Al menos 20 mil familias viven en 154 asentamientos en la provincia, según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). El municipio de Tartagal tiene 43 barrios populares; Capital, 39 y la villa turística de San Lorenzo, 6. Los datos fueron relevados por las organizaciones sociales CTEP, Techo, Cáritas, CCC y Barrios de Pie. No están contemplados todos los barrios marginados de la provincia.

En Capital, los referentes sociales suelen nombrar como un barrio más al asentamiento de Pasaje Saravia, con éste serían 40. Está ubicado a continuación del barrio Ampliación 20 de junio. En el registro fueron tomados como uno solo. 

El director general de la sede Salta de la organización Techo Argentina, Carlos Durán, explicó que el 70% de los habitantes de estos barrios dependen del trabajo informal. La crisis generada por la pandemia de coronavirus ha producido un "parate total en la economía", lo que agravó las condiciones de vida para quienes sobreviven con changas. Por ello han lanzando una campaña de donaciones de dinero para la compra de alimentos y elementos de limpieza que se destinarán a comedores (en www.techo.org .ar).

"Van tres semanas en cuarentena, ha ido creciendo la emergencia social y alimentaria en los barrios populares. La gente que está sin ingresos no puede cumplir con necesidades básicas como la alimentación. La consigna es quedate en casa, pero nos preguntamos qué pasa cuando no tenés casa y las condiciones no son las mismas en los barrios populares que en otros", planteó Durán. Añadió que el impacto más grande de la crisis será en estos lugares. 

El decreto nacional 358 del año 2017 y luego la ley 27. 453, de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, permitieron relevar 4.416 barrios populares a nivel país, donde viven 4 millones de personas, indicó Duran.

Precisó que en la provincia de Salta son 154 barrios populares habitados por 20 mil familias. El 98% no tiene acceso a agua potable, ni red de cloacas. Más del 60% no tiene acceso a conexión formal de energía eléctrica. En los departamentos San Martin y Capital está el 80% de los asentamientos registrados por el RENABAP.

Tartagal es el municipio con más asentamientos, el 70% de su población vive allí. 7 de cada 10 personas no tiene agua, luz, ni cloacas.

En el RENABAP pueden anotarse asentamientos que están formados por 8 familias, como mínimo, en los cuales más de la mitad de la población no tiene título de propiedad ni acceso a dos servicios básicos (agua corriente, energía eléctrica con medidor o red de cloacas).

"Uno de los factores principales es la emergencia habitacional, trabajamos en Techo con un programa de construcción de vivienda de emergencia", sostuvo Durán . Para cubrir la emergencia habitacional extrema, estimó que solo en Capital se requiere construir mil viviendas para mil familias.  

El director de Techo dijo que han entablado contacto con el gobierno municipal y provincial pero que aún no han concretado "nada en conjunto". Advirtió que hay personas que están quedando fuera de los programas de asistencia en particular del gobierno nacional, como la tarjeta alimentaria o el ingreso familiar de emergencia porque no pueden acceder sin DNI o sin internet para registrarse. Recomendó a los gobiernos apoyarse en referentes y referentas sociales de los barrios para relevar y acercar soluciones.

Durán contó que en los barrios populares del país se producen incendios y hay personas que mueren en accidentes por falta de acceso a la red eléctrica formal. Por eso, la exigencia de la Mesa de Barrios Populares, que integra Techo, es "que se pueda asegurar la conexión formal a la energía eléctrica, contar con medidor y atención adecuada".

El director de la ONG dijo que "cuesta mucho" que avancen las gestiones de conexión de energía eléctrica porque hay muchas trabas para que eso suceda.

"Se requiere autorización municipal, llenar un formulario, chequeo técnico, verificación del catastro del terreno donde se quiere habilitar la conexión eléctrioca y el problema está en la falta de regularidad en la tenencia", detalló. Esto ocurre pese a que la ley 27.453 permite que los barrios populares inscriptos puedan acceder a un Certificado de Vivienda Familiar para probar su domicilio y solicitar servicios de agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas. La ley declara a los inmuebles de interés publico y sujetos a expropiación.

Este año la Municipalidad de Salta autorizó a ocho barrios populares para conectarse a la energía eléctrica.