En medio de la histórica bajante que enfrenta la cuenca del río Paraná e innumerables testimonios que desde hace dos semanas circulan en redes sociales sobre la depredación de peces en ríos, arroyos y lagunas, en especial los de valor comercial como surubí y dorado, el gobierno provincial advirtió a los pescadores comerciales que el hecho de que esa actividad está exceptuada del periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio, "no por ello la normativa vigente que regula la actividad se discontinua".
Se anunció que se fiscaliza con "mayor rigidez, para lo cual se coordinaron refuerzos de patrullaje y control con Prefectura Naval Argentina y las fuerzas de seguridad con el fin de controlar carnet de pesca comercial, documentación de fiscalización, cantidad y dimensiones de las piezas". Se informó de "diferentes operativos confiscando mayas, pescado en tránsito y realizando actas de sanción frente al incumplimiento de la ley" y de un operativo en la Boca de Monje, donde se informa sobre la comercialización de 40 surubíes con destino a Alto Verde que no habían sido fiscalizados para ser transportados y por lo tanto se procedió a un allanamiento".
La provincia recomendó a los pescadores, vinculados a la pesca artesanal y comercial, que actúen con la máxima responsabilidad, cumpliendo estrictamente la normativa vigente en lo que hace a tamaños mínimos de cada especie y regulaciones sobre artes de pesca.
Sumado a ello, el contexto hidrológico que atraviesa el río Paraná a través de esta bajante histórica genera una desconexión de la mayor parte de sus lagunas. Los bancos de cauces principales podrían estar siendo utilizados como refugio para los peces, así como también, las lagunas desconectadas. Frente a esto, el recurso ictícola debe ser preservado.
