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“Más que un festival de cheques, lo que hay es un festival de mentiras”. Esta fue la definición del abogado de la familia Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, ante la versión periodística de que hijos de Lázaro Báez firmaron 74 cheques que supuestamente cobró Máximo Kirchner. “Todos los cheques cobrados se corresponden con alquileres que fueron facturados por Los Sauces (la empresa de los Kirchner) a Kank y Costilla S.A., Loscalzo y Del Curto SRL y Austral Construcciones S.A (las tres empresas de Lázaro Báez). Esto se comprobó en la pericia contable-judicial, compulsando cada cheque con los informes del Banco Nación y el Banco de Santa Cruz, ambos de Río Gallegos. El cheque que aparece publicado en la nota de Clarín, por 23.072 pesos, fue depositado el 30 de diciembre de 2012 en la cuenta de Los Sauces del Banco Santa Cruz. Precisamente ese año aparecen otros cheques por importe idéntico que se corresponde con las facturas emitidas por el alquiler con Loscalzo y Del Curto SRL. durante el año 2012. Eso se puede ver en la foja 2.576 de la causa”, completó Beraldi. La defensa de los Kirchner respondió ayer a una ofensiva mediática que parece preparar el terreno para que Claudio Bonadio procese a todos los imputados, tal vez este mismo viernes.
En diálogo con este diario, Beraldi señaló que nunca hubo cheques personales de los hijos de Báez a Máximo, siempre se trató de cheques de Austral Construcciones o Kank Costilla o Loscalzo y Del Curto a favor de Los Sauces y siempre se corresponden con facturas por alquileres, en esencia de ocho departamentos que las empresas de Lázaro Báez utilizaron para alojar a sus empleados, por lo general jerárquicos. “En la pericia contable-judicial –explica Beraldi– aparece una planilla en la figuran todos los cheques con las facturas correspondientes y el alquiler al que se refiere el cheque en cuestión”.
De todas maneras, el letrado menciona que los hechos que señala fueron probados de tres maneras distintas. En primer lugar, por la pericia judicial-contable. En segundo lugar, porque el contador Víctor Manzanares entregó, cuando fue a prestar declaración indagatoria, copia de los contratos y la totalidad de las facturas hasta 2015. Las posteriores están en poder del juez. Y un dato curioso es que buena parte de los contratos fueron cancelados antes de tiempo porque Báez se demoraba en los pagos. Es más, se le cobraron intereses por las demoras.
La tercera forma de prueba es que en el acta de los allanamientos consta que los jueces Julián Ercolini y Bonadio se llevaron los originales de los contratos, los libros de contabilidad y las facturas. Es que ambos magistrados investigan lo mismo. Hotesur era la causa original sobre los alquileres de los Kirchner, lo que incluía los de la empresa Hotesur y los de Los Sauces, las dos sociedades familiares. Ese expediente lo instruía Bonadio, pero fue expulsado por un cúmulo de irregularidades y quedó a cargo Ercolini. Sin embargo, Bonadio volvió luego a meterse por la puerta trasera utilizando una denuncia de Margarita Stolbizer. Hoy sucede algo esperable: ambos allanaron los mismos domicilios y se llevaron documentación que correspondía a los dos expedientes ya que el objeto procesal es el mismo.
La hipótesis central expuesta por Bonadio es que todos los imputados formaron una asociación ilícita en la cual los Kirchner fingieron cobrar alquileres pero esa era una forma de cobrar coimas por las adjudicaciones de obra pública, concesiones petroleras y licencias de juego. Sin embargo, en todos los allanamientos se encontraron inquilinos, los pagos de los alquileres fueron con cheques y los cheques se depositaron en bancos. Además, se demostró que los alquileres se convinieron a precios de mercado. Por lo tanto no se trató de alquileres ficticios o simulados y no podrían entonces ser coimas. A esto hay que agregar que parece un poco extraño que coimas se paguen por cheque.
En su respuesta a las versiones periodísticas, la defensa de los Kirchner reiteró que no tiene nada de extraño que Los Sauces sólo haya tenido dos empleados. Todos los movimientos consistieron en el alquiler de 11 inmuebles –dos complejos de cuatro departamentos cada uno en Río Gallegos, dos oficinas-departamentos en Puerto Madero y un pequeño hotel en El Chalten– de manera que no requería personal, sobre todo porque gran parte de la administración corrió por cuenta del contador Manzanares, en cuyo estudio se emitían las facturas, los contratos de alquiler y se realizaban los cobros. Beraldi también reiteró que el domicilio legal de Los Sauces es en Alcorta 76, de Río Gallegos, “dirección notificada a todos los organismos de control y confirmado en el allanamiento realizado por Ercolini en 2015”. Además, el funcionamiento en el estudio de Manzanares también pudo ser verificado en dos allanamientos, el mismo día en que se allanó Alcorta 76, y un año más tarde, el 30 de junio de 2016, esta vez ordenado por Bonadio.
En la versión periodística se presenta como un hecho nuevo la venta de una casa de las hijas de Alicia Kirchner a Lázaro Báez en 2009. Ese hecho ya fue investigado en 2013 y la documentación secuestrada en 2015. Es una casa que los Kirchner le vendieron a Alicia en los años 80, hace 35 años, y que Alicia le cedió a sus dos hijas, que se la vendieron al constructor. “Nada hay de nuevo ni de ilícito”, redondeó Beraldi.
Tras la declaración de CFK, hace una semana, se mencionó la posibilidad de que Bonadio amplíe la imputación a otros protagonistas, en especial dos mutuales de crédito que alquilaron dos departamentos en Puerto Madero. Si eso era así, el juez demoraría su definición sobre todos los demás imputados. El magistrado dijo ayer que está preparando la resolución, lo que hace prever que la dé a conocer este viernes. Se ve que no es un mes para andar demorando las ofensivas contra el gobierno anterior. Son tiempos de movilizaciones muy fuertes, se viene el 24 de marzo y seguramente después el paro de la CGT.
