El oficialismo prepara un proyecto de ley para aumentar la presión impositiva sobre los grandes patrimonios, como modo de mejorar los ingresos públicos para enfrentar los desafíos de la pandemia del coronavirus. El diputado Carlos Heller, del Frente de Todos, está trabajando en esta iniciativa a pedido del jefe del bloque, Máximo Kirchner, y con el aval del presidente Alberto Fernández. Otros legisladores del mismo espacio también avanzan con ideas en el mismo sentido. El proyecto se presentaría la semana que viene para el debate en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja y luego en el recinto. “No creo que esto afecte a más del 1 por ciento de la población. Ninguno de ellos va a dejar de ser inmensamente rico ni va a tener que privarse de nada a partir del impuesto, pero ese aporte puede ayudar a mejorarle la vida a mucha gente”, explicó Heller.

“Tenemos un Estado desfinanciado, que llega desfinanciado a la pandemia, con todo lo que exige en términos presupuestarios, y que encima se encuentra con una caída de los ingresos públicos por el derrumbe de la actividad. En este contexto, apuntar a que esos recursos provengan de parte de los sectores con mayor capacidad, de parte de los grandes ganadores habituales de la historia, no tendría nada de malo”, indicó Heller. “Estamos planteando un gravamen sobre patrimonios, ya sea de personas humanas y jurídicas. No creo que esto afecte a más del 1 por ciento de la población, pero puede tener impacto importante sobre los ingresos públicos. Para tener una idea, si tomamos solo a los que ingresaron al blanqueo del gobierno anterior y les aplicamos un impuesto del 2 por ciento, es igual a todo el presupuesto que gastó el PAMI en 2019”, agregó. Aquel blanqueo atrajo recursos por 116 mil millones de dólares. En esa línea, el diputado del Frente de Todos Hugo Yasky consideró que "sumando las mayores 50 fortunas de Argentina teníamos más de 70 mil millones de dólares. Si se aplica el 1,5 por ciento a esas fortunas se juntan 1050 millones de dólares".

En principio, se espera que sea un impuesto extraordinario, es decir, por única vez, que no necesariamente tenga una sola alícuota, sino que puede ser una tabla escalonada y creciente en función del patrimonio. Tendrá asignación específica, para financiar partidas destinadas a salud y comida. Si bien en un principio circuló la versión de que el impuesto afectaría a las personas que ingresaron al blanqueo dispuesto en 2016-2017 por el gobierno anterior, Heller aclaró que ese universo es ilustrativo del segmento de riqueza al que se apunta, pero que el criterio no será haber ingresado al blanqueo, sino el propio patrimonio. Se sabe que los actores afectados serán parecidos entre los del blanqueo y aquel 1 por ciento más rico, pero el criterio elegido para el impuesto será relevante a la hora del debate público o incluso de una potencial judicialización impulsada por los sectores alcanzados.

Heller puso como ejemplo para definir el universo de contribuyentes a quienes blanquearon fondos pero también a bancos, grandes laboratorios, cadenas de supermercados y compañías de seguros. El gobierno subraya que a nivel global hay un giro en la política económica en favor de la redistribución del ingreso, porque tanto la pandemia del coronavirus como los efectos económicos por las restricciones sanitarias afectan más fuertemente sobre los sectores de menores ingresos. Y que en un contexto de retracción de la recaudación, la solución no puede provenir únicamente de un aumento en la emisión monetaria para financiar la fuerte ampliación del gasto que exige el aparato de salud y las medidas paliativas para casi toda la población.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) calcula que la recaudación este año podría llegar a caer el equivalente a un 1,2 por ciento del PBI, lo que equivale a unos 450 mil millones de pesos (7143 millones de dólares al tipo de cambio oficial). El gobierno espera reducir ese bache a partir de este nuevo impuesto.