La Semana Santa en cuarentena se vio sacudida en el ámbito político salteño por dichos de un periodista que destrató a la intendenta Bettina Romero, por su sola condición de mujer. La diputada provincial Silvia Varg de Nioi salió al cruce de estas expresiones con una carta abierta en la que advirtió que son demostrativas de "lo difícil que es aún para las mujeres hacer política en Argentina y muy especialmente en Salta". 

"Tengo claro que la función pública sigue diseñada por un paradigma patriarcal que nos somete a riesgos inusitados cuando asumimos cargos importantes", sostuvo la legisladora, que es también periodista y se especializó en estudios de género, al responder dichos del periodista Mario Peña.

Este sostuvo que cuando Bettina Romero era diputada provincial presentó un solo proyecto de ley en dos años y en ese lapso "tuvo uno o dos embarazos, los cuales se los pagó el Estado, porque indudablemente que no trabajó". Y la calificó de "intratable", "una nena caprichosa", que "de política no tiene la más mínima idea" y aseguró que accedio a los cargos en los que fue electa solo por su padre, el senador nacional Juan Carlos Romero. 

"No se le pregunta a ningún varón cuando llega a la función pública si está casado, tiene hijos, o si es buen profesional. A nosotras sí se nos pregunta y tenemos que demostrar que además de hacer política, ser funcionarias y/o profesionales capaces, somos buenas madres y excelentes esposas", retrucó Varg de Nioi. "Se le escapa que hemos recorrido un largo camino de la sumisión a la libertad. Y a su desmesura y misoginia, la repudiamos porque incitan a la violencia y nos indican que todavía no podemos bajar la guardia. Si lo hacemos, también nos matan", agregó. 

Las expresiones del comunicador provocaron la reacción de otras referentes de la política salteña que en las redes sociales criticaron su misoginia. Varg de Nioi adelantó que presentará una denuncia ante el Instituto contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (Inadi). Anoche se conoció un texto dirigido al Inadi, suscripto por un grupo de once mujeres, entre ellas Varg de Nioi y la ex jueza de Corte María Cristina Garros Martínez, en el que se denuncia la conducta "discriminatoria, misógina y violenta por su condición de mujer con dichos agraviantes, estereotipados y sexistas dirigidos hacia la persona de la intendenta de la Ciudad de Salta", Bettina Romero. 

Las denunciantes aseguran que esto se hizo con el propósito de "limitar la imagen de la mujer política, representarla mediáticamente en su papel casi de intrusa en la política, construyendo una imagen de mujer desde la compasión, la emoción y recluida solo a lo social y no a la conducción y liderazgo, trivializando su vida privada, sus planes domésticos, sus relaciones familiares, y por ello, en el ejercicio de derechos fundamentales". 

Afirman que con esto se incurrió en "discriminación por cuestiones de género, además de violencia política y simbólica en los términos de ley 23592 y 26485", que pena a quien busca la “aniquilación simbólica de las mujeres en los medios de comunicación, resultando contraproducente al no mostrar imágenes positivas que permitan representaciones adecuadas al colectivo femenino, provocando un debilitamiento entre la vida profesional y familiar de las mujeres". Y piden al Inadi que obligue al comunicador a no volver a hacer "manifestaciones sexistas y descalificatorias en contra de la señora Bettina Romero, y se lo intime a la retractación pública de sus manifestaciones, pedido de disculpas públicas", y a capacitarse en cuestiones de género. 

En la presentación se destaca que es posible distinguir entre discriminaciones expuestas y ocultas. Entre las primeras, está la discriminación en razón del sexo, en este caso quien opinó "no tolera y aborrece que una mujer (...) ocupe el cargo de intendenta del municipio Capital de la Provincia de Salta". 

"Las segundas se encuentran agazapadas en actos u omisiones que invocan determinadas razones, tales como la minimización de la figura femenina en un ámbito de conducción, la ironización de su tarea legislativa durante el mandato como diputada, los cuestionamientos acerca de su maternidad y la banalización de los derechos reproductivos" a la vez que "intenta instalar" de que el embarazo, dado que tuvo uno solo, de Bettina Romero tuvo como objetivo "acceder a los beneficios de la seguridad social que brinda el Estado a toda mujer en ese estado biológico", con lo cual se buscó colocar en un lugar de inferioridad "las capacidades laborales de la intendenta y reproduciendo un estereotipo sexista al descalificarla como una 'nena caprichosa' cuestionando la capacidad racional de las mujeres". 

Las denunciantes aseguran que estas manifestaciones violan la garantía de igualdad que otorga la Constitución Nacional, y le pidieron al Inadi que actúe para "Promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual". 

Asimismo, reseñan las normativas internacionales y nacionales que establecen que la discriminación es un acto de violencia. En ese sentido recordaron que la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres establece la obligación del Estado argentino de "tomar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres".  

"Acciones de esta naturaleza retrasan en el avance de la construcción de actores y actoras polític@s en un plano de igualdad", enfatizaron. Recordaron también que en el Preámbulo de la Convención de Belem do Pará, la Organización de Estados Americanos manifiesta su preocupación “porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. 

Añaden que al hacer estas expresiones, el comunicador incurrió en violencia simbólica, y desconoció "de manera intolerable todo el ordenamiento vigente, que además en Argentina en buena parte goza del más alto rango normativo, al haber conferido estatus constitucional con la reforma del año ’94". Y es más grave aún porque "como formador de opinión pública, recae no solo una obligación moral y ética de velar por la erradicación de la discriminación respecto de las mujeres en lugar de promover activamente la proliferación y naturalización de estereotipos sexistas y machistas".