Desde España

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves con el respaldo a regañadientes de la oposición de derecha la petición del gobierno de España de una segunda prórroga del estado de alarma, declarado el pasado 14 de marzo. Con esta nueva extensión, el confinamiento de los españoles se alargará hasta el 26 de abril, pero todo indica que se está todavía ante unos plazos provisionales. El presidente, Pedro Sánchez, reconoció que cuando llegue el momento lo más probable es que tenga que solicitar una tercera extensión, con lo que el encierro de la población se alargará otras dos semanas para llegar hasta un total de casi dos meses. Ni siquiera está claro que esa prórroga vaya a ser la última.

La decisión de continuar con las medidas de confinamiento, aunque más atenuadas que las que se cumplieron estas dos últimas semanas, se toma en un contexto en el que las cifras oficiales de muertos y contagiados comienzan a dar un respiro. El crecimiento de ambos parámetros, aún con altibajos puntuales en algunos días, empieza a entrar en una meseta, lo que indica que ya se ha llegado al techo que vaticinaron los expertos al comienzo de la crisis. En aquel momento se adelantó que antes de que las cifras comenzaran a caer se entraría en una etapa como esta, de estabilidad con ligera tendencia a la baja.

Este jueves se contabilizaron 683 nuevas muertes, lo que supone un descenso en relación a los dos días anteriores, cuando se registraron leves subidas consideradas excepciones a la regla general de estabilización con tendencia descendente. El número de muertos por coronavirus en todo el país ya asciende a 15.238, y el de contagiados, a 152.446, el 10 por ciento de los registrados en todo el mundo.

El crecimiento diario de todas estas cifras está ya por debajo del 5 por ciento, muy lejos del 20 por ciento con el que incrementaban al comienzo de la crisis sanitaria. Lo que sí crece a un ritmo mayor, por encima del 8 por ciento, es el de los curados, cuyo número se sitúa en 52.165. Al haber más altas que ingresos en los hospitales, el riesgo de colapso sanitario se aleja. Era el principal objetivo que se perseguía al ordenarse el confinamiento de la población hace ya casi un mes.

Sin embargo, esta situación llega en un momento en el que todas las cifras oficiales se ponen en cuestión, sobre todo porque la escasa dotación de test con los que cuenta el sistema sanitario español impide hacer las pruebas para comprobar el número real de infectados y también la causa real de las muertes que se producen fuera de los hospitales. El propio gobierno considera la posibilidad de que el 90 por ciento de los infectados, la mayor parte asintomáticos, desconozca su condición de portadores del virus. Hay estudios que estiman que el número real de españoles contagiados puede contarse por millones. Por eso, el gobierno ha decidido hacer un macro muestreo con 30.000 familias para de esa manera tener un panorama más real. Las pruebas comenzaran a realizarse la semana que viene.

La situación más conflictiva se plantea con el número de muertos, ya que las cifras oficiales sólo contabilizan los fallecimientos hospitalarios de pacientes previamente diagnosticados. El cuestionamiento a la contabilidad oficial de muertos saltó este miércoles, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, una de las regiones más extensas y envejecidas de España, comparó el número de licencias de enterramiento concedidas en marzo con los del mismo mes del año anterior. Comprobó que las de 2020 eran el doble que las de 2019. El alto tribunal llegó a la conclusión de que de las 3.319 licencias de enterramiento concedidas el mes pasado, 1.921 eran por coronavirus o causas compatibles con el mismo. Las cifras oficiales sólo atribuían al Covid-19 un tercio de estos decesos. Castilla La Mancha no figura entre las regiones más pobladas de España, pero lo sucedido allí ha activado las alarmas sobre cuáles pueden ser las cifras reales en todo el país.

En medio de esta polémica, Pedro Sánchez acudió este jueves al Congreso para pedir la aprobación de la segunda prórroga del estado de alarma, hasta el 26 de abril, y de un conjunto de medidas económicas criticadas por excesivas por la oposición de derecha y consideradas insuficientes por la pequeñas formaciones situadas a la izquierda del gobierno. En este paquete figuran la prohibición de realizar despidos, la moratoria en el pago de las cuotas sociales a autónomos (monotributistas) y pymes y ayudas para el alquiler y a trabajadores temporales que hayan perdido el empleo.

La extensión del estado de alarma, y con él del confinamiento de la mayoría de los españoles, salió adelante con la única oposición de los diputados de Vox, la formación de extrema derecha que con retórica golpista reclama la dimisión de Sánchez y sus ministros y la formación de un gobierno de emergencia con sólo cuatro ministerios.

A la hora de votar el paquete de medidas económicas, el Partido Popular, principal fuerza de la oposición, sumó sus votos a los de Vox y también se posicionó en contra en la mayoría de las propuestas. El presidente del PP, Pablo Casado, adelantó además que difícilmente dará su apoyo a Sánchez cuando dentro de dos semanas vuelva al Congreso a pedir una nueva prórroga del estado de alarma. El consenso que el presidente del Gobierno reclamó hace un mes para combatir la pandemia y que ahora pide para un gran pacto que permita hacer frente a la crisis económica hace aguas por su flanco derecho.