Dos fiscales federales abrieron investigaciones penales destinadas a dilucidar si existen maniobras implementadas de manera organizada por distintas empresas para provocar el aumento de precios de alimentos, elementos de higiene, farmacia y desinfección aprovechando el contexto de la pandemia por el Covid-19. El objetivo es establecer si para generar el alza de precios recurren –por ejemplo-- a noticias falsas, negociaciones fingidas o “stockeo” de algún producto, ya que en ese caso existiría una violación al artículo 300 del Código Penal, que castiga esa manipulación sobre los valores de productos, lo que a su vez en forma masiva derrama efectos sobre la economía. La primera causa la abrió en Mar del Plata el fiscal Daniel Adler la semana pasada. Ahora inició otra el fiscal federal porteño Federico Delgado. Ambas pesquisas apuntan a sistematizar denuncias que está recibiendo la Secretaría de Comercio y analizar mensajes en las redes sociales que circulan a través de granjas de trolls o mecanismos similares.

Cuando el ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas, anunció el establecimiento de precios máximos también advirtió que habría inspecciones que podrían derivar en acciones administrativas, pero también acciones penales para quienes violen los topes y/o fomenten las subas con distintos mecanismos. Mencionó puntualmente el artículo 300, que prevé de 6 meses a 2 años de prisión para “el que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercadería o género, con el fin de no venderla o de venderla a un precio determinado”. El castigo puede recaer tanto sobre personas físicas como sobre las empresas.

La secretaría de Comercio y la AFIP, con otros organismos, provincias y municipios, llevan hechas 2800 fiscalizaciones y 50 clausuras preventivas de aquellos comercios que incumplen los precios máximos establecidos por el Gobierno. Lo que buscan las investigaciones penales es establecer si existe una suerte de cartelización o acción mancomunada, en especial entre oligopolios, que puede encontrar también su soporte en los mensajes incluso publicitarios esparcidos. Por ejemplo, supermercados Jumbo, por redes sociales decía “¿Dejaste productos en tu carrito? ¡Aprovechá antes de que se termine el stock! Retirá tu pedido por la sucursal más cercana”. Así inducían a realizar compras masivas, como si se fuera a terminar la mercadería, y generar aglomeraciones. Por este tipo de hechos la secretaría de comercio también realiza imputaciones e impone multas, por empezar por violación a la Ley de Defensa del Consumidor.

El disparador de la investigación de Adler en Mar del Plata fue la difusión de las denuncias de la Liga de Consumidores y Usuarios de Mar del Plata, que informó que había recibido más de cien denuncias por subas de precios y Consumidores Argentinos señaló también que además había faltantes. Como se comprobó en algunos casos públicos en la Ciudad de Buenos Aires, farmacias que en el puerta tenían un cartel que decía “no hay alcohol en gel”, tenían un depósito lleno de frascos escondidos . Ambas organizaciones detectaron el aumento sostenido de precios en productos de almacén, de limpieza y de prevención como el alcohol en gel. Entre los alimentos, ponen el acento en carne, yerba y azúcar. También es visible el aumento en frutas y verduras. Por otro lado alertan sobre el incumplimiento con la atención a los afiliados de PAMI. Uno de los especialistas de estas entidades ya declaró por videoconferencia ante el fiscal Adler.

Ambas investigaciones pidieron informes a la Secretaria de Comercio de la Nación y, en el caso de Mar del Plata, a la subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense sobre qué formadores de precios han incurrido en diversas estrategias (por redes, medios o acuerdos) para generar el alza de precios. Apuntan a vendedores finales, distribuidores, mayoristas y canales de provisión. Indican además una búsqueda específica sobre material en redes sociales y medios periodísticos sobre “alzas concertadas de precios que se han detectado desde el inicio de la pandemia”. El fiscal Adler en particular pidió que los medios de comunicación informen sobre “proveedores y/o supermercadistas que infrinjan las normas” que establecen precios máximos.