El ex director de Operaciones de la disuelta Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Antonio Stiuso, estuvo ayer en el despacho del juez federal Claudio Bonadio para declarar en una causa que investiga el presunto armado de una estructura de Inteligencia paralela desde el Ministerio de Defensa durante los gobiernos kirchneristas. Bonadio, que había archivado la causa, debió reactivarla por decisión de la Cámara Federal porteña. El ex jefe del Ejército César Milani y los ex ministros de Defensa Nilda Garré, Agustín Rossi y Arturo Puricelli están imputados en el expediente. En declaraciones a Radio Mitre, el juez opinó que la causa “no tiene mucho andamiaje probatorio” y recordó que el denunciante, responsable del portal El Informador Público, hizo sus acusaciones basadas en “consideraciones muy generales” y con citas “que la Cámara Federal termina obligándole a revelar” porque “no lo considera periodista”. 

  Stiuso llegó a Comodoro Py poco antes de las 10 de ayer, acompañado de sus dos abogados, Santiago Blanco Bermúdez y Julián Subias. Fue citado a declarar luego de que a  la sala II de Cámara de Apelaciones, integrada por Martín Irurzun y Eduardo Farah, hiciera lugar a la apelación del fiscal Carlos Stornelli, quien rechazó el archivo del expediente y pidió al juez que cite a un grupo de personas entre las que figuraba el exagente de inteligencia. 

Stiuso habló en el despacho de Bonadio y ante Stornelli  hasta las 13.30 sobre lo que definió como el “aparato” de Inteligencia montado por el gobierno de Cristina Fernández, pero sin entregar pruebas al juzgado. Se retiró sin dar declaraciones. 

El expediente se inició a raíz de una denuncia realizada por el abogado Carlos Tórtora del Informador Público, quien sostuvo que las ex autoridades del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor General del Ejército diseñaron a partir de 2008 un sistema que, bajo el nombre “Proyecto de Ciberdefensa”, se propuso realizar actividades de inteligencia interna prohibidas por la ley, en perjuicio de políticos y periodistas. Tórtora apuntó que para “dar marco a tales maniobras, fueron indebidamente aumentadas partidas presupuestarias, se designó personal irregularmente y se adquirieron materiales tácticos y electrónicos”. Por ello, fueron imputados Milani y los extitulares del Ministerio de Defensa Agustín Rossi, Nilda Garré y Arturo Puricelli, entre otros.

Pero Tórtora debió “revelar su fuente”, a raíz de que la Cámara Federal no lo consideró periodista. Así aseguró que la información provino de un general retirado, que a su vez “dijo que de lo único que iba a hablar era de cuestiones que leyó, o publicadas”. Esto lo explicó Bonadio ayer al hablar por la radio. Entonces, tras ordenar algunas pesquisas, como informes al Ejército, el magistrado había cerrado la causa. Sin embargo, Stornelli apeló, el expediente sobrevivió y ayer le dieron al espía Stiuso la oportunidad de despacharse contra el gobierno kirchnerista sin aportar ninguna prueba.

  En su momento los jueces Emiliano Canicoba Corral y Sebastian Casanello hicieron allanamientos a un predio del Ejército en Villa Martelli debido a una denuncia de las entonces diputadas del PRO Patricia Bullrich y Laura Alonso, que también aseguraban que desde allí se hacían tareas de inteligencia para espiar a políticos y periodistas. Pero tampoco se encontró nada en esa investigación ni en Villa Martelli ni en algún edificio cercano a San Juan y Entre Ríos que vagamente mencionaban las entonces denunciantes. El juez Julián Ercolini también hizo allanamientos por acusaciones similares, en su caso, en el Edificio Libertador. Tampoco tuvo ningún resultado.