El 26 de marzo pasado a en horas de la tarde una nena de 5 años que pesaba 12 kilogramos falleció por “shock séptico”, según consigna el certificado de defunción emitido desde el Hospital de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, al norte de la provincia.
La nena era hermana de otro niño de un año y tres meses que había fallecido la madrugada del 25 de marzo (el día antes) en su casa, ubicado en la comunidad wichí Vertiente Chica, paraje que queda a 30 kilómetros de la ciudad cabecera. Aunque por impulso de dos médicos de Santa Victoria Este se quiso culpar a los padres por ambas muertes, desde el Ministerio Público Fiscal se tomó otra determinación. Por el caso de la nena el próximo lunes habrá una audiencia de imputación a una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social.
La imputación se realizará en el marco de la investigación iniciada por el fallecimiento de al menos 13 niños en enero pasado, en los departamentos San Martín y Rivadavia. Además, el Ministerio de Salud informó a la fiscalía sobre otras 12 muertes de infantes, ocurridas en febrero pasado.
Así lo informó el Ministerio Público Fiscal, sobre la investigación que tiene a su cargo el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), de Tartagal, Pablo Cabot. Esta causa está, a su vez, supeditada al proceso que se inició desde el Ministerio Público Fiscal en enero pasado, cuando en un primer informe oficial el Ministerio de Salud de la provincia dio cuenta de trece fallecimientos de niños y niñas de hasta 5 años en los departamentos San Martín y Rivadavia solamente en enero. En febrero, según la misma fuente oficial, fallecieron doce chicos y chicas de esa edad, sumándose fallecimientos que ocurrieron en el departamento Orán.
El informe hasta febrero, que suma 25 muertes, es sustancialmente mayor a los que habían sido difundidos públicamente por informes de las propias comunidades indígenas. Esa cuenta llevaba 13 fallecimientos en lo que va del año.
La intervención de la Fiscalía de Tartagal comenzó en enero pasado, a instancias de actuaciones remitidas por la Procuración General de la Provincia de Salta tras empezar a conocerse de manera periódica sobre fallecimientos de niños y niñas a raíz de causas evitables. En la mayoría de los casos se trata de chicos y chicas que integran el Pueblo Wichí del norte provincial.
Imputación provisional
Esta semana el fiscal Cabot decidió imputar “provisionalmente”, a una funcionaria que se desempeña como Coordinadora de la Niñez (Formación de Desarrollo Integral), en Santa Victoria Este, quien “en fecha imprecisa, con posterioridad al 20 de marzo pasado, se dirigió a la vivienda de una familia, ubicada en Vertientes Chicas, a 30 kilómetros aproximadamente de Santa Victoria Este, cuyo hijo de un año de edad, había fallecido”.
El fiscal detalló en la citación a indagatoria que en esa visita, la funcionaria entrevistó a los padres del bebé fallecido y constató que otra hija, de cinco años de edad, “se encontraba en grave estado y requería asistencia médica, pese a lo cual no arbitró los medios pertinentes para que la menor fuese asistida de inmediato, sea mediante traslado en ambulancia u otro vehículo al Hospital de Santa Victoria Este, sea con la presencia de un médico o un enfermero en la vivienda de la menor, quien finalmente falleció el 26 de marzo, consignándose como causa de fallecimiento, en el certificado de defunción”.
Se suman muertes
En relación a los trece menores de edad cuyo fallecimiento fue informado oportunamente a fines de febrero pasado el fiscal remitió la documentación (historias clínicas y otros), al plantel médico del Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) Orán, para que determinaran si estas muertes se relacionan con cuadros de desnutrición o deshidratación, que causas son mencionadas como causas evitables. Se afirmó que el informe final se conocerá en breve. Según explicaron fuentes del Ministerio Público, la demora se suscita en que tras la declaración de la pandemia por coronavirus, el CIF está trabajando con un plantel reducido, limitado a realizar autopsias.
La directora de Salud Materno Infanto Juvenil del Ministerio de Salud Pública, Susana Velazco, remitió en marzo pasado el listado con la información de otros doce menores fallecidos, en febrero. De los doce casos informados en esta oportunidad, a los efectos de la investigación penal, ocho corresponden al Distrito Judicial Tartagal y cuatro, al Distrito Judicial Orán. En esos casos, también se dará intervención a la fiscalía de Orán.
La documentación sobre los otros doce niños fallecidos también será remitida a las médicas del CIF Orán, con el mismo pedido de precisión de la causa de la muerte.
