El 27 de marzo dos médicos denunciaron penamente a los padres de dos niños fallecidos en días sucesivos en la localidad de Santa Victoria Este, provincia de Salta (https://www.pagina12.com.ar/255927-medicos-culpan-a-los-padres-por-la-muerte-de-hermanitos-wich ). Los denunciantes son los médicos: el gerente del Hospital de Santa Victoria Este, César Oviedo, y Edgar Machicao, y sus denuncias son por “abandono de salud” y “abandono de persona seguida de muerte”.
Los hijos fallecidos tenían 5 años y 9 meses –Micaela Rosilda Pastor- y el hermanito de 1 años y 3 meses, que, según lo enunciado por los médicos sería N.N. (No Name-Sin Nombre), ya que en ninguna publicación figura el nombre del niño. Ambos niños fallecieron por desnutrición y sus complicaciones. Murieron de hambre.
Esta familia perteneciente a la etnia Wichí reside en el paraje Vertiente Chica, ubicado a 30 kilómetros de Santa Victoria Este. Esta localidad está muy cerca del punto tripartito de Argentina, Paraguay y Bolivia, en la zona noreste de la provincia y a unos 500 kilómetros de la ciudad capital. Santa Victoria Este cuenta con una superficie de 13.200 kilómetros cuadrados y, según las estimaciones del gobierno municipal, para octubre de 2007 contaba con alrededor de 10.000 habitantes. Por el año 1982, el departamento y municipio de Santa Victoria Este tenía una población aborigen de 3.487 y población total de 5.549 personas, o sea, un peso relativo de la población aborigen del 62,84%. (Censo Aborigen Provincial: 1984).
Los médicos denunciaron también al secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Santa Victoria Este, Pedro Lozano, miembro también del Pueblo Wichí, quien a su vez denuncia la situación de abandono por la salud pública vivida por esta familia en dos filmaciones, como también denuncia que habían pasado más de 24 horas desde que se informara la muerte del hermanito, el 25 de marzo a la 1 de la madrugada, y que el equipo de salud recién llegó la tarde del 26 de marzo. No deseo redundar en el análisis de la situación de los pueblos aborígenes de la llanura del este salteño o Chaco salteño, de la realidad de indefensión socioeconómica, y de la inseguridad respecto de sus derechos humanos y constitucionales. Sí es mi interés mostrar como demasiados médicos graduados en nuestras universidades aparecen generando acciones que los muestran ignorantes del interjuego de complejidad de factores en los comportamientos vinculados a la nutrición (tales como los socio-económicos, cognitivos, culturales, ambientales, emocionales, estructurales) entre otros. Y en este caso, en particular, señala también la falta de empatía de ambos médicos (empatía como la capacidad de percibir, compartir y/o inferir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia).
Asimismo, esta situación pone en evidencia la ausencia de sistema de soporte para madres que buscan cuidados médicos para sus hijos enfermos. Una de las elementales cuestiones que visualicé trabajando en las inhóspitas regiones del Bermejo, en el departamento Rivadavia Banda Sur, es que los Wichí pueden aparecer como gente pobre y desamparada, ya que accedemos de inmediato a su entorno material, no así a su riqueza cultural y de valores. Su valor más importante es el amor a su familia, la familia es lo más importante para los miembros de este grupo. Es por ello que las denuncias de estos médicos por “abandono de persona” se dejan ver como incongruentes.
Consideremos caminar 30 kilómetros para buscar ayuda para niños (y familia) que no tienen comida ni agua potable, ya que estos habitantes escasamente pueden tener una bicicleta disponible o deben esperar la buena voluntad de algún poblador chaqueño o criollo que los acerque al hospital. Muestra también que el brillante programa de Atención Primaria de la Salud propuesto por el doctor Enrique Tanoni en el año 1978 no estaba funcionando, y si lo está, es en forma deficiente, ya que los agentes sanitarios no consiguen realizar sus tareas del modo prescripto (idealmente son miembros de la comunidad que atienden en cuestión de seguimiento y controles de talla y peso, detección de embarazos, seguimiento y entrega de medicinas de enfermedades como la TBC, vacunas, etcétera, e informan a los médicos de las novedades en la salud comunitaria).
Este proceso de contacto o “fricción “interétnica, entre la medicina de la salud pública y pueblos aborígenes, expone a médicos como Machicao y Oviedo, quienes deben atender pacientes de quienes, pareciera, desconocen la realidad del contexto sociocultural y ambiental en el que transcurren sus vidas. La sumatoria de las propias prácticas culturales, más las prácticas e ideologías del modelo médico vigente, dan por sentado aspectos de las mismas y depositan la responsabilidad de las afecciones en las víctimas. Es un claro ejemplo de hegemonía médica, de toma de decisiones que castigan a la diferencia y a la pobreza (hegemonía, en el sentido gramsciano, refiere a las normas ideológicas de una clase social sobre otra, de un pueblo sobre otro o una nación sobre otras).
Es conocido que los principios de la ley se desarrollaron históricamente como formas de protección de las arbitrariedades de las normas o dominio del hombre. En este caso, el uso de la ley mediante una denuncia penal a los padres de una minoría étnica con dos hijos menores fallecidos en dos días sucesivos, padres que sobreviven en situación de indefensión, aparece como un hecho altamente coercitivo, ejerciendo las normas sociales contra la “sociedad” (Clastres), en lugar del ideal regulatorio de la ley.
Aquí deseo invocar los principios de la ley, reivindicar a las víctimas y observar la legitimidad estatal, prestando atención a las tensiones étnicas, a la desigualdad en los accesos a los servicios, las disparidades económicas y de conocimientos de los mecanismos de funcionamiento de la sociedad nacional (que los incluye en una posición de desventaja). Por otra parte, no intento explicar “culturalmente” las diferencias entre factores legales y morales con diferencias de carácter local de tradiciones culturales.
Mi interés radica en tomar en consideración la medicina de la salud estatal establecida como autoridad moral con el monopolio del uso legítimo de la violencia, avasallando la dignidad de los individuos quienes no actuaron con acciones intencionalmente perjudiciales ni con negligencia respecto de sus fallecidos hijos. El sufrimiento de unos padres y la respuesta de violencia de un par de médicos del sistema de salud pública, muestran una ausencia de debate ético en el accionar de ambos, que permanecen en los dominios de lo “no legal”, invocando los principios de las normas de la ley (abandono de persona) en una posición de dominación legitimada desde el estado provincial a través de la co-denuncia del gerente del Hospital de Santa Victoria Este.
En nuestro país conocemos que la responsabilidad de los propios actos, la responsabilidad pública, social y personal de los funcionarios se torna central en la definición de estado democrático, como que la dignidad de las víctimas debe restablecerse mediante procesos jurídicos y sociales, y cuya confianza en el sistema legal es clave para la legitimidad del Estado, no en la naturaleza de la justicia basada en una cuestión de clase o pertenencia a un grupo étnico.
Es fundamental en el análisis la comprensión que el contexto político y económico no constituye parte externa de la ley, sino que en sí mismo forma parte de una forma cultural a la cual la ley le da cierta expresión. (Borneman: 1997) Así, la distinción entre aborigen y externo es un efecto del proceso por el cual las asimetrías son creadas, no anteriores ni fijadas antes que el conflicto aparezca en forma legal. Aquí, en este caso, la “responsabilidad moral” y la emisión de un juicio de parte de dos médicos le permite al Estado funcionar como regente moral y “ajustar cuentas”, lo que seguramente causará más conflicto que consenso, ya que no se toma en cuenta la situación contextual de los denunciados ni poseen los acusados elementos para defenderse. Ello no solamente es injusto sino que se torna políticamente peligroso.
Es tarea del Estado, a través de los hacedores de políticas (¿?), el prestar atención al problema de la pobreza persistente y sus correlatos de desesperanza y polarización. Es su deber diseñar programas de redes de seguridad, como prestar atención a situaciones de posible discriminación étnica institucional como factor responsable de desigualdades en el acceso a los servicios de la salud.
Esta discriminación étnica conduce a estereotipos negativos de grupos considerados como inferiores. Por ello, también es responsabilidad de las escuelas de medicina a través de la elaboración de sus planes de carrera en salud, el considerar que los futuros graduados desarrollarán su labor en muy diversos ambientes y sistemas socioculturales. De este modo, los planes de carrera debieran analizar y elaborar estrategias, materias, seminarios, que preparen a los futuros médicos al menos para considerar lo antedicho y no dar por sentado el paradigma tecnocrático del sistema médico vigente, y por sobre todas las cosas, tener siempre presente su juramento hipocrático.
*Antropóloga Sociocultural - UNSa- M.A.-Ph.D. (ABD) SUNY Binghamton
