En la tarde de ayer, el Procurador General de provincia, Jorge Barraguirre, decidió abrir una investigación entorno a la conducta del juez penal de Rosario, Nicolás Foppiani,  quien impusó una caución de 10 mil pesos para que Emanuel Rodas pudiera recuperar la libertad y a solicitud del fiscal, rechazó la oferta del defensor oficial de 4 mil pesos, que fue todo lo que la familia del limpiavidrios podía juntar. Cinco días después,el joven de 24 años falleció en la cárcel de Piñero por una "hemorragia interna" según un escueto informe preliminar que la autopsia que se conocerá en los próximos terminará de esclarecer. Foppiani había cobrado notoriedad recientemente al intervenir en un caso en la que ya había fallado una colega suya de primera instancia, al disponer la liberación del empresario Roberto Dutra y ordenar la restitución de la caución impuesta lo mismo que revocar la detención. Este asunto deberá resolverlo la Cámara de Apelaciones ya que se trata de un cuestión jurisdiccional, a diferencia del caso del joven muerto en la cárcel que aparece como una cuestión disciplinaria, por el carácter difinitivo de la situación ya que no hay apelación posible. En el curso de los proximos 15 dias, Foppiani podrá presentar su descargo -en caso de que el Procurador lo impute- y se aportarán elementos probatorios a la investigacion como la denuncia de organismos de derechos humanos (ver nota aparte) que se suman a la presentació de Barraguirre. Luego de eso, será la Corte Suprema la que determine los pasos a seguir. Entre las opciones están el apercibimiento, la multa o la suspension.

"En el dia de la fecha tomé conocimimento de la nota periodística publicada en el diario Rosario/12 en fecha 7 de abril del corriente año titulada 'Vidas debidas' efectuada por la Defensora General de la Provincia , doctora Jaquelina Ana Balangione, dando cuenta de una situación que, adelanto, amerita la apertura de una investigación administrativa", reza el primer párrafo de la presentación del Procurador dirigida al Secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Bordás.

Mas adelante, la nota hace referencia a los "estandares, como la mitigación de la prisionalización y la aplicación de salidas alternativas para delitos menores", y cita textualmente tres párrafos de la nota de la Defensora publicada en este diario:

“Ya se registran ocho muertes en distintas unidades penitenciarias. Algunas, terriblemente cruentas e inhumanas, que ameritan una sesuda investigación penal para determinar a sus responsables ¨[…] y que “[…] dentro de ese número se encontraban personas con libertades concedidas, o próximas a concederse como el caso de Emanuel Rodas, el joven qu falleció el viernes último en la Unidad Penitenciaria N 11 de la localidad de Piñero”.

Barraguirre retomó lo dicho por Balangione en cuanto a que “el Defensor Público de Rosario, Dra. Francisco Broglia, solicitó la libertad de su asistido en varias ocasiones. El día 29 de marzo por la mañana, el juez Penal Nicolás Foppiani otorgó la libertad a Rodas pero le impuso una caución de diez mil pesos que constituyó un escollo infranqueable que, al contrario, debería haber sido removido por un fallo fundado en las normas, opiniones y recomendaciones que surgen a partir de la pandemia”.

También el Procurador citó a Balangione en cuanto a que, “gracias al auxilio de la familia, el defensor Público ofreció al Magistrado cuatro mil pesos en dos pagos, cuestión que fue rechazada por el juez rotundamente sin atender a la vulnerabilidad socio económica y la imposibilidad de afrontar el pago. A la noche, Rodas comenzó a vomitar sangre en su celda y falleció camino al hospital por causas que aún no se conocen y que se determinarán en la autopsia que se realizará  bajo los protocolos de Minesotta y Estambul solicitados por la Defensa Pública”.

La Defensora General indicó que “para Rodas, la imposibilidad de recuperar su libertad, sin perjuicio de continuar sometido a proceso penal, fue de índole económica, dado que ni él ni su familiares pudieron afrontar el pago de una fianza de diez mil pesos impuestas por el juez Penal que intervino en su causa”.

Con todos esos argumentos, el Procurador actuó. "En razón de lo expuesto, considero pertinente que por vía de esa Secretaría de Gobierno se disponga se remitan en forma urgente a esta Procuracion General las actuaciones judiciales referidas al caso Rodas, al que la señora Defensora general hace referencia”, finaliza Barraguirre.

En un par de semanas, será justicia.