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El domingo a la mañana Florencia Magalí Morales, de 39 años, andaba en bicicleta por la calle Rivadavia, en Santa Rosa de Conlara, en provincia de San Luis, cuando fue interceptada por la policía puntana en presunta violación de la cuarentena. Su DNI tiene terminación impar, lo que no la habilitaba a salir conforme las disposiciones locales vigentes, y tampoco tenía con ella el documento, por lo que le informaron que le formarían causa por el artículo 205 del código penal. La mujer entró en crisis e intentó forcejear con los policías. A uno de ellos le hizo un rasguño por lo que sumaron la acusación por atentado y resistencia a la autoridad y la encerraron en un calabozo de la comisaría 25. Horas después, fue encontrada sin vida, ahorcada, según se presume, con un cordón del buzo que vestía.
La oficina de prensa del Poder Judicial publicó un comunicado referido al caso de Morales, donde se hace un detallado repaso de las actuaciones de la policía y de los funcionarios judiciales, y confirma que la mujer murió por asfixia mecánica.
El texto del periódico judicial ahonda en algunos detalles del procedimiento policial, dando a conocer, por ejemplo, el nombre de los policías que intervinieron en la detención, uno de los cuales fue rasguñado por Morales. También explica que, una vez hallado el cuerpo, la celda y el cadáver fueron revisados por el médico forense Gustavo Lafourcade en presencia del criminalista Eduardo Alonso, de Valentín Fornisari, el secretario en turno del Juzgado Multifuero de Santa Rosa, del subjefe de la Unidad Regional III, comisario Jorge Bustos, y de personal de la División Criminalística de dicha unidad.
Página/12 pudo saber que a pesar de que en principio el juez Jorge Pinto, del juzgado multifuero de Santa Rosa de Conlara, investigaba un presunto suicidio, ahora analiza una "averiguación de muerte". Hoy fue agregado al expediente el resultado de la autopsia, con el siguiente extracto: “Causa inmediata de la muerte: muerte por asfixia mecánica. Data de muerte: tiempo inferior a las tres horas”. Lo que no indicaron es cuál fue el elemento empleado para el ahorcamiento, que supuestamente fue un cordón que Morales obtuvo de la capucha del buzo tipo canguro que llevaba puesto. Tampoco si el cuerpo tenía evidencia de otras lesiones, derivadas, quizá, del forcejeo con los efectivos que la detuvieron. El parte judicial indicó que el juzgado espera que el Laboratorio de Policía Científica de la Jefatura Central de la Policía de San Luis le eleve los resultados de los análisis toxicológicos que van a practicarle a varias muestras de tejido y fluidos de la víctima. Su cuerpo ya fue entregado a familiares.
Según el informe provincial, al que accedió Página/12, el jefe de la policía de San Luis, José Darío Neira, ordenó la suspensión temporal de Marcos Dionisio Ontiveros, jefe de guardia de la comisaría 25 de Santa Rosa de Conlara, que estaba a cargo el día que Morales apareció sin vida en uno de los calabozos de la dependencia.
De acuerdo al parte oficial, los guardias encontraron a la mujer que “tenía asido a su cuello un cordón (posiblemente de la capucha del buzo que vestía) atado en el otro extremo a la bisagra superior de la puerta enteriza de madera de la celda. Los policías al verla intentan reanimarla mientras buscan ayuda en el nosocomio local”.
Madre y abuela sola
Morales era mendocina, de Las Heras, y un año atrás se había instalado con su familia en la localidad ubicada a unos 200 kilómetros de San Luis capital. Criaba sola a dos hijos y una nieta. En medios puntanos fuentes policiales dijeron que "posiblemente" la mujer "estaba con tratamiento psicológico, se había separado de su esposo violento y era madre de una joven procesada por presunto homicidio", como si ésos hubieran sido causales de un presunto intento de quitarse la vida.
La hermana de Magalí se llama Andrea Morales y vive en Mendoza. Ella está convencida de que la mataron. Florencia sí sufría violencia de género dentro de su casa, y era abuela de una niña de dos años asesinada el año pasado.
"Hemos tomado conocimiento del grave hecho que se está investigando a través de la familia de la víctima, notas periodísticas y del propio comunicado que ustedes hicieran público oportunamente. Es intención de la familia Morales presentarse formalmente en la causa, para participar activamente en la investigación con los alcances que la ley les otorga", escribió el abogado Ismael Jalil, de Correpi, en su misiva al juez. Este caso había sido destacado por la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), que viene haciendo un relevamiento en todo el país y ya lleva 14 informes .
“Se vive con mucho dolor no solo porque sea una mujer, sino por la situación que estaba pasando porque tiene una hija detenida. Es muy triste porque la conocíamos. Estamos esperando novedades en cuanto a la autopsia y seguiremos las medidas que disponga el juez”, se limitó a declarar Marta Ponce, intendente de Santa Rosa del Conlara. Por su parte, el diputado de Libres de Sur Joaquín Mansilla compartió un mensaje de la hermana de Morales, en el que asegura que la mujer fue asesinada.
