La fiscalización de 950 cuentas bancarias con u$s 2600 millones de argentinos en el extranjero, no declarados en el país, abre una puerta que el Estado nacional nunca cruzó. Hay otros miles de cuentas --se habla de más de cien mil-- que forman parte del "paquete de información" que recibió la AFIP de otros organismos fiscales del exterior, que también corresponden a ciudadanos argentinos, de las cuales se tomó para su análisis aquellos cuyos saldos superan el millón de dólares. Pero el análisis de todo el conjunto puede llegar a dar con la primera "revelación seria" por parte de un organismo oficial sobre la identidad de parte de los responsables de una fuga de divisas que, en los últimos cuatro años, promedió los 20 mil millones de dólares anuales. Y que llevaría acumulado en el exterior un monto de 400 mil millones de dólares o más, de argentinos que "se llevaron un PBI" y algo más.

La tarea que tiene en manos la AFIP en estas horas no es la investigación en sí, sino la fiscalización y posterior demanda de la pretensión fiscal, es decir exigir el pago del o los impuestos que correspondan sobre esos activos fugados. "Es una inspección ya hecha, es un ajuste impositivo regalado", comentó irónicamente un ex funcionario de la DGI ayer en diálogo con Página 12, en el sentido de que la AFIP está recibiendo una información oficial, de un organismo público del país en el que está radicada la cuenta, y simplemente tiene que verificar que ese activo no está declarado en Argentina y reclamar a su titular el pago de la deuda (impuestos más intereses más multas).   

Una estimación preliminar sobre las 950 cuentas analizadas por la AFIP arroja datos ilustrativos. Los titulares de 700 de las mismas no habían presentado declaración jurada de Bienes Personales, o la habían presentado pero no declararon tener bienes en el exterior. La estimación del monto de impuesto a los bienes personales que dejaron de pagar supera los 50 millones de dólares. Cabe señalar que, entre aquellos que ni siquiera presentaron declaración jurada, hay cuentas cuyo saldo supera los 20 millones de dólares.

Uno de los objetivos que se planteó la gestión que encabeza Mercedes Marcó del Pont en la AFIP es ampliar la base imponible del impuesto a los Bienes Personales, el impuesto a la riqueza, "uno de los más progresivos" del sistema tributario local. Esto significa conocer la real dimensión patrimonial de una clase alta que ha tenido la costumbre de ocultar en el país o fugar al exterior una parte no menor de sus bienes. Los elementos que tiene en sus manos la AFIP puede resultar un material valiosísimo en tanto permita individualizar a los fugadores y los mecanismos que facilitan la fuga.

No son sólo las 950 cuentas las que representan a los millonarios fugadores. Las restantes miles de cuentas que se irán fiscalizando en sucesivas etapas también indican quiénes son los dueños de un depósito de 100 mil o 500 mil dólares en el exterior, no declarado en el país, que con toda seguridad no es lo único que le ocultan al fisco.

El último registro analítico de las declaraciones juradas en el impuesto a los Bienes Personales (Anuario AFIP de 2017) revela que sólo 32.484 contribuyentes declaraban tener bienes o riquezas superiores al millón de dólares. En conjunto, sus patrimonios declarados sumaban 104 mil millones de dólares. La dimensión de los datos que va desencriptando la AFIP indica que los contibuyentes del impuesto a la riqueza, y los activos que declaran, son apenas una porción de la realidad. 

Un ex banquero, experto en cuestiones de transferencias y fuga, señalaba a este diario que "si alguien deposita un millón o veinte millones de dólares en el exterior, es porque tiene un patrimonio total de por lo menos cinco veces esas cifras, entre inmuebles, vehículos y activos líquidos en el país, más otras propiedades en el exterior".  Marcó del Pont tiene en sus manos la punta del hilo para empezar a desmadejar ese ovillo. Y ya empezó a hacerlo.