En medio de la crisis sanitaria por la pandemia, crece la disputa por el fondo anticíclico de la Corte Suprema y alertan que un ex integrante de la mesa judicial del macrismo es el principal negociador en nombre de Carlos Rosenkrantz, titular del máximo tribunal.
El Consejo de la Magistratura le hizo saber al presidente de la Corte, en una reunión por teleconferencia, que ya ejecutó todo el presupuesto otorgado por el Poder Ejecutivo, que es una prórroga del año anterior. Según advirtieron desde el organismo, a partir del 1 de junio se quedarán sin dinero y necesitarán aproximadamente unos 15 mil millones de pesos más para pagar los sueldos hasta fin de año. Incluso, si se otorgara un aumento salarial esa cifra podría llegar a más de 20 mil millones. Esto sería hasta llegar a febrero de 2021, cuando se aplicaría el nuevo presupuesto. Según la cuenta que hicieron en el cuarto piso del Palacio, entre la inversión que se necesita para mejorar el sistema digital de todo el Poder Judicial (esencial para el trabajo remoto en tiempo de pandemia), el mantenimiento de edificios y –como se dijo- el pago de salarios, la suma llegaría a todo el fondo anticíclico de la Corte, que hoy son más de 30 mil millones de pesos. La dificultad para cubrir todos los gastos es evidente. Con todo este panorama, algunos avisoran que “la pelea que se viene es fuerte”, porque si la Corte le da todo su ahorro al Consejo se quedaría sin recursos propios a fin de año.
El fondo anticíclico quedó en el ojo de la tormenta a partir de las acordadas de la feria judicial por la emergencia sanitaria, en las que el tribunal dispuso de una pequeña parte de ese fondo, unos 40 millones de pesos, para atender las necesidades de la pandemia. El punto más polémico es que hasta ahora sólo fue ejecutado un 1 por ciento de ese dinero.
Un negociador del PRO
El hombre designado por Rosenkrantz para negociar con el Consejo de la Magistratura por la transferencia de los 15 mil millones de pesos es Agustin Casares. Se trata del ex director de Asuntos Jurídicos durante la administracion de Agustín Cinto en el Consejo. Integrante del PRO y cercano a la mesa judicial de Cambiemos, fue quien manejó los fondos del Consejo durante el gobierno anterior. El abogado de confianza de Rosenkrantz, Agustín Casares, es además hermano de Martín Casares, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia durante la gestión de German Garavano.
En el curriculum de Casares figura, entre otras cosas, su adhesión a la solicitada que reclamaba la destitución del juez Daniel Rafecas, publicada en el diario La Nación el 8 de septiembre de 2016, después de que el hoy candidato a la Procuración desestimara la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner.
Ahora --cuentan en Tribunales-- Casares se transformó en el principal operador de Rosenkrantz dentro de la Corte. Es quien redacta las acordadas y el que habla con los ministros y con los jueces de manera permanente. Y quien encabeza la entrega de autos y contratos, para construir poder y una red de contención dentro la Justicia.
Ese Poder se incrementa con el manejo casi total que tiene Rosenkrantz del área tributaria de la Corte Suprema, lo que le facilita, entre otras cosas, un vínculo directo con los estudios jurídicos vinculados al PRO y a las múltiples empresas que Rosenkrantz representó antes de ser desginado por Mauricio Macri.
