A contramano de quienes se esperanzan con que la salida de la pandemia imponga políticas más igualitarias a nivel social y económico en todo el mundo, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, advirtió que "la epidemia se está usando para justificar cambios represivos de la legislación" en varios países y también para limitar la libertad de prensa. Además, Bachelet resaltó que la pandemia "tendrá efectos desproporcionados en los más pobres". 

La alta comisionada --durante una conferencia virtual del Consejo de Derechos Humano-- evitó dar ejemplos concretos aunque los casos de mayor endurecimiento del rol del Estado ocurren en países como Hungría, India, Polonia o Filipinas. En ese último país, el presidente ultraderechista, Rodrigo Duterte, ordenó disparar a matar a quienes violaran la cuarentena.   

En tanto, en Hungría, el Parlamento dio poderes al primer ministro, Viktor Orban, para que gobierne e incluso legisle por decreto bajo un estado de emergencia de duración indeterminada. Mientras que en India, los ciudadanos deben usar una aplicación de geolocalización que permite al gobierno comprobar que cumplen con la cuarentena. 

Sin limitarse al rastreo de ciudadanos con el virus como excusa, los casos exitosos de lucha contra el Coronavirus, como el de China o Corea del Sur, también tuvieron un fuerte punto de apoyo en el nivel de control de datos, el "estado policial digital", avalado por la propias sociedades, como explicó el filósofo surcoreano Byung-Chul Han en un columna reciente. 

Por eso, la ex presidenta chilena destacó que "la epidemia se está usando para justificar cambios represivos de la legislación convencional, que seguirán en vigor mucho después del final de esta emergencia".

Cárceles y pobreza 

Además de señalar con preocupación los casos de gobiernos que utilizan la pandemia como excusa para concentrar más poder represivo en manos del Estado, Bachelet también advirtió sobre la vulneración de derechos sociales y económicos que la crisis sanitaria puso en evidencia a nivel global como lo que ocurre en las cárceles y barriadas pobres. 

La representante de la ONU subrayó que la pandemia está revelando las desigualdades sociales tanto en acceso a las redes de atención sanitaria como en protección laboral, incluso en países desarrollados. "Tendrá efectos desproporcionados en los más pobres", tal como lo evidencia un estudio del gobierno autonómico de Cataluña, que muestra cómo el nivel de contagio es hasta siete veces mayor en los barrios más populares, puso como ejemplo la ex presidenta de Chile, algo que se evidencia aún más en los barrios populares de Latinoamerica . 

Asimismo, reparó en la situación de las personas privadas de su libertad, que se encuentran en mayor riesgo de contagio por las condiciones propias de los centros penitenciarios y convocó a las autoridades a adoptar medidas "como la reevaluación de los casos de prisión preventiva" con el fin de identificar aquellos casos que podrían cumplir su condena con medidas alternativas al confinamiento.

La Alta Comisionada evaluó que su número debe ser "cuidadosamente reducido para evitar una expansión explosiva" y rechazó los planes de algunos países para dictar penas de prisión a quienes violen las normas de distanciamiento social porque "ello seguramente exacerbaría la epidemia".

Violencia de género y censura 

Al hablar del confinamiento obligatorio, Bachelet mencionó también el aumento de la violencia doméstica  y señaló, como ejemplo, las subas estadísticas en España y Francia. 
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Por otro lado, se quejó de la censura a la prensa que se ha registrado en algunos países: "Se ha informado de periodistas sancionados por reportar sobre escasez de mascarillas, trabajadores sanitarios reprendidos por decir que no tienen suficiente protección o gente detenida por hablar de la pandemia en redes sociales", denunció.