"Para quienes dicen todos los políticos son lo mismo, les contesto que para un analfabeto todos los libros son iguales", Alejandro Dolina
La unidad nacional para enfrentar la pandemia del coronavirus fue efímera. El sector más beligerante de Juntos por el Cambio impulsó el cacerolazo del 30 de marzo. La convocatoria se gestó en las redes sociales con cientos de cuentas fantasmas que instalaron el hashtag #AlbertoElMiserableSosVos.
El día anterior, el Presidente había expresado en su Twitter que “algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden”, en obvia alusión a los 1450 telegramas de despido de Techint. La maquinaria de los trolls fogoneó la protesta con dos consignas centrales: 1) rebelión fiscal y 2) reducción de los sueldos de los políticos.
Al mismo tiempo, la bancada de diputados de Juntos por el Cambio propuso la creación de un fondo específico para la crisis financiado con un recorte del “30 por ciento de los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ministros de la Corte Suprema, camaristas, jueces, secretarios, senadores, diputados, presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado", además de la Procuración y otros organismos descentralizados. Ese documento desató pujas internas en el bloque opositor.
Más allá de eso, la estrategia opositora/cacerolera desplazó el foco de atención ciudadana. La responsabilidad social de una compañía como Techint pasó a segundo plano. Según el ranking de la revista Forbes, la familia Rocca detenta la primera gran fortuna de Argentina con 8000 millones de dólares en 2019.
Volviendo al cacerolazo, la reducción de los sueldos de los funcionarios es una consigna apoyada por amplios sectores de la población. Es materia debatible si correspondería implementar un recorte salarial simbólico en medio de la pandemia.
Sin embargo, la identificación del “costo político” como responsable de la crisis no tiene el menor sustento económico. Para demostrarlo, la economista rosarina Celina Calore aporta los siguientes datos:
* El gasto en personal de la Administración Pública Nacional – incluyendo todos los Ministerios y los tres poderes del Estado – representa el 10 por ciento del Gasto Público Total.
* El grueso del Presupuesto Nacional se destina a: Servicios sociales (Seguridad Social, Salud, Educación, Seguridad): 60 por ciento, Servicios de la Deuda: 20 por ciento, Servicios Económicos (Subsidios Servicios Públicos y Transporte): 11 por ciento.
“Suponiendo un recorte del Gasto en Personal a la mitad de todos los trabajadores públicos, incluyendo médicos, docentes, policías, el Estado se ahorraría el 4,5 por ciento del Presupuesto Total del Sector Público Nacional”, concluye Calore.
Esos datos pueden ser desconocidos para muchos ciudadanos pero no para quienes organizan las campañas de desprestigio. Durante la etapa kirchnerista, la revalorización de la actividad política vino de la mano de la mejora de las condiciones de vida de la población. Ese proceso virtuoso dejó atrás el “que se vayan todos”, revitalizando la militancia juvenil de diferentes partidos/espacios. Aun así, los activistas nunca dejaron de ser una minoría intensa. Es un dato de la realidad que explica el terreno sobre el que operan los trolls.
En ese contexto, el desgaste de la dirigencia política no es inocente. Intenta erosionar la única herramienta que contrapesa el poderío de la elite económica.
@diegorubinzal
