La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, brindó un informe ante la comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados en el que destacó la articulación con los gobiernos provinciales ante "una situación inédita" y manifestó su preocupación por las 21 denuncias de violencia institucional recibidas desde que comenzó el aislamiento obligatorio.
Además, Frederic analizó el cierre y control de los pasos fronterizos, y también dio cuenta de las dificultades que generan para el abastecimiento de alimentos y mercaderías que algunos gobiernos provinciales y municipios corten caminos.
Las denuncias de violencia institucional que rodean el accionar de las fuerzas federales en el marco de los operativos y el “ciberpatrullaje” para medir el “humor social”, fueron los ejes salientes de su intercambio con los diputados. “Estamos todo el tiempo atajando penales”, expresó la ministra sobre “la situación inédita” que generó el coronavirus y los distintos frentes que se abren a diario ante la emergencia sanitaria y las “zonas grises que hay resolver momento a momento”.
La ministra fue la cuarta integrante del gabinete nacional en exponer en forma virtual ante las comisiones de la Cámara baja en menos de una semana. Frederic destacó el trabajo del Comando Unificado Covid-19, que depende de su ministerio y del que participan las cuatro fuerzas de seguridad federal y un delegado del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Frederic resaltó la “articulación federal” con gobiernos provinciales, así como los acuerdos con los ministerios de a Mujer y de Justicia para colaborar en la atención de la violencia familiar y el resguardo de la seguridad sanitaria de los integrantes de las distintas fuerzas.
Frederic también mencionó ante los legisladores su preocupación sobre las 21 denuncias de violencia institucional de las fuerzas de seguridad. Detalló que dos de los casos se dieron en el conurbano y el resto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aclaró que todos se encuentran judicializados y que ya hubo sanciones y pases a disponibilidad de los uniformados involucrados, entre ellos 3 gendarmes. Además de insistir en la aplicación de los protocolos establecidos por el ministerio bajo “una conducción política clara”, para evitar los actos “represivos”.
Detalló, además, las actividades de la Gendarmería y la Prefectura en 96 de los 158 pasos fronterizos, en el resto comparte jurisdicción con el Ministerio de Interior y Aduana. En el marco del informe también los diputados recibieron información sobre el control de los ciudadanos que regresan del exterior, el transporte de carga terrestre y fluvial, el accionar de la policía Aeroportuaria en Ezeiza y el control operacional de los del interior del país ante vuelos sanitarios. Además, la ministra describió la participación de la Policía Federal y otras fuerzas en 2218 puestos fijos de control vehicular en los 24 distritos del país.
Frederic mostró gráficos donde detalló que durante las dos primeras semanas de aislamiento hubo 1.244.309 personas notificadas; 30.923 de las cuales recibieron infracciones -demoras, notificaciones o detenciones-; 912.637 vehículos controlados; y 2.534 secuestrados. Que en la segunda semana aumentó un 56 por ciento la cantidad de personas controladas y el mismo porcentaje de aumento se registró en las personas infraccionadas. En tanto, mientras que aumentó un 11 por ciento los vehículos controlados los secuestrados bajaron un 24 por ciento.
Al tiempo que de las casi 55 mil denuncias realizadas en la línea telefónica 134 por incumplimiento de la cuarentena, tan sólo el 7 por ciento fue derivado al Comando Unificado Covid-19, en la sede del Ministerio.
Aunque Frederic dijo no tener jurisdicción sobre las provincias (salvo el corte de rutas nacionales “que es delito”), sostuvo que su ministerio “desalienta” los cierres de provincias y municipios, que pudo “desactivar varios pero no todos” y que intercedió para solucionar el conflicto que se había generado entre las provincias de Chaco y Corrientes.
Ante los cuestionamientos de varios diputados sobre el “ciberpatrullaje”, la ministra respondió que “no es ciber espionaje” y que se trata del “rastreo público sobre la redes sociales, no el privado” para trabajar en la “disuasión”. “Es una lectura de lo que pasa en la calle, el primer indicador, no el único”, insistió Frederic y sostuvo que es para prevenir “situaciones de violencia” y “saqueos” que se alientas a veces desde las redes sociales.