Desde Cambiemos buscan sacar a Mauricio Macri del centro de la escena de los escándalos de conflicto de intereses donde las decisiones presidenciales beneficiaron a sus propias empresas, como el caso del Correo Argentino y la cesión de rutas aéreas a Avianca. Los diputados radicales Mario Negri y Karina Banfi presentaron ayer su propio proyecto para sancionar una ley sobre conflicto de intereses en los tres poderes del Estado con la venia del propio macrismo. En Cambiemos consideran “insuficientes” los decretos que el Presidente prometió al Congreso sobre contrataciones y el Correo, incluso el postergado proyecto que la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, enviaría al Parlamento. La estrategia del oficialismo apunta a recuperar la bandera de la transparencia extendiendo los controles sobre jueces y legisladores para dejar atrás los “errores” del Presidente en plena campaña electoral.

La insistencia de los legisladores radicales de establecer por ley la reglamentación sobre conflicto de intereses de los funcionarios públicos y sus decisiones, aparece como una respuesta “más integral” a la promesa de Macri de resolver por decreto los “errores” con los que benefició a las empresas de su grupo familiar. Aunque se trata de una estrategia parlamentaria que se acordó con el Gobierno para intentar correr la mira sobre el propio Presidente en los casos de corrupción que se conocieron en los últimos tiempos.

Negri, que también preside el interbloque de Cambiemos en la Cámara baja, y Banfi aseguraron que el proyecto cuenta con el aval de Laura Alonso. A pesar que la  secretaria de Lucha contra la Corrupción, aun tiene pendiente los dictámenes sobre los posibles conflictos de intereses de muchos funcionarios del gobierno que ahora deben controlar a las empresas de las que fueron CEOs antes de llegar a la función pública.

La iniciativa presentada ayer por Negri y Banfi (que se suma a la presentada por Julio Cobos en el Senado) apunta –según explicaron los diputados– “busca darle mayor transparencia a la toma de decisiones en los tres poderes del Estado”. El proyecto es complementario a la actual ley de Etica Pública y extiende los controles al resto de los poderes del Estado cuyos funcionarios están obligados a presentar sus declaraciones juradas.

En el Ejecutivo incluye desde el Presidente, su vice, ministros, secretarios, directores y subdirectores. En el Legislativo, alcanza a diputados, senadores y funcionarios de cada cámara. En el Poder Judicial abarca a magistrados y funcionarios. También estarían comprendidos los miembros del Ministerio Público, embajadores, síndicos, decanos, interventores federales y miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros.

El texto del proyecto propone que “también habrá conflicto de interés en las situaciones cuando se trate de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, conviviente, así como acreedores y deudores de los sujetos alcanzados”.

La estrategia oficialista apunta a revertir las sospechas de corrupción que pesan sobre el presidente en las causas judiciales abierta por el Correo y Avianca. Buscará que el proyecto, más los tardíos decretos presidenciales y la modificación a la ley de Etica Pública, tenga un extenso debate en la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, que preside el macrista Pablo Tonelli. Allí, Cambiemos intentará recuperar la “bandera de transparencia” para volver a levantarla en campaña electoral.