El viernes 6 de marzo se confirmó en Perú el primer caso de coronavirus. A las 7:33 de la mañana, el presidente Martín Vizcarra inauguró por cadena nacional el conteo de la pandemia. Diez días después, cuando lxs infectadxs para las cifras oficiales superaban lxs 70, anunció la emergencia sanitaria, decretó la cuarentena general y ordenó el cierre de sus fronteras. Luego de 18 días, el 02 de abril, endureció la política de cuidado con una medida insólita : martes, jueves y sábados salen las mujeres. Lunes, miércoles y viernes, varones. Dos días antes, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá había anunciado una medida idéntica para ese país. La circulación basada en la diferencia sexual desnudó la otra pandemia, la de la línea dura del orden sociosexual de todos los tiempos. La que decreta para el universo el estricto binarismo de género a la que se suma una delegación oficial a las fuerzas armadas y policiales para ejecutar la vigilancia y el control del género.
El mismo Vizcarra en conferencia de prensa dijo que no se trata de una “medida de carácter homofóbico”. En las horas posteriores al anuncio, organizaciones LGBT y de derechos humanos sentaron sus repudios, expresando preocupación frente a una medida “que podría institucionalizar la transfobia”, en un país que aún no cuenta con una Ley de Identidad de Género. Fue Gloria Montenegro, Ministra de la Mujer, quien el mismo día salió a darle un manto performativo a la restricción: “las mujeres trans son trans y los hombres trans son hombres.”
En Chincha, a 200 kilómetros de Lima, al segundo día de la medida, se dio el primer ataque en manos de la Policía Nacional de Perú. A la misma hora, en Chapén, negaban a una mujer trans su ingreso a un supermercado de la cadena Tottus. En Huanuco, por la tarde, detuvieron a tres mujeres. Durante el transcurso de la jornada, los abusos cometidos por las fuerzas policiales se continuaron en el distrito de San Juan de Lurigancho, también en Lince y en el Callao. Ese mismo día se activó en las redes la campaña #SoyUnaPersonaTransYLoGrabareTodo.
Para Isabella Fernández de Feminas Perú, el escenario ya era crítico desde el inicio del estado de emergencia nacional. La primera orden de aislamiento social significó para la comunidad trans un estado de urgencia y de superviviencia. La disposición que reglamentó la restricción de circulación pública a partir de la diferenciación sexual agravó aún más el contexto, exponiéndolas a la tensión de “poder circular los días que les toca a las mujeres sin ninguna situación o juicio de transfobia.”
El gobierno peruano aprobó la emisión de un bono de 380 soles (más de 6.500 pesos argentinos) destinado a la “población vulnerable”, pero tuvo el congresista del Partido Morado, Alberto de Belaunde, que solicitar a la ministra de Economía y a la titular del Ministerio de Inclusión Social que incluyan en el padrón de lxs beneficiarixs del subsidio a la población LGBT, en especial a las personas trans en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
El proyecto de ley que busca el reconocimiento legal de la identidad y las expresiones de género, fue presentado en el Congreso de la República en el año 2016. “De alguna manera esa ley hubiera simplificado las cosas en este contexto, pero el proyecto de ley nunca se discutió, fue archivado en el Congreso. Y pienso que esto sirve para poner en evidencia que las personas trans estamos completamente invisibilizadas para el estado. Creo que la ley sirve para dar ciudadanía a personas trans pero no creo vaya a desaparecer este tipo de estigmas sociales”, señala Isabella Fernández.
Si la pandemia vino a reforzar la precariedad de estas existencias ya relegadas, para Santiago Balvín Gutiérrez, transmasculino no binarie y activista por los derechos humanos de las personas trans, la nueva restricción vino a exponerlxs no solo al abuso policial sino también a la violencia de la misma sociedad: “por cómo nos vestimos o expresamos, somos a quienes más van a vigilar y quienes más vamos a estar vulnerables a violencias, a maltratos y a que se nos cuestione.”
“No vamos a verificar su sexo, sino su apariencia” declaró Walter Martos, ministro de Defensa; pero Santiago Balvín Gutiérrez no considera que “esas cosas deban pasar por un juicio visual, porque si de una persona no conoces de qué género es o te genera un cuestionamiento sobre esto, sería ideal no abordarla con violencia. Y yo no creo que la policía o las fuerzas armadas lo hagan sin abuso de poder.” Estamos en la tierra que dio origen a “Con mis hijos no te metas”, la organización que después propagó por el continente el discurso de la “ideología de género”,. Estamos en el Perú, territorio de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y Serenazgo; en el país cuyo último presidente electo, tuvo que renunciar para no ser destituido.
