios hasta tanto la actividad económica pueda recuperar su funcionamiento". Según estimó la Unión Industrial Argentina y así lo expuso en el encuentro con el presidente Alberto Fernández del viernes último en la Residencia de Olivos, el 80 por ciento del aparato productivo nacional se encuentra paralizado y aun el que sigue funcionando, empieza a enfrentar dificultades por falta de abastecimiento de insumos. Esta situación es la que se busca atender desde el Estado, para que todas las empresas puedan alcanzar la salida de este túnel de la pandemia, con medidas de subsidio y créditos accesibles.
