El proceso de toma de conciencia generalizado sobre la necesidad de aumentar cada vez más las medidas de prevención contra el coronavirus es un elemento clave del éxito que está teniendo el país en su lucha contra la pandemia. Lo comprendió primero que nadie el gobierno nacional, pero también lo internalizaron rápidamente gobernadores, intendentes, la mayor parte de la oposición y una proporción muy masiva de la sociedad. Existe un amplio consenso respecto de que la prioridad es el cuidado de la salud. En esa línea, hubo respuestas rápidas y efectivas, incluso con correcciones sobre la marcha, en función de la dinámica de la crisis. Por ejemplo, el viernes 13 de marzo se anunció la continuidad de las clases y dos días después se dispuso lo contrario, y la suspensión seguirá con lógica por un buen tiempo más. En el comportamiento social cotidiano se advierte la misma evolución, desde la etapa de escepticismo sobre el real peligro que implica la propagación del virus hasta la colocación voluntaria de barbijos o tapa bocas caseros para no contagiar a otros si se es portador asintomático del covid-19. Y en varios distritos eso que antes era una posibilidad lejana se convirtió en algo obligatorio.

Esa respuesta virtuosa en el terreno sanitario atentó contra la salud de la economía. No solo en la Argentina, en el mundo. El FMI advirtió que este año habrá caídas del PIB nada menos que en 170 países, un hecho inédito desde la creación del organismo después de la segunda guerra mundial. La paralización de actividades que implica la cuarentena está dejando un tendal de quebrantos económicos, sobre todo en los sectores más débiles del entramado productivo y del comercio. Pero también, y tal vez con mayor intensidad, en el segmento de trabajadores cuentapropistas, precarizados por la impunidad del mercado que figuran como monotributistas y facturan más de 34.800 pesos mensuales, quienes por ahora están quedando afuera de las medidas de transferencia directa de dinero del Estado nacional. Se trata esencialmente de aquellos que se ubican en las categorías C (facturan desde 34.800 pesos promedio por mes) hasta la E (con ingresos desde 69.600 pesos mensuales). Son cerca de un millón de personas. La canasta de pobreza para una familia de cuatro integrantes se ubica en este momento en 40.790 pesos.

Pero el universo de sectores no del todo amparados por las medidas oficiales es mucho más amplio. Las empresas de luz y gas quedaron autorizadas a cortar el servicio a los trabajadores en relación de dependencia con sueldos brutos superiores a dos salarios mínimos, 33.750 pesos o 28.350 pesos de bolsillo. Lo mismo ocurre con los jubilados, los monotributistas y los beneficiarios de pensiones no contributivas que perciben más de dos salarios mínimos. Asociaciones de consumidores denuncian que están llegando intimaciones de pago a usuarios de esos segmentos que se atrasan con las facturas. Es decir que a la catástrofe personal y colectiva que están sufriendo se le suma la amenaza de quedarse sin servicios indispensables para transitar una cuarentena. Más allá de que las distribuidoras después no materialicen los cortes, la sola presión de la advertencia es un costo adicional en personas en situación por demás vulnerable.

El Ingreso Familiar de Emergencia también está pensado para los más desprotegidos de la sociedad. El hecho de que las familias que tengan al menos un integrante con un ingreso formal del sector privado o del Estado –por ejemplo, un jubilado de la mínima que gana 15.900 pesos o el titular de una pensión no contributiva de 10 mil pesos-, con excepción de la Asignación Universal por Hijo y Embarazo y quienes trabajan en el servicio doméstico, los excluye del subsidio de 10 mil pesos. El criterio es demasiado restrictivo en el contexto actual, donde familias enteras quedaron con ingresos mínimos por la imposibilidad de desarrollar actividades.

La razón principal para diseñar políticas de asistencia segmentadas por sectores sociales y no universales, si se quiere con escalas progresivas, empezando por los que sufren una mayor exclusión, es la restricción presupuestaria. Si el Gobierno creara la Asignación Universal por Coronavirus el impacto de la crisis económica sería más soportable para millones de personas que en este momento hacen equilibrio en una cornisa.

Hasta el momento el Gobierno anunció medidas para responder a la crisis por 550 mil millones de pesos, sin contar los desembolsos para ampliar la asistencia alimentaria a más de 3 millones de personas –pasó de 8 millones a 11 millones-, la próxima implementación del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción –por el cual el Estado asumirá el pago de una porción de la nómina salarial de las empresas de hasta 100 empleados-, la reactivación de los planes Repro –sobre todo para las compañías con más de 100 trabajadores-, ni acciones previas como la recuperación de la cobertura al ciento por ciento en remedios para jubilados.

Es decir, el Gobierno viene desplegando un programa de contención inédito, más si se toma en cuenta que deberá extenderlo tanto como dure la cuarentena, como mínimo. Eso significa que los 550 mil millones de pesos actuales seguramente se duplicarán o crecerán más que eso en el balance total de la emergencia por el coronavirus. Para tomar dimensión, los pagos de deuda previstos en el presupuesto de este año en el proyecto que había enviado el gobierno anterior al Congreso, se estipulaban desembolsos por 1,2 billones de pesos. Traducido: dos veces lo que se invirtió hasta ahora en respuesta a la pandemia.

Esa ayuda monumental hubiera sido impensable antes de marzo. No entraba en ningún escenario que se pudiera destinar tanto dinero al auxilio social. Tampoco que se pudiera plantear la creación de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que en este momento es indispensable tanto por la necesidad de fortalecer las arcas del Estado como para enviar un mínimo gesto de equidad en una situación nunca antes atravesada por el país con semejante gravedad.

El punto, entonces, es que todo cambió de manera radical. Lo mismo que sucede en materia sanitaria debe ser asumido en el orden económico. La toma de conciencia de lo extremo de la situación que se enfrenta necesita ser reforzada para cubrir a millones de familias que en este momento están quedando al margen del apoyo que requieren. El Gobierno ha dado pruebas de que el Estado sabe que tiene que socorrer a la sociedad y poner límites al poder económico y especuladores de toda talla. Pero por ahora viene corriendo detrás de las necesidades en esa tarea. Por supuesto que el desafío es mayúsculo desde lo fiscal, lo operativo y también por los poderes reales a enfrentar, los cuales tal vez hasta tengan más músculos que el propio Estado, como por momentos exhiben el sector financiero y los prestadores de servicios públicos.

Garantizar la cuarentena, que según los expertos en salud pública es la mejor respuesta al día de hoy contra el coronavirus, obliga sin embargo a pisar a fondo el acelerador para seguir avanzando en la dirección correcta.